Un tribunal ordena procesar a Alberto Fujimori por una matanza en 1992
La fiscalía había pedido procesar al exgobernante (1990-2000) y a otras 22 personas por esta matanza perpetrada por un escuadrón de la muerte.
Un tribunal peruano ha ordenado que el expresidente Alberto Fujimori sea procesado por una matanza de seis campesinos en 1992, resolviendo que carece de inmunidad a pesar del indulto que ha conseguido en diciembre, ha informado el lunes el poder judicial.
«El Colegiado B de la Sala Penal Nacional resuelve que en el caso Pativilca no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujimori, por lo tanto no se lo excluye del juicio en este caso», ha dichi en Twitter el poder judicial, informa AFP.
La fiscalía había pedido procesar al exgobernante (1990-2000) y a otras 22 personas por esta matanza perpetrada por un escuadrón de la muerte.
Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de prisión por otras dos matanzas perpetradas bajo su gobierno (1990-2000), fue indultado en la víspera de Navidad por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
La fiscalía pide procesar en este caso a Fujimori junto a otras 23 personas, entre ellas exintegrantes de un grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas.
Los fiscales piden 25 años de prisión para Fujimori, de 79 años, a quien acusa de ser autor mediato de los delitos de homicidio, secuestro y asociación ilícita perpetrados por el escuadrón paramilitar en Pativilca, un pueblo al norte de Lima.
El 29 de enero de 1992, en momento de gran actividad guerrillera en Perú, miembros del Grupo Colina, integrado por militares, secuestraron y asesinaron a seis personas en ese pueblo.
La abogada de las víctimas, Gloria Cano, había exigido respetar los derechos de las víctimas y que no se aplicara el derecho de gracia concedido a Fujimori por el presidente Kuczynski.
«Si el derecho de gracia termina aplicándose. Vamos acudir a instancias internacionales», había declarado Cano a la prensa.
Fujimori ha salido en libertad después de pasar 12 años de prisión de una condena de 25 años como autor mediato de la muerte de 25 personas en dos operativos antisubversivos en 1991 y 1992 en Barrios Altos y la Universidad La Cantuta.
