Andalucía consolida el abuso del decreto-ley, un instrumento de urgencia
Además, el informe pone el foco en una reforma del Reglamento del Parlamento andaluz aprobada en 2021
El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla.
La Fundación Hay Derecho ha presentado este lunes en Sevilla su Informe del Estado de derecho 2024, una investigación propia basada en datos que mide la realidad de la democracia y del Estado de derecho en España, incluyendo datos inéditos de Andalucía. Entre los muchos hallazgos revelados, destaca el preocupante abuso del decreto-ley, una problemática extendida por muchos parlamentos autonómicos, y especialmente notable en Andalucía.
En el acto han intervenido Francisco Aranguren, presidente de la Academia del Notariado; Victorio Magariños, notario y presidente de Asociación para el Diálogo; Segismundo Álvarez Royo-Villanova, presidente de Hay Derecho; y Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho y codirectora de este informe.
25 decretos-leyes frente a 13 leyes en los últimos dos años
La investigación de Hay Derecho destaca que en Andalucía se consolida el abuso del decreto-ley, un instrumento legal reservado para casos de extraordinaria y urgente necesidad. En 2022 se aprobaron 14 decretos-leyes frente a una ley, y en 2023, 11 decretos-leyes frente a 12 leyes. Además, cinco de ellos fueron decretos-leyes ómnibus, una herramienta que permite votar en bloque sobre materias dispares, reduciendo la calidad del debate legislativo.
Además, el informe pone el foco en una reforma del Reglamento del Parlamento andaluz aprobada en 2021. Esta permite aplicar «fórmulas de reequilibrio» de la representación política cuando haya muchos diputados no adscritos que alteren la proporcionalidad, incluso mediante el voto ponderado. Además, la reforma define el «transfuguismo» de forma preocupante, incluyendo casos en que un diputado se aparte de las directrices de su grupo. Hay Derecho denuncia que esta reforma del Reglamento compromete la libertad individual de los parlamentarios, lo cual es contrario a la prohibición constitucional de mandato imperativo recogida en la Constitución Española.
Por otro lado, el informe destaca que, de 2017 a 2024, seis leyes de presupuestos fueron aprobadas dentro del plazo establecido, un dato positivo teniendo en cuenta a otras comunidades autónomas.
Insatisfacción con la política, la corrupción y la justicia
Los andaluces sitúan la insatisfacción con la política y la corrupción como principal problema, muy por delante del paro o la economía, según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces. En el conjunto de España, la corrupción y el fraude ocupan el puesto decimotercero de la tabla de preocupaciones.
Estas cifras encajan con el drástico aumento de las denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que han pasado de apenas 35 en 2022 a 464 en 2023 y 585 hasta julio de 2024.
Además, Andalucía es la segunda comunidad autónoma donde más ciudadanos afirman estar «nada satisfechos» con la Administración de Justicia, después de Cataluña. La región se sitúa ligeramente por detrás de la media nacional en número de jueces por cada 100.000 habitantes, pero por encima de la media en antigüedad de los mismos. También mejora la media nacional en cuanto a la tasa de congestión de asuntos judiciales.
«Reparto de cromos» en los órganos de contrapeso andaluces
El informe de Hay Derecho destaca que los principales cargos en los órganos de contrapeso andaluces revelan una lógica de «reparto de cromos» entre los principales partidos políticos. Se observan marcados vínculos políticos, tanto en los adjuntos al Defensor del Pueblo andaluz, como en la Cámara de Cuentas de Andalucía y, en menor medida, en el Consejo Consultivo. La misma dinámica se reproduce tanto en Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), como en el Consejo Audiovisual de Andalucía, donde más de la mitad de los miembros están vinculados a alguno de los principales partidos políticos.
El Informe del Estado de derecho 2024 proporciona una herramienta para promover un debate público riguroso y apartidista sobre la situación del Estado de derecho en España. Puede consultarse íntegramente a través de su página interactiva de visualización de datos.
