El Congreso aprueba el desalojo exprés de 'okupas'

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este lunes al desalojo exprés de okupas al aprobar el informe de la ponencia sobre la proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la ocupación ilegal y promover el alquiler social, informa la Cámara Baja en un comunicado. El objetivo es que el dueño del inmueble ocupado ilegalmente lo recupere en 20 días. La medida sigue ahora su tramitación el Senado.

Los miembros de la Comisión de Justicia del hemiciclo han dado el visto bueno a la proposición de ley, iniciativa del Partit Demòcrata Europeu Catalá (PDeCat) y apoyada por el PP, Ciudadanos y el PNV. El PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana de Catalunya y Compromís han votado en contra.

Según se explica en la exposición de motivos, la legislación en la vía civil contempla varias opciones amparadas en el Código Civil en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero todas ellas presentan algún tipo de problema o limitación en su aplicación en los casos de ocupación ilegal, que es la cuestión objeto de esta proposición. Por eso, la modificación de la ley pretende incluir la interposición de un juicio verbal para recuperar la posesión de una vivienda en la que residan okupas, posibilidad que podrá ejercer la persona física propietaria del inmueble, así como las entidades sociales y administraciones públicas tenedoras de un parque de viviendas de carácter social destinado a atender las necesidades urgentes de personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en materia de vivienda.

En la exposición de motivos se indica también que «la okupación ilegal no puede ser una forma establecida y tolerada de acceso a la posesión de una vivienda, no puede ser tampoco la vía de acceso al derecho constitucional a una vivienda (…). Simultáneamente, los poderes públicos deben garantizar la protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social, mediante el aseguramiento de un parque de vivienda social que permita atender de manera rápida, ágil y eficaz las necesidades de las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial», añade.

Por ello, propone articular los mecanismos legales que permitan la garantía e imperturbabilidad de la propiedad privada de las personas físicas, a la vez que permitan reforzar el parque de viviendas de alquiler social existente, para que pueda estar plenamente disponible al servicio de las necesidades urgentes de las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad en materia de vivienda. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de marzo, con 176 votos a favor y 162 en contra, tramitar la modificación de la ley de desahucio exprés de okupas.