Los grandes tenedores de viviendas plantean ceder al Estado 30.000 casas de alquiler social de forma inmediata
Imagen de un edificio de viviendas. | Servimedia
Los grandes tenedores de viviendas están dispuestos a ceder una parte relevante de su cartera para destinarla a un alquiler social asequible de forma inmediata. Eduard Mendiluce, CEO de los gestores inmobiliarios Aliseda y Anticipa y en nombre de la asociación de propietarios Asval, confirma que los grandes propietarios residenciales están a favor de llegar a un acuerdo de colaboración público-privada con el Gobierno para poner a disposición del Estado 30.000 viviendas sociales.
Durante su intervención en la jornada anual del Club Inmobiliario de la escuela de negocios Esade, Mendiluce puso sobre la mesa que el acuerdo sea con la Administración central y no con las comunidades autónomas, con el fin de darle una mayor seguridad jurídica. La idea es un concesión al Estado por un periodo a 25 años con un precio de un 20 por ciento por debajo de mercado. El perfil del inquilino para acceder a estos arrendamientos lo definiría el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la gestión inmobiliaria de estos inmuebles seguiría siendo privada.
El objetivo es dar una solución entre el sector privado y el público a las familias más vulnerables que tienen problemas para acceder a una vivienda en el mercado “El sector privado y el público deben sentarse para buscar juntos modelos que sean eficaces y escalables”, explica Mendiluce. El programa podría incluir tanto viviendas vacías como viviendas ocupadas con criterios de vulnerabilidad, con el fin de regularizar viviendas ocupadas ilegalmente, según la propuesta de Asval.
El propio Gobierno propuso hace unos meses que los grandes propietarios podrían ceder hasta 30.000 casas para alquiler. Ahora se tendrá que determinar si esta propuesta se articula a través de una convocatoria pública.
El director general de Vivienda y Suelo del Ministerio, Francisco Javier Martín, afirma que están “poniendo sobre la mesa instrumentos para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias, porque al final la competencia de vivienda es de las comunidades autónomas».
