Hay Derecho traslada a la Comisión los deberes pendientes de España en materia de Estado de derecho
La Fundación ha elaborado su diagnóstico dirigido al ente comunitario centrándose en cuatro grandes temas
Sede de la Comsión Europea.
Un año más, la Fundación Hay Derecho ha contribuido a la realización del informe anual de la Comisión Europea que evalúa la salud del Estado de derecho de cada Estado miembro de la Unión Europea (UE). Un informe que se realiza por cuarto año consecutivo y que sirve para tomar el pulso de la situación de cada país. Y, también un año más, España vuelve a acumular una serie de deberes en materia de Estado de derecho.
La Fundación Hay Derecho ha elaborado su diagnóstico dirigido al ente comunitario centrándose en cuatro grandes temas: sistema judicial, marco de lucha contra la corrupción, libertad y pluralismo de los medios de comunicación, y otras cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes.
Tras presentar la contribución por escrito, la Comisión invita específicamente a algunas organizaciones de la sociedad civil a participar en la ronda de consultas previa a la redacción del informe. La Fundación Hay Derecho ha sido, de nuevo, una de las organizaciones escogidas para participar de dicha consulta. El informe anual de la Comisión Europea estará disponible a partir del próximo mes de junio. En la pasada edición del informe, la Comisión citó como apoyo las contribuciones de Hay Derecho en una veintena de ocasiones.
Sin avances en la renovación del CGPJ
En su contribución al informe, la Fundación Hay Derecho destaca el preocupante estancamiento de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ya en su informpe de 2023, la Comisión reprochaba a España la no renovación del órgano de gobierno de los jueces. Sobre esta cuestión, Hay Derecho destaca que no se han producido avances en la renovación del órgano, que lleva cinco años con el mandato caducado, ni en la modificación del proceso selectivo de los vocales.
«La situación institucionalmente es insostenible y la pérdida de legitimidad del CGPJ es muy grande, particularmente cuando emite opiniones, por ejemplo, sobre la proposición de ley de amnistía, que no son compartidas por todos los vocales», destaca el diagnóstico remitido a la Comisión Europea por parte de la fundación.
Lucha contra la corrupción: un desafío pendiente
A pesar de las recomendaciones destacadas en el Informe sobre el Estado de derecho 2023 en torno a fortalecer el marco de la lucha anticorrupción, Hay Derecho ha trasladado a la Comisión Europea que no se han registrado avances significativos. Aunque se ha logrado la aprobación de la ley 2/2023 sobre la protección de denunciantes y la lucha contra la corrupción, que transpone la Directiva (UE) 2019/1937, aún queda pendiente el desarrollo de aspectos esenciales, especialmente la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas y de imponer sanciones, lo que limita la eficacia de esta medida.
Por otro lado, las recomendaciones planteadas, como la aprobación de la ley sobre grupos de interés, la mejora de la eficiencia en las investigaciones de corrupción de alto nivel y el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de interés, aún están pendientes de implementación. Esto indica una brecha significativa entre las expectativas del informe y la realidad actual en cuanto a la lucha contra la corrupción, lo que subraya la necesidad urgente de acciones concretaspara abordar este problema.
Medios de comunicación
En cuanto al estado de la gestión de medios públicos en España, se evidencian retrocesos y preocupantes indicios de debilidad en el control interno y la independencia editorial. La reciente detección de gastos no justificados en Radio Televisión Española (RTVE) señala una falta de transparencia y control en el uso de recursos por parte de altos directivos. Además, tanto a nivel nacional como autonómico, se observa un incremento en medidas que amplían el control político sobre entidades públicas de medios, como el caso de Radio Televisión Madrid (RTVM), donde reformas legislativas recientes apuntan a una mayor injerencia del Gobierno autonómico en la designación de cargos directivos, contraviniendo principios constitucionales de pluralismo mediático.
A pesar de las advertencias legales sobre la inconstitucionalidad de estas medidas, la normativa ha sido modificada solo de forma superficial, manteniendo en esencia disposiciones que fortalecen el control político sobre los medios públicos. Esta tendencia plantea serias preocupaciones sobre la independencia y pluralismo de los medios de comunicación en España, socavando valores fundamentales para la democracia.
Sistema de contrapoderes
La Fundación Hay Derecho también ha destacado en su contribución que en España se ha observado un deterioro significativo en la independencia de las autoridades y los mecanismos de control, así como en los estándares de calidad normativa, haciendo un uso excesivo de trámites de urgencia e instrumentos normativos que no requieren de informes preceptivos de órganos constitucionales clave.
En contraste, la Fundación Hay Derecho ha subrayado como paso positivo la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. El Supremo confirmó la anulación de dicho nombramiento, y reafirmó, además, la legitimación activa de la Fundación Hay Derecho para recurrirlo.
