La nueva ley de telecomunicaciones pone en riesgo a las plataformas de 'streaming' en la España vaciada

Ver una serie a través de las plataformas de streaming puede resultar misión imposible en algunas zonas de España. Especialmente, en las rurales. Compromís denuncia que la nueva Ley General de Telecomunicaciones deja a la denominada España vaciada sin posibilidad de acceder a estos servicios audiovisuales, ya que no obliga a las operadoras a ofrecer un servicio mínimo, algo que sí ocurre en la norma vigente, que establece que los usuarios tienen derecho a una velocidad de al menos un megabit por segundo (Mbps). La formación valenciana exige que la futura ley incluya una velocidad mínima de 100Mbps, algo que DigitalES, la Asociación Española para la Digitalización, que representa a las empresas del sector, considera innecesario.

El Consejo de Ministros aprobó el martes el texto de la nueva ley, que servirá para adaptar la legislación española a las tecnologías actuales y a los dictados que estipula la UE. La actual normativa data de 2014 y, según los profesionales del sector, se ha quedado obsoleta. La futura ley, que antes de ser aprobada deberá pasar el trámite parlamentario, tiene como objetivo incentivar la inversión en redes de telecomunicaciones, impulsar la coordinación entre administraciones y adaptar su articulado a los nuevos servicios. 

El texto se enmarca en las reformas comprometidas con Bruselas en el plan de reestructuración y recuperación económica presentado por España, que prevé que toda la población esté conectada con la alta velocidad de Internet en 2025. Así lo indica el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, aunque los expertos consultados por THE OBJECTIVE dudan de que pueda cumplirse. Según el informe Cobertura de banda ancha en España en el 2020, elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la cobertura de banda ancha con velocidad a 100Mbps ya alcanza al 88% de la población, por lo que aún más de cinco millones de personas no tienen acceso a una conexión rápida.

«Una velocidad ridícula»

«El Gobierno elimina el mísero megabit por segundo de velocidad mínima contemplado en la ley vigente y lo sustituye por un catálogo de servicios que demandan una velocidad de Internet ridícula», sostiene Carles Mulet, senador por Compromís. Entre esos servicios se encuentra el correo electrónico, los motores de búsqueda, herramientas de formación en línea, la prensa, la banca por Internet, las redes sociales y el comercio electrónico. Un abanico de posibilidades que no incluye el visionado de plataformas de streaming como Play RTVE, Neflitx, HBO o Amazon Prime. Los expertos sostienen que para hacerlo no se necesitarían 100Mbps, pero sí al menos 30, una velocidad de la que, en muchos casos, tampoco disponen en ciertas zonas rurales.

En la formación valenciana entienden que la nueva ley deja pasar «una oportunidad de oro» para reducir la brecha tecnológica entre el ámbito rural y el urbano. Lamentan que el Gobierno no tome en consideración la proposición de ley que llevaron el 3 de noviembre al Senado para introducir en la norma un mínimo de 100Mbps. La iniciativa se aprobó con los votos a favor de todos los partidos, excepto el PSOE, que se abstuvo. «En las zonas rurales no hay competencia ni ofertas y nadie quiere hacerse cargo del servicio por la escasa o nula rentabilidad. No puede ser que en esos lugares se navegue más de mil veces más lento que en las ciudades», se queja Mulet. En su opinión, esta situación «crea ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera categoría». 

Desde DigitalES, la patronal de las telecomunicaciones, resaltan que España cuenta con una de las redes de mayor calidad y cobertura del mundo «gracias a las inversiones millonarias que durante estos años han efectuado los operadores» y a «una ley particularmente completa y eficaz». Una portavoz de la asociación reconoce que incluir un mínimo universal en la nueva normativa es innecesario porque, al hablar de cifras, la ley se puede quedar obsoleta en poco tiempo: «Tiene más sentido hablar de servicios, de esa forma los ciudadanos podrán seguir accediendo a unos de calidad aunque existan avances técnicos». No obstante, reconoce que para muchos ciudadanos de zonas rurales resulta imposible acceder a las plataformas de streaming al contar con una velocidad de navegación insuficiente.

Vodafone, una de las operadoras que presta servicios, ha declinado valorar la nueva normativa, lo mismo que la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT). Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Comunicaciones (COITT) afirman que la nueva ley tiene ciertas carencias y que van a presentar alegaciones. Para Mulet, de Compromís, el texto aprobado en el Consejo de Ministros favorece «claramente» a las empresas de telecomunicaciones.

«A pesar de haber despedido a más de 20.000 personas en una década, van a beneficiarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos europeos para su rescate y la implantación de un 5G que, según la propaganda que venden en forma de crecepelos digital, va a solucionar todo», insiste el senador. Y concluye: «Si durante años a muchos sitios no ha llegado ni el 3G ni el 4G o la fibra óptica, ¿alguien cree que va a llegar el 5G sin ningún tipo de obligación legal?»