El apoyo de los cuatro exmiembros del gobierno de Manuela Carmena que forman el grupo mixto ha permitido este lunes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), sacar adelante una de las normas clave de la legislatura, la modificación de la ordenanza de movilidad sostenible, que entre otras cuestiones actualiza Madrid Central tras su anulación judicial. Culmina así todo un culebrón político y jurídico de casi tres años de duración, que termina con una regulación muy similar a la promulgada en noviembre de 2018, pues la nueva Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Distrito Centro mantiene el perímetro de Madrid Central y la mayoría de sus restricciones.
Diferencias: Las dos variaciones en la nueva ZBEDEP Distrito Centro son retrasar un año, al 31 de diciembre de 2022, la limitación de acceso a los vehículos de mercancías con distintivo ambiental B y más de 3.500 kilos de peso; y equiparar a los 15.000 comerciantes de la zona con los residentes. Por lo demás, no cambia lo que se permite o prohíbe hacer a los vehículos en función de las diferentes etiquetas ambientales.
Desde la oposición le han recordado a Almeida que en la campaña electoral de 2019 prometió abolir Madrid Central, y Más Madrid, el PSOE y Vox han rechazado en bloque la norma, aunque por motivos diferentes: para la izquierda el texto es «un retroceso», y para Vox sigue contemplando demasiadas restricciones.
El texto incluye la creación de una segunda ZBEDEP en Plaza Elíptica y no se queda ahí, pues recoge medidas que afectan al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), reforma abundantemente las reglas que rigen para las bicicletas o fija el calendario para expulsar a los coches más contaminantes, empezando por sacar de la M-30 a partir de 2022 a los coches A de los no residentes en la ciudad. La medida empezará previsiblemente a principios de la próxima semana- se publique la modificación de la ordenanza.
A partir de entonces habrá dos meses de preaviso antes de poner sanciones (se mantienen en 90 euros) a los coches que no puedan entrar en la zona, por lo que los infractores recibirán una carta informativa pero sin sanción, salvo que sean parados por los agentes de movilidad o de Policía Municipal, que sí podrán sancionar por los accesos desde el momento de la entrada en vigor de la ordenanza.
El Ayuntamiento logra así mantener su zona de bajas emisiones antes de verse obligado a ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló, por defectos de forma y en respuesta a sendos recursos del PP y de su Gobierno autonómico, la regulación de Carmena. La propuesta del Gobierno de Almeida ha prosperado gracias al grupo mixto, que se constituyó como tal en los días previos al debate de la ordenanza en comisión y pleno, y que ha aportado a la norma una veintena de enmiendas transaccionadas con el PP.
