El arsenal de los cárteles mexicanos: del fusil de asalto al dron kamikaze y los coches monstruo

El estruendo de un disparo del calibre .50 no se parece a nada. No suena como el estampido seco de un fusil de asalto, ni como el reconocible tableteo de un AK-47, el «cuerno de chivo», en la jerga de los cárteles. Es un golpe sordo que hace vibrar el suelo y comprime el aire a su alrededor. En varias regiones de México, ese sonido forma parte del paisaje. No procede de un campo de batalla al uso, sino de enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas del Estado. Es la otra guerra civil.

La militarización de los cárteles de la droga ha dejado de ser una exageración periodística para convertirse en datos verificables. El 30 de noviembre de 2019, en Villa Unión, Coahuila, un convoy armado irrumpió en la localidad. Sus integrantes portaban de manera ostentosa y bien visible fusiles de gran calibre y ametralladoras pesadas. El objetivo era incendiar edificios públicos. En las refriegas con las fuerzas del orden público, cuatro policías y dos civiles murieron. En el suelo quedaron decenas de casquillos de calibre .50.

El cartucho .50 BMG fue diseñado a comienzos del siglo XX para inutilizar vehículos ligeros, algunas aeronaves y perforar blindajes. Durante décadas se asoció a campos de entrenamiento militar y teatros de guerra, pero hoy forma parte del inventario habitual de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y facciones del Cártel de Sinaloa. Y no es un arma simbólica, sino una que permite hacer blancos en objetivos a más de 1.500 metros y atravesar vehículos blindados policiales.

La particularidad del caso en Villa Unión no era tanto el gigantesco tamaño de las vainas. Tampoco la rareza de encontrar armamento de grado militar en un escenario civil. Era una pequeña inscripción presente en todas ellas: L.C. Es la «matrícula» que lleva toda la munición procedente de la planta Lake City Army Ammunition Plant. Es una de las factorías propiedad del gobierno estadounidense que ceba los cargadores del US Army. No solo es material clasificado como de nivel bélico, sino que es producido por el propio gobierno de Washington.

La explicación es compleja, pero la ecuación a aplicar es sencilla: todo este material proviene del mercado civil estadounidense. En su territorio existen más de 75.000 armerías con licencia federal y en ellas se han extendido las llamadas «compras testaferro». Un ciudadano adquiere armas para uso propio, en apariencia, y las transfiere a las redes de tráfico hacia el sur, para cruzar la frontera ocultas en vehículos, remolques agrícolas o compartimentos adaptados.

No todo el armamento procede del norte. Brasil y Corea del Sur también aparecen en los registros de munición incautada. También existen robos a fuerzas de seguridad mexicanas. La trazabilidad de muchas armas recuperadas apunta a armerías en Texas, Arizona y Oregón.

Investigaciones académicas estimaron que más de 135.000 armas viajaron desde Estados Unidos hacia México en 2022, pero se cree que este flujo anual ha crecido desde entonces y ha pasado a entre 200.000 y 500.000 unidades. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) dispone de recursos limitados para inspeccionar a un número tan elevado de distribuidores y a la mayoría se les escapan.

El problema no se limita al arma. También tienen que ver con la munición. Desde 2012, la ATF se ha incautado de más de 40.000 cartuchos de calibre .50 en estados fronterizos. Un tercio procedía de la factoría de Lake City, en la que se producen diversas tipologías, con versiones perforantes e incendiarias que multiplican la capacidad destructiva. En 2024, un proyectil de este tipo atravesó el blindaje de un vehículo policial mexicano y causó la muerte de un agente. El propio secretario de Defensa reconoció que el blindaje que tienen a su disposición no es capaz de resistir esa capacidad de penetración.

Pero la militarización abarca un espectro más amplio. Los cárteles emplean fusiles AR-15 y variantes del AK-47, ametralladoras M249, lanzagranadas automáticos MK19 y granadas de fragmentación. En varios estados han aparecido granadas propulsadas por cohete y morteros artesanales construidos a partir de cilindros de gas. También se han documentado minas improvisadas inspiradas en el diseño de modelos militares como las muy efectivas Claymore.

Y los narcotanques

Uno de los elementos distintivos y más visibles de los cárteles es el vehículo blindado improvisado, conocido como «los monstruos». Potentes pickups o SUV con capacidades de todoterreno son reforzados con placas de acero, troneras para disparar desde el interior y torretas artilladas. En enfrentamientos en Tamaulipas, Michoacán o Zacatecas han actuado como plataformas de fuego móvil. No compiten con un vehículo de combate de infantería, pero a todas luces superan en contundencia a las patrullas policiales ligeras que no pueden hacer más que intentar protegerse.

La evolución tecnológica más significativa se produce en el aire. En octubre de 2017 se documentó uno de los primeros casos de un dron comercial modificado para transportar un artefacto explosivo. Lo que comenzó como experimento aislado se acabó transformando en una práctica recurrente. Entre 2020 y mediados de 2023 se registraron más de 600 ataques con drones armados en México, con especial incidencia en Guerrero y Michoacán.

