La normativa publicada es una reforma de la anterior ley e incluye varias diferencias:
En lo relativo al aborto, las menores de 18 años podrán pedirlo sin el permiso de sus padres. También se eliminan los tres días de reflexión obligatoria y se establece una baja incapacitante por interrupción del embarazo. Para los profesionales que no quieran realizarlos, la norma garantiza la objeción de conciencia. Se incluye la obligatoriedad de que todos los centros cuenten con profesionales para practicar abortos, aunque no se ha especificado si habrá traslados forzosos. Para quienes decidan continuar con la gestación, se establece una baja preparto desde la semana 39 del embarazo.
Otra de las novedades es la conocida como «baja por menstruaciones dolorosas» y será la Seguridad Social la encargada de cubrir la baja de la empleada, al igual que el coste de las píldoras anticonceptivas. Por último, la nueva ley pretende luchar contra la «pobreza menstrual», para lo que se repartirán tampones, compresas o copas menstruales en lugares públicos y anticonceptivos en los centros educativos
