Archivada la primera denuncia contra una residencia y su gestión del coronavirus por falta de «relevancia penal»
Jean-Francois Badias
La Fiscalía Provincial de Madrid ha decretado el archivo de las diligencias de investigación abiertas el pasado 3 de abril a raíz de una denuncia presentada por la Asociación el Defensor del paciente contra una residencia de Madrid en el que fallecieron 23 personas como consecuencia de la COVID-19 para que dilucidara la responsabilidad de la entidad en los fallecimientos. El representante del Ministerio Público aduce que no aprecia en la denuncia hechos con «relevancia penal».
Por qué es importante: la Fiscalía responde en primer lugar al denunciante que no especifica las personas físicas a quienes considera responsables y que, por tanto, los delitos que imputa de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de asistencia médica «no están contemplados entre los que puede cometer una persona jurídica». Además, aduce que la residencia «como tal» carecería de responsabilidad penal, «sin perjuicio de la posible responsabilidad civil que en su caso le pudiera corresponder».
En el informe de la geriatra de referencia de las residencias de Madrid relataba que el primer caso sospechoso de COVID-19 se detectó el 8 de marzo, momento en el que se informó a los familiares de los residentes y se comenzó a articular un mecanismo de coordinación con las autoridades responsables. Fue a partir de ahí, «en cumplimiento de las pautas que iban recibiendo», cuando se procedió a elaborar protocolos de intervención a los pacientes con sospecha de haber contraído la enfermedad y a habilitar espacios seguros.
Primero se acometió el aislamiento en áreas específicas para más tarde suspender las actividades comunes y suprimir las visitas. «A medida que la situación avanzaba, se dispusieron nuevas medidas, se realizaron desinfecciones, requiriendo la colaboración de la UME cuando fue preciso, y se siguieron los protocolos sanitarios para los casos de fallecimiento en residencia», alegó la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
El informe sostiene también que los responsables de la residencia proveyeron a su personal de los equipos de protección individual en cuanto estuvieron disponibles. Incluso detalla que en los momentos más críticos de la crisis sanitaria, cada trabajador dispuso de una mascarilla FFP2 a la semana, 2 mascarillas quirúrgicas al día, 1 bata 1 par de calza y un gorro al día. Pese a las bajas por contagios, la Consejería subraya que en la residencia denunciada se realizaron diversas contrataciones lo que permitió que se mantuvieran en los rangos normales de personal por número de residentes. Añade incluso que, en relación con los residentes que presentaban síntomas de COVID-19, los responsables de la residencia denunciada siguieron los criterios recibidos por parte de las autoridades competentes, consistentes en mantener una relación constante con su centro hospitalario de referencia.
La Fiscalía detalla que actualmente hay abiertas alrededor de 50 diligencias de investigación que son muy parecidas, por lo que el criterio general es archivarlas, aunque esto no significa que no se llegue a judicializar alguna, ya que se investiga lo ocurrido en cada centro. En los próximos días la Fiscalía prevé decretar al menos otros cinco decretos de archivo por muertes en residencias de la Comunidad de Madrid.
El archivo no cierra la vía penal puesto que el denunciante puede acudir a un juzgado o a la vía civil para reclamar la cantidad de dinero que considera oportuna, añaden fuentes del Ministerio Fiscal.
