Trump intenta bloquear el operador de telefonía China Mobile en Estados Unidos

La Administración Nacional de Información y Telecomunicaciones de Estados Unidos (NTIA), que depende del Departamento de Comercio, ha recomendado que se le deniegue a China Mobile la licencia para operar en el país. La recomendación, que llega en plena escalada de tensiones comerciales entre Washington y Pekín, ha sido trasladada a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), un organismo independiente que tomará la decisión final.

China Mobile es el mayor operador de telefonía móvil del mundo —con cerca de 900 millones de usuarios— y es de propiedad estatal, y en 2011 solicitó a la FCC poder entrar al mercado de telecomunicaciones de la primera potencia mundial. Tras siete años esperando la aprobación, el operador chino ha recibido ahora esta respuesta por parte de la NTIA, que ha citado motivos de «seguridad nacional» y ha afirmado que «tras mantener una significativa interacción con China Mobile, no han podido resolverse las preocupaciones sobre el aumento de riesgos para el orden público».

No es la primera vez que el Gobierno de Donald Trump alega motivos de «seguridad nacional» para justificar sus polémicas decisiones. Ya lo hizo para defender su determinación de imponer aranceles por valor de cientos de millones de dólares a sus principales socios comerciales, de los que China ha sido el mayor damnificado, o la de restringir las operaciones de algunas empresas del país asiático en Estados Unidos, informa Efe.

Por ejemplo, en los últimos meses, la Administración Trump ha puesto en serio riesgo la viabilidad de ZTE, al imponerle en abril unas duras sanciones que, tras un acuerdo entre las partes, ahora están en proceso de reversión. Washington prohibió a las empresas estadounidenses venderle al fabricante chino piezas y componentes clave durante siete años, después de que el fabricante se reconociera culpable de brindar falsas declaraciones sobre la venta ilegal de bienes a Irán y Corea del Norte. En junio, el Gobierno estadounidense decidió levantar las sanciones a cambio de una multa de 1.400 millones de dólares, informa AFP.