El patrón es reconocible y vagamente similar a los inicios de la guerra en Ucrania. Los protagonistas suelen ser cuadricópteros de bajo coste y accesibles en el mercado comercial, muchos de origen chino, que son adaptados con tubos metálicos cargados de pólvora, metralla o granadas. En sus versiones más avanzadas, los hay del tipo FPV, con visión directa para el operador, y que actúan como munición merodeadora. Su precio puede oscilar entre 400 y 700 euros. La asimetría económica resulta evidente: un sistema barato es capaz de neutralizar objetivos de alto valor o generar pánico en áreas civiles.

Bombardeos aéreos

En localidades de Michoacán, bombas lanzadas desde drones han perforado techos de viviendas y provocado desplazamientos de ciudadanos ante el temor de verse involucrados en estos ataques. Organizaciones locales de derechos humanos cifran en más de 2.000 los residentes que abandonaron sus hogares en los dos últimos años. Las minas improvisadas han causado víctimas civiles, incluidos menores, con un empleo de artefactos explosivos improvisados que ya no es esporádico, sino sistemático.

El grado de sofisticación de los cárteles avanza hacia la guerra electrónica. Expertos en seguridad han denunciado la presencia de individuos mexicanos y colombianos en el frente de Ucrania, donde habrían recibido formación en pilotaje de drones y técnicas de interferencia. Aunque no todos tienen vínculos criminales, la transferencia de conocimiento constituye un riesgo más que posible en un conflicto globalizado.

En paralelo, los cárteles han incorporado inhibidores de señal y equipos antidrón, como sistemas portátiles capaces de interferir frecuencias de control y navegación. Informes locales apuntan a la adquisición de tecnología china para neutralizar drones gubernamentales y, sobre todo, rivales. La dinámica reproduce el ciclo acción-reacción típico de conflictos armados convencionales.

La militarización del narco no surge de la nada. En la primera década del XXI, el grupo Los Zetas, formado por exmilitares, introdujo disciplina táctica, comunicaciones cifradas y operaciones basadas en los manuales del campo bélico. La transición desde el sencillo modelo de las compras y ventas de mercancía hacia uno basado en control territorial exigió una presencia armada constante. Patrullar un territorio requiere una jerarquía cuasi militar, con amplias plantillas y una capacidad de intimidación abrumadora para civiles y cuerpos de seguridad.

Una guerra dentro de la guerra

Hoy se libran guerras entre facciones del Cártel del Golfo en Tamaulipas o entre grupos rivales en Sinaloa. En Michoacán, el CJNG combate a Cárteles Unidos y a remanentes de La Familia Michoacana. El Estado no siempre es el principal adversario y con frecuencia actúa como tercero en un conflicto por rutas, laboratorios y el control de poblaciones.

El armamento se integra en un sistema táctico propio de un despliegue en Afganistán. Los fusiles de largo alcance proporcionan cobertura y negación de área; los vehículos blindados permiten movilidad y asalto; los drones, reconocimiento y ataque de precisión a bajo coste; las minas improvisadas fijan posiciones y dificultan la maniobra. No es un ejército regular, pero tampoco es el planteamiento táctico de una banda de meros atracadores.

El impacto en la sociedad es profundo. Hay municipios sometidos por retenes armados, carreteras controladas por grupos criminales, escuelas cerradas y comunidades desplazadas. Diversos investigadores han contabilizado la correlación entre armas y homicidios. Por cada 10.000 armas adicionales introducidas de contrabando, la tasa de homicidios puede aumentar hasta 2,5 veces por cada 100.000 habitantes. En buena lógica, muchos deciden irse.

Más dinero que los gobiernos

La dimensión financiera explica parte del fenómeno con una conclusión sencilla: los cárteles tienen más dinero que el que los Estados disponen para combatirles. Los ingresos derivados del narcotráfico y otras actividades ilícitas permiten a los cárteles asumir costes elevados. Las fuerzas de seguridad mexicanas enfrentan un desafío asimétrico. Muchos agentes deben adquirir su propia munición para entrenamiento y los vehículos policiales cuentan con un blindaje incapaz de detener proyectiles como el de los fusiles Barrett. La creación de unidades especializadas en desactivación de explosivos y contramedidas antidrones ha avanzado, pero la brecha tecnológica persiste en determinadas regiones.

El arsenal de los cárteles no se limita a acumular armas, sino que las integra en una suerte de guerra híbrida. Combina intimidación social, control económico y capacidad de fuego. La presencia de drones y munición especializada indica adaptación constante. La innovación no responde a un programa industrial formal, sino a unas necesidades cambiantes y a la disponibilidad en mercados accesibles.

La escena de Villa Unión, con el suelo vibrando bajo el impacto de un .50, sintetiza esa transformación. No se trató de un hecho aislado, sino de un síntoma de lo que acabó ocurriendo más tarde. La democratización de la tecnología militar y la porosidad de las fronteras han alterado el equilibrio. Es una realidad que ha dejado miles de muertos y desplazados, que redefine la seguridad en el hemisferio occidental y que pide otro enfoque o irá a más.