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Jordi Sànchez pide al Supremo salir de prisión para ir a actos de campaña

Foto: Jaume Sellart
EFE

La defensa del exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha pedido al Tribunal Supremo que le autorice salidas puntuales de prisión para participar en actos de la campaña catalana de las elecciones del 21 de diciembre y debates en los medios si fuera necesario con custodia policial. La defensa de Sànchez ha presentado un nuevo escrito ante el Supremo, al que ha tenido acceso Efe, en que apela al derecho de su cliente a participar en la campaña electoral, por lo que pide que se le permita acceder a internet “en un horario amplio” y conceder entrevistas a los medios desde la cárcel de Soto del Real, en la que está interno.

En caso de denegar su salida de prisión, Jordi Pina, abogado de Sànchez, solicita a la sala de lo penal del Supremo que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que resuelva si su interpretación de la ley penitenciaria es acorde con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En su escrito, el letrado recuerda que las encuestas apuntan a que Sànchez cuenta con una “elevada probabilidad de obtener representación parlamentaria” y reclama al Supremo que permita a su cliente “intervenir en condiciones de máxima igualdad posible con los restantes candidatos en la campaña electoral”.

En opinión de la defensa, “por su propia credibilidad tanto interna como internacional”, el Supremo debería otorgar esas salidas para que la campaña electoral tenga “la máxima normalidad posible, lo que exige que los diversos candidatos puedan hacer llegar, en pie de igualdad, su propio programa electoral a los ciudadanos catalanes”. Además de salidas puntuales para participar en actos de campaña de JxCat y en “aquellos debates electorales a los que sea invitado por los medios de comunicación”, la defensa pide que se permita a Jordi Sànchez atender desde prisión a los medios de comunicación que quieran entrevistarlo.

El letrado reclama además a la sala de lo penal del Supremo que se autorice a Jordi Sànchez a acceder a internet “en un horario amplio que le posibilite intervenir en la campaña”, de forma que pueda dar a conocer las propuestas de su candidatura a través de la red. Paralelamente a esta petición, el exlíder de la ANC -a quien el juez del Supremo Pablo Llarena acordó el pasado lunes mantener en prisión preventiva– ha pedido al magistrado volver a prestar declaración, en esta ocasión para responder por el fondo de la causa en la se le investiga por el proceso independentista, y no solo sobre su permanencia en prisión, según han informado fuentes jurídicas.

La estrategia de Sànchez se suma a la de la defensa del exconseller Joaquim Forn, quien el pasado martes presentó un nuevo escrito ante el Supremo en que pedía comparecer ante Pablo Llarena para declarar “profusamente” sobre la causa por rebelión en que se le investiga, a diferencia del pasado viernes, en que los interrogatorios de los exconsellers se ciñeron a las circunstancias que permitirían revisar su estancia en prisión preventiva.

Por el contrario, la defensa del exvicepresidente Oriol Junqueras -a quien Llarena ha decidido mantener en prisión junto a Forn y los líderes de ANC y Òmnium Cultural- descarta de momento solicitar una nueva declaración de su cliente y tiene previsto presentar en los próximos días un recurso de apelación contra la prisión ante la sala de lo penal del Supremo, según fuentes jurídicas. Junqueras, como el resto de exconsellers que declararon el pasado viernes, afirmaron ante Pablo Llarena acatar el artículo 155 de la Constitución y actuar en un futuro dentro de los cauces legales, pero el juez acordó mantenerlo en prisión para evitar que vuelva a incitar una “explosión violenta” en el proceso independentista.

Continúa leyendo: El Gobierno garantiza la seguridad del 21D frente a posibles injerencias

El Gobierno garantiza la seguridad del 21D frente a posibles injerencias

Foto: QUIQUE GARCIA
EFE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y el Centro Criptológico Nacional, está trabajando para garantizar la seguridad y la limpieza democrática de las elecciones catalanas ante las hipotéticas injerencias externas.

