Las tesis del ‘lawfare’, del golpe de Estado blando o de la persecución judicial eran dislates propios del kirchnerismo y de la izquierda más radical hace tan solo unos años. Ahora, con el tablero cada vez más desplazado, se han convertido en salidas socorridas del Gobierno de España ante los numerosos casos de corrupción que lo acechan. ‘Lawfare’ es lo que el Ejecutivo ha cacareado de nuevo tras el texto que el juez Peinado ha remitido al Supremo pidiendo que se investigue a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio.
La atribución de uno de los peores delitos que se pueden imputar a un juez, el de prevaricación, es uno de los ejes de la propaganda sanchista; esa que, desde que depende de personajes de la talla de Idafe Martín, haría sonrojar a la TASS soviética. Ya saben: toda acción judicial contra el Gobierno es «lawfare» impulsado por bulos de ultraderecha que se esparcen desde «pseudomedios» y que terminan en los tribunales como parte de una conspiración para acabar con el sistema y la democracia.
Todo es ‘lawfare’, eso sí, menos cuando se trata de la persecución impulsada por la izquierda en los tribunales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los llamados «protocolos de la vergüenza». En lo que transcurre ese lapso de tiempo entre la interposición de la querella y su archivo, a la par que se establece un juicio paralelo, sí se imposta reconocer la independencia de la Justicia. Esa que sólo está en jaque por la pulsión liberticida de Pedro Sánchez y Félix Bolaños.
