La Audiencia Nacional rechaza extraditar a Venezuela al excontable de PDVSA por riesgo de tortura

Economía y capital

La Audiencia Nacional rechaza extraditar a Venezuela al excontable de PDVSA por riesgo de tortura
Foto: Fernando Llano

La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Venezuela a José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de la petrolera PDVSA acusado de haber blanqueado dinero sustraído de esta empresa pública, al entender que, si es entregado, se pueden violar sus derechos y puede ser sometido a «tratos inhumanos o degradantes». Sánchez Rodríguez es, según su abogado, primo del que fue ministro de Energía de Hugo Chávez y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, aunque el último negó este lunes el parentesco.

Son varios los aliados de Rafael Ramírez que se convirtieron en millonarios en tiempos de Hugo Chávez. Tras la llegada de Nicolás Maduro al poder, huyó por temor a ser detenido. Tiene información del régimen y a pesar de haber llegado a ser el hombre más poderoso del país después de Chávez, que comandó durante más de 12 años la fuente de ingresos de la nación, Maduro no lo ve con buenos ojos por el poder que tiene dentro del chavismo.

En septiembre pasado, un juzgado de Andorra señaló la presunta responsabilidad de al menos 29 personas –14 venezolanos–, en una trama de corrupción que durante varios años utilizó a Petróleos de Venezuela como un centro para lavar activos a la sombra del Gobierno de Chávez. El desfalco amasado por esta red está calculado en más de 16.000 millones de dólares según las investigaciones realizadas en su momento por la opositora Asamblea Nacional. El nombre de José Ramón Sánchez Rodríguez no figura aún en la lista de Andorra pero sí ha sido señalado por la oposición y por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo persigue y acusa de delitos que se corresponderían en España con los de pertenencia a organización criminal, blanqueo, malversación y tráfico de influencias.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la sección cuarta de la Audiencia entiende que no puede acceder a su extradición «por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva», dada «la directa conexión existente en el presente caso con el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes» y su derecho «a la libertad».

La Audiencia Nacional celebró el pasado miércoles la vista de extradición de este ciudadano venezolano, en la que la Fiscalía se mostró de acuerdo con su entrega y su defensa alegó que responde a una «persecución política» contra la familia del exministro venezolano Rafael Ramírez, que fue representante de Venezuela ante la ONU, se exilió y actualmente está en paradero desconocido. Ya había diferencias entre Maduro y Ramírez cuando era embajador de la ONU. Entonces comenzaron las investigaciones por el fiscal general designado por Maduro y Ramírez se quedó en el extranjero. Se dice que está en un pueblo de Italia y que ha cambiado su aspecto para evitar ser reconocido.

Según sostiene el abogado de Sánchez Rodríguez, Ismael Oliver, su defendido es primo lejano de Ramírez, aunque éste negó ayer parentescos familiares con él.

En la vista, Oliver aportó una serie de documentos para probar el mal trato que están recibiendo dos detenidos en Venezuela por este caso: Diego Salazar, primo hermano de Ramírez, y José Enrique Luongo, que están internos en el centro conocido como ‘La Tumba’, los sótanos de la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Estos documentos, en los que se alega que no tienen acceso a la luz solar, no se han atendido sus peticiones de medicamentos y aún no han declarado ante un juez, han sido clave para que la Audiencia Nacional rechace su extradición, al entender que, de ser entregados, podrían sufrir un trato parecido en el país sudamericano.

«La aportación de la documentación indicada obliga al tribunal a dar una respuesta apropiada al caso, aplicando la doctrina emanada por el Tribunal Constitucional en protección de los derechos fundamentales de los reclamados en un procedimiento de extradición cuando hay datos que permiten deducir que la situación que sufren otros encausados puede repetirse de procederse a la entrega del reclamado», argumenta la sala.

Dicen los jueces de la sección cuarta que el destino de un extraditado «no es ni puede ser indiferente» a las autoridades del país que lo entrega, que deben prevenir que se dañen sus derechos fundamentales. Es por ello que rechazan entregarlo en la causa en la que se investiga el expolio a PDVSA, unos hechos por los que también están pendientes de extradición otros dos ciudadanos venezolanos residentes en España: el exviceministro de Energía Nervis Villalobos y Luis Mariano Rodríguez Cabello, primo hermano de Sánchez Rodríguez.

Investigación en España

En el caso de Sánchez Rodríguez, si bien rechaza su extradición, la sala recuerda que estos hechos pueden ser investigados en España y por ello remite la causa al decanato de la Audiencia Nacional para que, en su caso, abra una instrucción al respecto. Y es que la sala reconoce que no ve «motivación espuria» en la reclamación presentada por Venezuela ni que «obedezca a motivos políticos», y al contrario «se deduce la presunta participación del reclamado en una serie de operaciones económicas complejas destinadas, en definitiva, a la apropiación particular de fondos ilegales». Concretamente, alude a su relación con sociedades que recibieron «suculentas comisiones» en Andorra de empresas chinas que recibieron contratos en Venezuela relacionados con el sector petrolífero.

La Audiencia Nacional da así verosimilitud a los datos aportados por Venezuela para pedir su extradición, puesto que se basan en documentación aportada por Andorra, que ha procesado a 29 personas por el expolio a PDVSA, entre ellas Villalobos, «lo que permite deducir la objetividad de los datos e información bancaria que las autoridades reclamantes mencionan en la propia solicitud».

Este rechazo a la extradición de Sánchez Rodríguez contrasta con la luz verde que han dado recientemente otras dos secciones de la Audiencia Nacional a la entrega de otros dos ciudadanos venezolanos, el matrimonio formado por la que fuera enfermera de Hugo Chávez y el exjefe de seguridad del presidente fallecido. Venezuela les acusa de haber sustraído dinero de las arcas venezolanas y haberlo ocultado mediante empresas que salieron a la luz con los ‘papeles de Panamá’ y, en este caso, la Audiencia rechazó los argumentos de que su integridad física y sus derechos correrían peligro si son trasladados allí.