Sáenz de Santamaría ha comparecido este jueves durante más de dos horas a puerta cerrada ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, conocida como de secretos oficiales, para informar sobre las supuestas injerencias rusas en el proceso independentista en Cataluña.

En cumplimiento de la ley, la vicepresidenta no ha querido desvelar el contenido de sus explicaciones, aunque sí ha agradecido el interés de los grupos por este problema y ha recalcado la preocupación compartida por la ciberseguridad, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de defensa. Lo que sí ha avanzado es que varios departamentos del Ejecutivo central y los expertos en seguridad informática del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en colaboración con la empresa encargada del recuento del 21D, están ya trabajando intensamente para preservar la seguridad de los comicios. “Este país si en algo tiene experiencia es en celebrar elecciones con una absoluta limpieza y así se va a hacer siempre porque además estamos contando con la gente que desde la Generalitat ha organizado también muchos comicios”, ha remarcado.

Saenz de Santamaría ya avanzó ayer que el Gobierno pondrá en marcha en el primer semestre de 2018 un centro de operaciones de seguridad para dar una respuesta más eficaz a las ciberamenazas y combatir la desinformación en internet, con un coste inicial de 16 millones de euros. La vicepresidenta destacó que el Ejecutivo está haciendo un trabajo “muy intenso” de cara a los comicios en Cataluña para anticiparse a los problemas que puedan surgir y estar preparado ante los intentos de desinformación. “Hemos aprendido a tenor de lo que está ocurriendo y de lo que hemos vivido”, ha remarcado.

A las reuniones de la comisión de gastos reservados tienen derecho a asistir los portavoces de todos los grupos parlamentarios, entre ellos los portavoces de ERC y el PDeCAT. Ninguno de ellos ha querido informar de las explicaciones de la vicepresidenta del Gobierno, tal y como establece la ley.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, se ha limitado a confirmar que la preocupación por la ciberseguridad es unánime entre los grupos parlamentarios. Aunque ha insistido en la necesidad de tratar de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las redes, ha reiterado su crítica a la actitud del Gobierno de querer imponer más recortes en los derechos y libertades fundamentales utilizando la seguridad como pretexto. Ha argumentado que así ha ocurrido con la denominada “ley mordaza“, a cuya derogación, actualmente en trámite parlamentario, se opone el PP. “Nos preocupa que el Gobierno quiera seguir por esta senda de la ley mordaza”, ha manifestado Montero, que ha recalcado que numerosos organismos internacionales la han criticado por vulnerar derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y manifestación.

Desde el PDeCAT, Jordi Xuclá, se ha excusado por no poder informar de ningún aspecto de la reunión que, al menos ha considerado “fructífera” y de la que ha salido satisfecho y tranquilo.

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Jueves, 14 de diciembre | El día en foco

Estas son las cinco noticias más importantes del día. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, son algunos de los políticos a los que siguió una unidad de inteligencia de los Mossos.

La justicia belga ha retirado los cargos que había contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers fugados en Bruselas.

Una juez de Zaragoza ha acordado la prisión provisional sin fianza de Rodrigo Lanza como presunto autor de la muerte a golpes de Víctor Laínez.

No nos olvidamos de los rohingya. Al menos 6.700 personas de esta minoría musulmana murieron en el primer mes del conflicto con el ejército birmano.

El 10% de la población española acumula desde mediados de los años 80 el 57 % de la riqueza personal del país. España es el país en el que más ha crecido este tipo de riqueza.

Continúa leyendo: Albiol pide explicaciones a Puigdemont por usar dinero público para espiarlo

Albiol pide explicaciones a Puigdemont por usar dinero público para espiarlo

Foto: ALBERT GEA
Reuters

El candidato del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Xavier García Albiol, ha pedido explicaciones a Carles Puigdemont sobre el espionaje que llevó a cabo una unidad de inteligencia de los Mossos d’Esquadra.

