Amnistía Internacional ve "excesivos" los cargos de sedición para los 'Jordis'

La organización Amnistía Internacional considera «excesivos» los cargos de sedición contra los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y cree que «se debe suspender la prisión provisional» contra ellos. Lo ha afirmado en un comunicado hecho público este miércoles, dos días después de su encarcelamiento por las protestas que organizaron el 20 de septiembre en Barcelona.

«Amnistía Internacional no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de referéndum ni su aplicación», opina el organismo. «Pero considera que, si bien convocar a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita puede ser perseguido por considerarse una alteración de orden público, la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito grave como es la sedición y su prisión provisional constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica».

“Pedimos a las autoridades que retiren los cargos de sedición presentados contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y que pongan fin de inmediato a su prisión provisional. La sedición es un delito definido de una manera muy general que abarca una amplia variedad de actos, y que además puede comportar penas de hasta 10 años de cárcel” ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó su entrada en la cárcel sin fianza el pasado lunes por “promover el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el 1 de octubre”. Sin embargo, Amnistía Internacional hace un juicio diferente de la situación. «De acuerdo a los mensajes que, según el auto de la jueza, publicaron en las redes sociales, así como por algunas de las declaraciones que hicieron durante los sucesos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart animaron a los manifestantes a concentrarse delante de los edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal, pero no parece que animaran a los manifestantes a utilizar la violencia, de modo que los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no deberían atribuírseles directa ni indirectamente a ellos en tanto que organizadores de las protestas», sentencia.