Richard Hughes, el presidente de la Oficina de Responsabilidad Fiscal del Reino Unido, ha dimitido después de que la web del organismo divulgara datos de los Presupuestos Generales que la ministra de Economía no había anunciado todavía en el Parlamento.
En menos de una semana, la Oficina de Responsabilidad Fiscal ha cerrado una investigación interna que ha determinado que la filtración se debió a un fallo técnico, y no a un ciberataque ni, por supuesto, a alguna oscura maquinación política.
Aunque es improbable que fuera personalmente quien pulsara la tecla de «Enter» y colgara indebidamente la información, Richard Hughes ha expresado sus «profundas disculpas» y ha asumido la «total responsabilidad».
¿Se imaginan que el fallo técnico hubiera tenido lugar aquí y no en el Reino Unido?
La investigación interna, ya les adelanto yo, que no habría durado menos de una semana, si es que alguna vez se cerraba. Al responsable del organismo español tampoco se le habría pasado por la cabeza pedir perdón ni, por supuesto, dimitir. Habría alegado que la filtración era indispensable para ganar el relato a la oposición y, si algún damnificado se hubiera querellado contra él, el presidente del Gobierno en persona habría saltado a la palestra para desautorizarlo como «delincuente confeso».
Incluso aunque el responsable del organismo español resultara condenado por los magistrados del más alto tribunal del país, el Gobierno y sus socios cerrarían filas en torno a él, insistiendo en su inocencia, calificándolo de funcionario brillante e instando a movilizarse contra «la ofensiva judicial de la derecha y la extrema derecha».
Observen que Richard Hughes no dimite porque haya hecho nada censurable, ni falta que hace. Richard Hughes dimite porque el fallo técnico compromete la imparcialidad de la Oficina de Responsabilidad Fiscal. Dimite porque si la filtración accidental quedara impune, quizás el próximo presidente de la Oficina de Responsabilidad Fiscal aliente otras filtraciones que no sean tan accidentales y se niegue luego a dejar el cargo alegando que su predecesor tampoco lo hizo.
Con su dimisión, Richard Hughes preserva la reputación de las instituciones, esencial para el buen funcionamiento de una democracia.
Qué civilizado, qué británico, qué poco español.
