La asociación Asersa critica la falta de previsión de la Agencia Catalana del Agua

El presidente de la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (Asersa) y catedrático de Ingeniería Ambiental en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Rafael Mujeriego, criticó que el Plan de Sequía de la Agència Catalana del Agua (ACA) esté «desactualizado desde hace una década».

Además, reprochó que la Administración haya seguido la normativa vigente, sin prever que esta ya estaba «desactualizada». «Han seguido la normativa. Y el problema es que esta normativa ya no responde a los tiempos actuales», afirmó.

El catedrático ha alertado de que si se siguen tomando las mismas medidas que se adoptaron en el pasado, se obtendrán los mismos resultados que se obtuvieron años atrás. Esta normativa hay que actualizarla para incorporar la nueva realidad climatológica, según Mujeriego. «Ante esta irregularidad climatológica tendremos que aplicar otras formas de hacer», ha sentenciado.

El presidente de Asersa dijo que «hay que entender que ya estamos en medio del escenario del cambio climático» y que, en consecuencia, hay que adaptarse y combatir lo que él llama una «mayor irregularidad».

En este sentido, indicó que «para combatir, mitigar y atender esta mayor irregularidad tenemos que impulsar la regularidad». Explicó que para impulsar esta regularidad se tiene que conseguir una regulación de recursos, es decir, almacenando en momentos de abundancia para poder disponer en momentos de escasez.

Por lo que hace a los recursos de desalinización y regeneración del agua, Rafael Mujeriego señaló que la administración tiene que ser más autosuficiente y apostar por la regeneración del agua, ya que la desalinización del agua es más costosa económicamente. «Si somos capaces de resolver problemas técnicos y administrativos, esa solución es mucho más económica», afirmó.

En lo que se refiere a la concienciación de la población, el presidente de Asersa ha asegurado que no es tan elevada como la que había en el pasado periodo de sequía en Cataluña del 2008. Sosruvo que «a diferencia del 2009, que se hizo una campaña muy fuerte, ahora no se ha hecho en tanta medida ese proceso de concienciación a la población».

El catedrático de la UPC opinó que en las administraciones han podido ser «conservadores» a la hora de tomar decisiones. Por ello, aboga para que la ACA y las administraciones miren más hacia el futuro y su voluntad de que sean administraciones más «visionarias». «Hay que acelerar estos procesos de actualización y de toma de decisiones con una visión mucho más amplia y de forma más rápida para poder adaptarnos de la forma más favorable posible», ha afirmado.

Restricciones

La alerta de Rafael Mujeriego contrasta con las recientes declaraciones que ha hecho esta mañana la consejera catalana de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, quien ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio que «no tendría que caer ni una gota» de agua en un año para introducir restricciones «más severas». Jordà ha insistado en que la sequía actual es una situación «sin precedentes».

La consejera ha recordado que en Cataluña hace 29 meses que no llueve como tendría que hacerlo después de que el ‘Glòria’ tuviera lugar. Hay que remontarse al 1905 para encontrar estos registros «tan desastrosos», ha recalcado Jordà, que ha explicado que de los 67 municipios de más de 20.000 habitantes, solo 26 tienen en regla el plan de emergencia por sequía.

Concretamente, la responsable de la cartera de Acción Climática ha detallado que de los 67 municipios grandes del territorio, 14 no han presentado el plan de emergencia, 13 lo tienen desfavorable y 14 más lo están tramitando. Teresa Jordà ha advertido que esto se podría sancionar, así como el hecho que los municipios no aporten los datos de consumos o que se hagan consumos más elevados de los que se han marcado ahora con la fase de emergencia, fijados en un tope de 230 litros por persona y día.

Teresa Jordà ha descrito que esta situación de sequía es ya «la nueva normalidad» y habrá que aprender a vivir así, apuntando a la posibilidad de que todavía hay margen para aumentar el agua regenerada y la que procede de las desalinizadoras.

Alerta

La Agencia Catalana del Agua aprobó este miércoles diversas restricciones de agua que afectan a 224 municipios en los que habitan cerca de seis millones de personas. Las medidadas se aprovaron en el ámbito que afecta al sistema del Ter-Llobregat, que abastece Girona, Barcelona y toda su área metropolitana, entre otros municipios, dado que la escasez de agua en las cuencas internas se situan en el 28% de su capacidad.

Entre las medidas adoptadas se ha fijado la reducción del riego en un 40% o la sustitución por aguas regeneradas (antes era del 25%), así como la reducción del 15% del consumo industrial del agua (ahora está en el 5%). Adcionalmente, se prohíbe el riego de jardines y zonas verdes públicas y privadas todos los días y se restringe la limpieza municipal de calles con agua potable.

No obstante, hay la salvedad de que solo se podrán llenar parcialmente las piscinas con sistemas de recirculación, mientras que el resto no podrán llenarse. De cara a los efectos directos sobre la ciudadanía, se establece un máximo de uso de agua en casa de 230 litros por habitante y día (ahora está en 250), aunque la limitación no llegará a notarse en los domicilios si se tiene en cuenta que, por ejemplo, un barcelonés llega a consumir 106 litros diarios de agua, según datos del Ayuntamiento de Barcelona.

Emergencia

En caso de un empeoramiento de la situación de sequía, la ACA podría declarar la fase de emergencia, la más extrema de todas. Este escenario prevé un encarecemiento del precio de cada metro cúbico de agua se consuma de más, hasta alcanzar los 0,60 euros, estableciendo una dotación máxima de 200 litros por habitante y día, que puede bajar hasta los 160 en caso de emergencia extrema.

La agricultura será el sector más afectado con este escenario, puesto que se suprimirá el riego agrícola y solo estarán autorizados a mantener en supervivencia los cultivos leñosos. Los usuarios industriales verían una reducción del 25% de los consumos de agua.