Amnistía Internacional: "Alzar la voz en España se ha vuelto peligroso"
Amnistía Internacional considera que 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión en España y denuncia que «alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso»
Amnistía Internacional considera que 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión en España y denuncia que «alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso», como muestra las 20 condenas dictadas por «enaltecimiento al terrorismo» y humillación a las víctimas.
En el balance anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en 159 países del mundo, Amnistía Internacional alerta de las consecuencias de la retórica del odio y el miedo -en los discursos de los gobernantes-, que amenaza con normalizar la discriminación de los grupos marginados.
En España, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha denunciado que «cada vez hay más miedo a salir a la calle y a movilizarse para reclamar derechos» por las «miles de sanciones impuestas a particulares, activistas y periodistas en relación con libertad de expresión» en aplicación de la «ley mordaza» o de Seguridad Ciudadana.
Informe anual de Amnistía Internacional #informe2018 Entérate cómo están los derechos humanos en el mundo https://t.co/9jzK6yvQah Di NO a la propagación del odio y el miedo en la política fomentada por los gobiernos pic.twitter.com/wWOiV6GmGu
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«La arbitrariedad con la que se aplican las sanciones, la discrecionalidad con que opera la Policía y la falta de mecanismos de supervisión de la actuación policial está teniendo sus consecuencias», ha añadido Beltrán, quien insiste en que «se han disparado los juicios y condenas» por ese motivo.
Amnistía lamenta que «comentarios en redes sociales, letras de canciones controvertidas y bromas están siendo criminalizadas bajo esa categoría vaga de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas».
El informe también condena «el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante el 1 de octubre en Cataluña contra miles de manifestantes» ante la prohibición del referéndum.
«Se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de personas que apoyaban la independencia catalana. Decenas de personas fueron procesadas por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en redes sociales», se puede leer en el informe.
Recortes sanitarios, educativos y desprotección frente a la vivienda
En esta evaluación de los derechos humanos, Amnistía expone el impacto que siguen teniendo los recortes sanitarios y educativos, «que se mantienen», y la desprotección frente al derecho de vivienda. «Miles de personas sufrieron desalojos forzosos sin garantías judiciales adecuadas ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado», apunta el estudio, que recalca como en 2017 hubo 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria «sin garantías judiciales adecuadas, ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado».
Derechos de refugiados y migrantes
España incumplió sus compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados con la UE y respecto a las peticiones de asilo registradas el pasado año, explica el informe, ascendieron a 25.853, aunque al concluir octubre seguían pendientes de resolver 34.655 solicitudes.
«Los derechos humanos no se encuentran entre las políticas migratorias», ha señalado Beltrán, quien ha lamentado que sigan registrándose «devoluciones en caliente» en la frontera de Melilla, a pesar de que España haya sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En la presentación del informe, la abogada que defendió esos casos, Isabel Elbal, ha destacado la importancia de que el tribunal europeo haya declarado que «las devoluciones en caliente son ilegales porque vulneran el derecho a los derechos». «La seguridad de la ciudadanía es compatible con el cumplimiento de los derechos humanos», ha opinado la letrada.
Al final del año España había reubicado a 1.328 refugiados, 592 de nacionalidad siria. Tampoco cumplió su compromiso de reasentar a 1.449 personas refugiadas de Oriente Medio y del norte de África; a fecha de 31 de diciembre habían sido reasentadas 1.360, todas de nacionalidad siria excepto una que era palestina.
Por otro lado, el estudio recalca como en España se han impuesto «miles» de sanciones particulares, activistas y periodistas que podrían estar vinculadas al ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. En este sentido, destaca el caso de Ignacio Robles, un bombero de Bilbao que ha sido expedientado por negarse a colaborar en un envío de armas a Arabia Saudí desde el puerto de Bilbao, ha relatado las consecuencias para su vida personal y profesional de haberse negado «a ser cómplice de crímenes de guerra».
Resaltamos que en España se han impuesto miles de sanciones contra particulares, activistas de derechos humanos y periodistas que podrían estar vinculadas al ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión #Informe2018 pic.twitter.com/Kk8WP5s40B
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«Cada 10 minutos muere un niño de menos de 5 años en Yemen, y yo tengo dos hijos de esa edad; me dan ganas de llorar cuando oigo esas informaciones», ha reconocido este bombero, para el que su «expediente ha sido un aviso a todos los profesionales que tienen relación con esos envíos».
«La dejadez de la mayoría de los gobernantes está provocando que la sociedad tome partido, pero se toman medidas de represión brutal contra los activistas», ha dicho Ignacio Robles, quien ha destacado que «una acción muy pequeña, puede tener unas consecuencias muy importantes».
Por su parte, la activista guatemalteca Yolanda Oquelí ha relatado el sufrimiento que deben soportar los defensores de derechos humanos, como en su caso, que tuvo que salir de su país tras un atentado por enfrentarse a las multinacionales.
«Yo vivo, pero hay compañeros muertos y el único delito que hemos cometido ha sido denunciar violaciones de derechos humanos; en el caso de las mujeres tenemos una doble carga, porque debemos abandonar a nuestra familia por denunciar lo injusto», ha asegurado Oquelí, que ha sido acogida en España en un programa de protección de defensores de derechos humanos.
«Las activistas que estamos defendiendo el agua y las tierras somos amenaza para las multinacionales y los gobiernos corruptos, especialmente el Gobierno de Guatemala; es uno de los gobiernos que está de la mano de las multinacionales y es un total violador de derechos humanos», ha concluido.
