Abogados pro DDHH denuncian 122 casos de "violencia policial" durante las protestas en Cataluña
El 60% de las actuaciones que denuncian han sido cometidas por los Mossos d’Esquadra, el 40% por parte de la Policía Nacional
La plataforma Som Defensores, que agrupa a organizaciones en defensa de los derechos humanos, ha detectado un total de 122 casos de presunta «violencia policial» cometida durante las protestas contra la sentencia del procés, entre los que se encuentran cuatro personas que han perdido un ojo.
Así lo ha revelado en rueda de prensa el abogado Andrés García Berrio, del colectivo Iridia, quien ha especificado que el 60% de las actuaciones, en su mayoría producidas en el área metropolitana de Barcelona, han sido cometidas por los Mossos d’Esquadra y el otro 40% por la Policía Nacional.
De los 122 casos que todavía están investigando, 20 son por impacto de proyectiles de foam -dos de ellos en la cabeza y uno en estado grave- y ocho por balas de goma, proyectiles que, a juicio de Som Defensores, podrían ser también los responsables de que cuatro manifestantes hayan perdido un ojo durante las protestas.
Otros quince casos consisten en golpes de porra en la cabeza, de los que siete fueron presuntamente propinados por los mossos, cuatro por policías nacionales y otros cuatro permanecen sin identificar, mientras que el resto de episodios de «violencia policial» son policontusiones.
«Algunas de las situaciones más graves que hemos visto son golpes seguidos con la defensa policial con ánimo que no era el de dispersar a nadie, sino el de castigar, amedrentar y humillar», ha señalado García Berrio, quien ha denunciado cargas «muy duras» por parte de los agentes para «dispersar a manifestantes que no estaban haciendo nada» y que han producido escenas de «caos».
Por eso, tal como ha subrayado, «desde el 14 de octubre (cuando el Supremo dio a conocer la sentencia) hemos visto una situación de emergencia muy grave en materia de derechos humanos».
La plataforma ha atendido por el momento a 21 víctimas y está estudiando las respectivas denuncias que interpondrá en los próximos días aunque tampoco descarta que la cifra aumente a medida que las personas vayan «animándose» a denunciar las supuestas agresiones sufridas.
En este sentido, los activistas han alertado también de «posibles situaciones de maltratos graves» cometidos durante las detenciones en la comisaría de la Policía Nacional en La Verneda y ha instado al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, a crear «un grupo de especialistas» para evaluar los hechos.
También ha hecho lo mismo con el conseller Miquel Buch, a quien ha reprochado que no haya abierto aún «informaciones reservadas» cuando Som Defensoras tiene ya más de un centenar de casos identificados.
«Vivimos una anomalía democrática donde quien se preocupa de recabar casos de violencia policial es la sociedad civil y no el Estado», ha lamentado antes de insistir en que «estamos en la misma línea que el 1-O».
Por su parte, la letrada Núria Monfort, de la cooperativa jurídica Iacta, ha criticado la «intención política en la actuación policial» y ha detallado que los operativos han ido evolucionando «de denuncias sin detenciones a peticiones de prisión provisional con diligencias sin fundamentos».
De acuerdo con la abogada, cuya plataforma ha atendido estos días unas cien llamadas de personas que habían sufrido registros o de familiares que no sabían dónde encontrar a sus parientes, las diligencias instruidas en el marco de los altercados son «muy genéricas con imputaciones basadas en un contexto global y no en la conducta individual».
«A nivel jurídico es muy grave», ha recalcado Monfort antes de opinar que «las peticiones de cárcel tenían argumentos más políticos que jurídicos» y tenían como finalidad «evitar la movilización de la ciudadanía».
Monfort también ha censurado que se «criminalice» el hecho de ir con gafas o el rostro tapado porque, a su juicio, «se descontextualiza completamente del entorno» ya que -ha recordado- que hay cuatro personas que han perdido el ojo y las protestas están siendo emitidas «de forma continuada».
Finalmente, el codirector del Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT), Felip Daza, ha resaltado las agresiones sufridas por parte de la red de observadores que han puesto en marcha estos días y a quienes, ha garantizado, se les ha denegado el acceso a «espacios en los que se están produciendo vulneraciones de derechos».
