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Un juzgado de Reus ordena detener a una concejala de la CUP investigada por un delito de odio

La magistrada del Juzgado número 2 de Reus, en Tarragona, ha ordenado este miércoles la detención de la concejala de la CUP Mariona Quadrada, investigada por un presunto delito de incitación al odio, después de que no apareciera ante la juez las tres veces que había sido citada.

Un juzgado de Reus ordena detener a una concejala de la CUP investigada por un delito de odio

La magistrada del Juzgado número 2 de Reus, en Tarragona, ha ordenado este miércoles la detención de la concejala de la CUP Mariona Quadrada, investigada por un presunto delito de incitación al odio, después de que no apareciera ante la juez las tres veces que había sido citada. La juez ha dado orden a los Mossos d’Esquadra de que detengan a Quadrada para tomarle declaración el jueves a las 09:30 horas.

La concejala ya estaba citada el lunes a mediodía, pero no acudió al juzgado por “no reconocer a la justicia española” y porque asegura que es “el momento de tener las cosas claras y hacer efectiva la República”.

Era la tercera vez que no aparecía ante la juez. La primera de ellas alegó que no acudía por problemas de agenda de la defensa, como ya hicieron sus dos compañeros, los concejales Marta Llorens y Oriol Ciurana, que también fueron obligados a comparecer tras ser detenidos en la misma causa.

La instrucción judicial parte de una denuncia formulada por el Cuerpo Nacional de Policía por un supuesto delito de odio en las protestas ciudadanas frente al hotel Gaudí de Reus, donde se alojaban alrededor de un centenar de agentes antidisturbios que formaban parte del contingente policial desplazado a Cataluña para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Además de los tres concejales de la CUP, también están investigados el alcalde de Reus, Carles Pellicer, y los portavoces de los grupos municipales Montserrat Vilella, Noemí Llauradó y Jordi Cervera por firmar un manifiesto. En el documento, los firmantes pedían a los hoteleros de Reus que hicieran lo que resultase “adecuado y necesario para que de manera inmediata abandonen el municipio”, en referencia a los agentes de policía alojados allí.

También se investiga a seis bomberos que participaron en las protestas, así como al propietario y al empleado de un gimnasio al que acudían los antidisturbios por pedirles que no fueran más debido a las quejas de los clientes.

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