Un análisis del Instituto Coordenadas alerta sobre el uso incorrecto del término lawfare
Este término se refiere al uso indebido de procesos legales con fines políticos
Servimedia.
En las últimas semanas, una de las palabras que ha resonado con fuerza en España es el término ‘lawfare’. Frente a la gran repercusión de este concepto, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha realizado un análisis sobre el uso de este término por parte de los diferentes partidos españoles, concluyendo que varios de ellos lo usan «con intencionalidad partidista o protección política, sin tener en cuenta que esta práctica desgasta las bases del Estado de derecho y de la democracia representativa en nuestro país».
“En la compleja intersección entre el sistema judicial y la política, radica el lawfare”, señala. Este término, proveniente de la combinación de las palabras «ley» y «guerra» en inglés, se refiere al uso indebido de procesos legales con fines políticos, en definitiva, mecanismos de litigiosidad en el ámbito pólitico. Según el análisis del Instituto Coordenadas sobre el uso de este término en los últimos meses, ha suscitado un intenso debate sobre la línea que separa la justicia de la manipulación política.
«El lawfare implica el uso estratégico y malicioso de los sistemas judiciales para alcanzar objetivos políticos, socavando la integridad de las instituciones judiciales y desafiando la separación de poderes, alterando las reglas del juego y muy especialmente los sistemas de control o, como dicen los anglosajones el check balance. Este fenómeno puede manifestarse de diversas maneras, como la persecución selectiva de opositores políticos, la instrumentalización de procesos judiciales para desprestigiar a adversarios o la utilización de tácticas judiciales para debilitar movimientos políticos indeseados», utilizar el poder político legitimo para nombramientos en la esfera judicial que resulten “confortables o útiles”, añade.
“En muchas ocasiones, se emplea el lawfare como pretexto para justificar imputaciones o investigaciones relacionadas con políticas implementadas”, asegura el jurista y vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás. “Es importante no utilizar esta noción como excusa para justificar todos los errores cometidos”, concluye.
A nivel mundial, el lawfare ha captado la atención de expertos legales, académicos y políticos. Se ha convertido en un tema central en discusiones sobre democracia, división de poderes, derechos humanos y el Estado de derecho. «La preocupación radica en que, cuando se emplea el lawfare de manera indebida, se erosionan los cimientos de la democracia y se destruyen los principios fundamentales de justicia», dice.
Según Sánchez Lambás, «el lawfare es una amenaza directa a la esencia misma de la justicia y la democracia. Utilizar el sistema judicial con fines políticos socava la integridad de nuestras instituciones y debilita el fundamento de un Estado de Derecho. Es crucial preservar la imparcialidad y la independencia judicial para garantizar la vigencia de la verdadera justicia comoi pilar de la democracia representativa.»
Independentistas
«La idea de lawfare ha sido empleada recurrentemente en las entrevistas y discursos políticos que han precedido al debate de investidura del presidente Pedro Sánchez, uno de los múltiples casos analizados por el Instituto Coordenadas. A raíz del pacto entre el PSOE y Junts para la investidura, se contempla la instauración de comisiones de investigación parlamentaria destinadas a esclarecer casos en los que la justicia podría haber sido instrumentalizada con fines de persecución política», dice el Instituto Coordenadas.
Carles Puigdemont, líder de Junts, frecuentemente denuncia situaciones de lawfare dirigidas contra los partidos nacionalistas catalanes. Expresando su posición en las redes sociales, sostiene que «el uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia, sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial».
«El análisis del Instituto Coordenadas también revela que, en los últimos años, algunos partidos de la izquierda española han ido redefiniendo el término de lawfare para señalar una táctica de acoso y derribo dirigida hacia miembros de un gobierno o de la oposición mediante el aprovechamiento de los tribunales. Este enfoque busca conferir una fachada de legalidad a una operación que, en su esencia, se percibe como una maquinación oculta», agrega.
«En el año 2021, Pablo Iglesias, quien era líder de Podemos en ese momento, impulsó la teoría de la conspiración y del lawfare, acusando a jueces, policías, medios de comunicación y militares de estar en su contra y en la de su partido». «Cabe preguntarse si en España se ha perseguido a formaciones políticas a través de escándalos mediáticos, a través de unidades ilegales de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía», señala la entidad que «afirmaba contundentemente».
El Instituto Coordenadas también ha puesto el foco «en la facción catalana de Podemos, conocida como En Comú, entre los que esta táctica se ha convertido en una estrategia recurrente durante varios años. El análisis ha detectado que cuando algún miembro del partido era objeto de una denuncia, los Comuns desataban sistemáticamente una intensa campaña de comunicación partidista para señalar presuntos intentos judiciales provenientes de lobbies y empresas con el propósito de acabar con ellos. Con esto, buscan resaltar posibles delitos que se les imputan desde cargos públicos y posicionarse como mártires que luchan contra los poderosos».
«Por ejemplo, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se presentó a las pasadas elecciones municipales a pesar de tener cuatro casos judiciales en curso. Estos surgieron a raíz de demandas presentadas por diversas organizaciones debido a sus políticas en materia de urbanismo, movilidad y vivienda. Colau intentó con esto vender una persecución hacia su persona y su partido para obtener más notoriedad en su campaña política, arremetiendo diariamente contra lobbies y empresas barcelonesas», afirma esta entidad.
«Otro de los casos analizados», añade, «apunta al diputado de Sumar en el Congreso, Eloi Badia, en la actualidad está siendo objeto de una investigación judicial vinculada a la gestión de la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs durante su mandato. Badia sostiene que esta investigación es resultado de una conspiración tramada por los lobbies y las grandes empresas catalanas, como represalia por las políticas implementadas en sus últimos años al frente de dicha concejalía».
«El exdiputado del Congreso por En Comú Podem y negociador de Sumar, Jaume Asens, también recurre habitualmente a este recurso para defenderse de cualquier causa judicial que se abra en su contra. En la actualidad, está siendo investigado por el Tribunal Supremo por presuntas coacciones, extorsión, falsedad, fraude o prevaricación dirigidas a varios empresarios españoles. El político catalán se defiende de estas acusaciones judiciales alegando que se trata de una conspiración organizada por los lobbies españoles, cuyo único objetivo es perjudicarlo y desprestigiarlo», concluye.
