El Gobierno de Trump propone medidas contra los inmigrantes legales que reciban ayudas

El Gobierno de Estados Unidos propone negar la residencia permanente a los inmigrantes que se benefician de políticas públicas como vales de comida o cupones para vivienda, según ha informado este sábado el Departamento de Seguridad Interior (DHS) a través de un comunicado.

La medida podría obligar a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública para comida y vivienda a hacer una elección difícil entre aceptar ayuda financiera o lograr la residencia permanente, conocida como Green Card (tarjeta verde) para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump prometió durante la campaña de 2016 hacer más difícil la inmigración a Estados Unidos, así como reducir el número de personas a las que se les permite permanecer en el país.

La medida anunciada cumple con la ley federal relativa las estancias de extranjeros en el país, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, «De acuerdo con la ley federal, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente», apuntó en un comunicado.

«El Departamento se toma en serio su responsabilidad de ser transparente en sus normas», añadió. Según Nielsen, la administración pretende aplicar una ley aprobada por el Congreso con «la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados» garantizando que «no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses».

Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo coste a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados «carga pública», lo que no les permitiría obtener el estatus de residente legal.

La regulación, que según la administración afectaría a unas 382.000 personas al año, es la más reciente de una serie de medidas restrictivas del presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores sobre la política migratoria.

Aunque la medida no pretende afectar a los inmigrantes que ya tienen la residencia permanente, los defensores de los derechos de los migrantes temen que incluso ellos dejen de usar los beneficios públicos para proteger su estatus migratorio.