Los detenidos por okupación ilegal en Cataluña se han duplicado en cinco años
Según fuentes policiales, el perfil reincidente se debe a la «profesionalización» de la okupación
Ilustración de Alejandra Svriz.
La okupación ilegal de inmuebles se ha disparado en Cataluña en los últimos cinco años. Así se desprende de una respuesta parlamentaria de la Conselleria de Interior a Vox, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Si en 2017 fueron 127 los detenidos por este tipo de delitos en la región, el año pasado, en 2022, ascendían a 255. Esto significa que se han duplicado en un lustro.
La respuesta parlamentaria del conseller Joan Ignasi al grupo parlamentario que lidera Ignacio Garriga en el Parlament de Cataluña contabiliza en 1.431 las detenciones por okupación ilegal entre 2017 y 2022, concentradas en 360 personas. Esto es, que de media los okupas cometen cuatro delitos de este tipo. Algunos, incluso, han reincidido hasta en 27 ocasiones con tan sólo 19 años. La Generalitat no ofrece los datos disgregados por nacionalidad porque, arguye, «no es una información relevante vinculada al hecho delictivo».
Según las fuentes policiales consultadas por este medio, el perfil reincidente se debe a la «profesionalización» de la okupación. Los okupas allanan un inmueble y, sirviéndose de la legalidad vigente, no lo abandonan hasta que una empresa de desokupación exprés les ofrece dinero por largarse, y entonces allanan otra.
Cataluña, nido de okupación
Las cifras vuelven a evidenciar que Cataluña tiene un problema con la okupación ilegal de inmuebles. Si atendemos a las denuncias, la región ha sufrido un incremento del 77% en siete años, según el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. En cifras absolutas, este porcentaje se traduce en 7.005 casos de okupación ilegal registrados el año pasado frente a los 3.950 de 2015.
Si se tiene en cuenta que en España se registraron 16.726 denuncias por okupación, resulta que Cataluña concentra el 41,88% del total. Esto se traduce en que, cada 24 horas, unas 20 viviendas se okupan en la región catalana, en base a los cálculos realizados por este medio. Además, Barcelona es la ciudad con más viviendas okupadas con 5.800, seguida muy de lejos por Madrid con 1.400.
Datos nacionales
El año 2022 cerró con 548 ocupaciones menos que el año anterior, cuando se produjeron 17.274, récord histórico, pero 2.105 más que en 2019, y 6.655 más que en 2017, según los datos que ofrece el Ministerio del Interior.
El departamento de Fernando Grande-Marlaska, en su balance anual de criminalidad, no diferencia entre delitos de usurpación o allanamiento. Principalmente, porque no son los agentes quienes especifican la falta, sino que lo hace a posteriori el juzgado. El primer caso se trata de okupaciones de viviendas vacías, propiedad de bancos o grandes empresas. En segundo, de viviendas habituales particulares.
Sin protocolo
Pese a la falta de datos concretos, las fuentes expertas apuntan a que la mayoría de casos corresponden a usurpaciones. Pero también advierten del coste, tanto a nivel económico como psicológico, que puede conllevar el proceso para el propietario de una vivienda. Con el objetivo de apuntarse el tanto de la lucha contra esta lacra, el PSOE propuso la pasada legislatura una modificación legislativa para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas desde que lo pide el propietario o se recibe el atestado policial, tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación. Un año después, ha caído en el olvido Quizá porque sus socios parlamentarios consideran que la okupación no es un problema real.
Esta medida fue anunciada después de la que supuestamente se aprobó en septiembre de 2020, cuando el gabinete de Fernando Grande-Marlaska adelantó un nuevo protocolo de actuación policial que eliminaba el plazo de 48 horas para echar a los okupas de la vivienda, solo en los casos en que el delito fuese reciente y sin importar el tipo de vivienda, tanto primera como segunda residencia. La realidad, tres años después, es que ese supuesto plan no ha llegado a ninguna parte. Esto es, no se emplea en ninguna jefatura ni comisaría provincial de Policía.
En Castilla y León, pese a no ser una de las regiones más afectadas por este fenómeno delictivo, PP y Vox aprobaron el pasado mes de abril una ley, mutatis mutandis, muy similar a el PSOE prometió a nivel nacional, pero que nunca llegó.
