Algunos colectivos se oponen a la promoción de viviendas privadas en el centro de las ciudades porque dicen que se las acaban quedando los ricos. Y no solo eso. Sostienen que la irrupción de estos yupis impulsa los precios, gentrifica los barrios y expulsa a los inquilinos pobres. En su opinión, debe ser el Estado quien se encargue de la construcción, y no seré yo quien se oponga. España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa, en torno a un 3% del total, frente al 17% de Francia, el 19% de Suecia o el 30% de Holanda.
Pero la promoción pública y la privada no solo no son incompatibles, sino que se complementan y retroalimentan.
En Honolulu, tres economistas han analizado los efectos de un nuevo edificio de 43 plantas y han constatado que liberó apartamentos antiguos y más baratos, en los que pudieron alojarse personas que dejaron atrás casas aún más antiguas y baratas, en las que a su vez se instalaron otros vecinos, y así sucesivamente. Los investigadores calculan que las 512 viviendas de la torre dejaron vacantes otras 557 en toda la ciudad.
Es lo que el economista Noah Smith llama «teoría de la pecera de yupis».
Allí donde se inaugura una promoción de lujo, los yupis acuden como bancos de pececillos, dejando tras de sí un tropel de apartamentos vacíos, cuyos alquileres deben bajar para volver a ser ocupados. Como reconoce un reportaje de Bloomberg, esta dinámica desafía la idea de que los pisos de lujo no benefician a toda la sociedad.
Por supuesto que llenar la ciudad de peceras de yupis no es lo único que hay que hacer. Hace falta más promoción pública sin ánimo de lucro. Hace falta aumentar la densidad en los barrios tensionados, autorizando, por ejemplo, más alturas. Y hace falta proteger a los inquilinos vulnerables.
Pero, hoy por hoy, debería haber quedado claro que lo más parecido que tenemos a una ley científica en materia de vivienda es el sencillo postulado de que «aumentar la oferta abarata los alquileres».
