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Madrid

El Govern considera "buena noticia" que se acepte un mediador en la negociación sobre Cataluña

El Govern considera una «buena noticia» que Moncloa acepte la presencia de un «relator» o «mediador» en la mesa de diálogo de partidos establecida para abordar la crisis catalana

El Govern considera «buena noticia» que se acepte un mediador en la negociación sobre Cataluña

El Govern considera una «buena noticia» que Moncloa acepte la presencia de un «relator» o «mediador» en la mesa de diálogo de partidos establecida para abordar la crisis catalana, figura que la Generalitat incluyó en el documento de 21 puntos que el presidente Quim Torra entregó a Pedro Sánchez en diciembre. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se mostró partidaria de que en la negociación haya una persona que dé fe de lo que se debata.

Los nacionalistas catalanes han condicionado su apoyo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a que Moncloa acepte la presencia de una «figura notarial» que dé fe de lo que se hable en una nueva mesa de diálogo entre partidos, que Torra reunió el martes y a la que no asistieron PP y Ciudadanos.

Aunque el Gobierno se ha mostrado partidario de que exista una persona que dé fe de lo que se hable, el presidente del PDeCAT, David Bonheví, ha dado por hecho que se presentará la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 porque no cree que, en una semana, el Gobierno «acelere» respecto a las mesas de negociación, acepte hablar de la autodeterminación ni que acuerde un «mediador».

Sin embargo, ha afirmado que, a diferencia de ERC, el PDeCAT esperará hasta el final del plazo para presentar la enmienda a la totalidad, el viernes, para dar espacio a la posibilidad de que haya un cambio de escenario, que no cree que vaya a producirse.

Por otra parte, el Govern considera que es una «buena noticia» que el Gobierno haya abierto este martes la puerta a la incorporación de esta figura, con funciones de coordinador, que favorezca el diálogo entre los partidos con representación parlamentaria en Cataluña, dijo la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi.

Sobre la postura de ERC de exigir al Gobierno el fin de la «represión contra el independentismo» a cambio de retirar su enmienda a la totalidad a los PGE, Artadi se limitó a decir que «si es frenar el juicio del procés, es poco realista» y que su partido, JxCat, no vincula el juicio del procés a los presupuestos del Gobierno de Sánchez. Pese a estas diferencias, Artadi aseguró que, dentro del Govern, JxCat y ERC pactan «juntos» la negociación con el Gobierno central, por lo que «no hay ninguna discrepancia» en esta estrategia.

En este sentido sí habló de la necesidad de terminar con lo que el Govern considera «represión» al soberanismo, algo que figura en el documento de 21 puntos hecho público ahora.

“Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi sentencia”, dijo la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, en el Senado, quien precisó que no se tratará de un mediador, sino de una figura que «pueda tomar nota» y «coordinar».

Que el Gobierno acepte la figura de un posible «coordinador» en el diálogo entre los partidos catalanes no gusta ni al PP ni a Ciudadanos, que consideran que se trata de una nueva cesión al independentismo.

Los populares han recurrido a un comunicado para denunciarlo, en tanto que el líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha expresado su parecer en Twitter, donde ha escrito: «Sánchez vuelve a ceder ante los separatistas y acepta un ‘mediador’ para negociar privilegios con Torra».

Por su parte, Podemos coincide con el Govern en calificar de buena noticia y de «gesto inteligente» del Gobierno que acepte que un «relator» se incorpore a la mesa de diálogo de partidos en Cataluña para avanzar en una solución política a la crisis territorial, ha dicho este miércoles la portavoz en el Congreso, Irene Montero.

Documento

El documento que Torra entregó a Sánchez en diciembre, cuya existencia se ocultó desde Moncloa, y que el Govern ha hecho público ahora pide «reconocer y hacer efectivo el derecho a la autodeterminación«, que se acepte «la mediación internacional» y que se apliquen medidas para la «regeneración» del Estado.

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Torra preside la mesa de diálogo de los partidos catalanes. | Foto: Generalitat de Catalunya.

El documento se dio a conocer en el transcurso de la segunda reunión de la mesa de diálogo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, con representantes de JxCat, ERC, PSC-Units y Catalunya En Comú Podem.

Los 21 puntos se distribuyen en tres grandes áreas: «una respuesta democrática para Cataluña», la «regeneración democrática» del Estado y su «desfranquización».

En la primera área, destacan las reivindicaciones de «reconocer y hacer efectivo el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña», para lo que el Govern cree que puede ser necesaria «una mediación internacional» para tener «una negociación en igualdad».

El Govern recalca en el texto que «la soberanía de las instituciones catalanas ha de ser respetada y no amenazarla con la aplicación del artículo 155″ y que se tienen que «investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña», además de dejar «atrás» la vía judicial.

En cuanto a la «regeneración democrática«, destacan las demandas de impulsar «un compromiso para la ética política», garantizar la separación de poderes, revertir «la reculada de la calidad democrática de España» y poner fin «a la complicidad de cuerpos policiales y del aparato judicial con la ultraderecha».

En relación con la «desfranquización«, el documento considera que «pervive» la influencia de la cultura franquista, y esto «es incompatible con la plenitud democrática de España».

El documento apela a terminar con «privilegios derivados del franquismo» y demanda iniciar «un proceso explícito de desfranquización y un debate sobre la monarquía«, además de avanzar hacia la nulidad de los juicios franquistas.

En el documento se define al independentismo como un movimiento que «no va contra nadie» y que está dispuesto a «dialogar«, y en este contexto emplaza al Estado a pasar del «no a todo» a dialogar «sin límites ni condiciones».

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