“Quiero que Puigdemont explique con qué motivo me espiaron y cuánto ha costado ese espionaje”, ha dicho durante una rueda de prensa tras darse a conocer que tanto él como el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, son algunos de los políticos a los que esta unidad hizo seguimientos.

El candidato popular no descarta denunciar a Puigdemont si se confirma que el Govern cesado le espió. “Es muy probable que la denuncia vaya contra Puigdemont”, ha dicho.

Albiol ha calificado dicho seguimiento de “propio de las dictaduras”. “Los políticos independentistas han llegado a espiarnos como si fueran la Gestapo con tal de lograr sus objetivos”, ha denunciado.

Considera que “no es casual” que los independentistas hayan querido espiar al PP, pues “el gobierno de Puigdemont se ha dedicado a espiar a quienes de verdad le preocupábamos”. Ha pedido también al expresident que responda a varias preguntas: “¿Por qué nos estaba espiando, con qué dinero y cuál era el objetivo?”.

Además, ha criticado que se haya utilizado un cuerpo policial para llevar a cabo este espionaje. “Los Mossos no están para espiar a los rivales políticos, sino para defender los intereses de todos los catalanes”.

“Tenemos que enviar a esta gente a la oposición para que se descontaminen políticamente. No se puede espiar a rivales políticos porque resulten molestos”, ha dicho Albiol, refiriéndose a los políticos secesionistas.

Ha criticado también que, con esta acción, el Govern cesado haya comprometido la credibilidad y la profesionalidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra, pero ha destacado que “la inmensa mayoría” de los miembros de este cuerpo policial “son excelentes profesionales y personas honradas”.

El supuesto espionaje se ha dado a conocer debido las pruebas halladas por la Policía Nacional en los documentos que fueron incautados a los Mossos d’Esquadra el pasado 26 de octubre, un día antes de la Declaración Unilateral de Independencia, cuando los llevaban a quemarlos a una incineradora.

Continúa leyendo: Jaime Botín acepta nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros

Jaime Botín acepta nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros

Foto: JON NAZCA
Reuters

El expresidente de Bankinter, Jaime Botín, ha aceptado una condena de nueve meses de cárcel y una multa de 506.134 euros por haber defraudado supuestamente un millón de euros mediante la deslocalización “artificiosa” de un avión privado en Portugal. El acuerdo será ratificado el próximo lunes en el juzgado, informa EFE.

Además de la pena de prisión y la multa, Botín ha aceptado un año y tres meses sin obtener subvenciones y ayudas públicas, así como el derecho a gozar de incentivos fiscales o de seguridad social. El acuerdo al que ha llegado su defensa con la Fiscalía y la Abogacía del Estado incluye también el pago de las costas del juicio.

La Fiscalía de Madrid se querelló contra el expresidente de Bankinter y otras tres personas, pero Botín ha asumido toda la responsabilidad, por lo que el procedimiento contra los otros tres implicados será archivado.

Están acusados de crear “un entramado de empresas” con el fin de evitar pagar un impuesto especial sobre determinados medios de transporte, como los aviones, vigente en España, donde el avión “tenía su base de movimientos, en mayor medida en el aeropuerto de Torrejón, Madrid”.

La sociedad World Tour, de la que el exbanquero era propietario, compró en 2012 una aeronave y, dado que el contrato establecía la entrega del avión en el aeropuerto de Torrejón, su matriculación estaba supuesta al gravamen especial vigente en España. La Fiscalía apunta a que, por este motivo, los querellados “decidieron deslocalizarlo a Portugal, donde no existe impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación”.

Al margen de esta causa, Botín tiene otra pendiente por intentar supuestamente vender fuera de España la obra de Picasso Cabeza de mujer joven en el año 2015. Por este hecho, la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman cuatro años de prisión y 104,8 millones de multa.

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