El auto de libertad de La Manada niega el riesgo de reincidencia

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que el jueves concedió la libertad provisional bajo fianza a los cinco miembros de La Manada, ha trasladado este viernes a las partes el auto por el que acuerda esta decisión. Entre las razones para dejar en libertad a los miembros de La Manada, dos de los tres jueces destacan que no hay riesgo de que reincidan, que viven a más de 500 kilómetros de la víctima, que no tienen antecedentes por delitos sexuales, que carecen de medios económicos para «procurarse una fuga eficaz» y que la alarma social no justifica mantenerlos en prisión preventiva. La decisión ha provocado, como ya ocurrió con la sentencia, una gran ola de manifestaciones convocadas este viernes por las asociaciones feministas.

Tanto el Ayuntamiento de Pamplona como la Fiscalía de Navarra y el Gobierno de Navarra han anunciado que ya trabajan en los recursos que van a presentar contra este auto judicial.

La resolución judicial señala que la distancia que separa a los procesados de la víctima, que vive en la Comunidad de Madrid, mientras que ellos residen en la provincia de Sevilla, puede «garantizar la tranquilidad y sosiego de la joven», y que se pueden adoptar otras medidas «menos gravosas que la prolongación de su situación de prisión provisional», en la que se encuentran desde 2016.

El auto judicial, dictado con el voto discrepante del presidente del tribunal, José Francisco Cobo, precisa que el alto riesgo de fuga vinculado en su día a las altas penas solicitadas a La Manada «ha perdido notablemente fuerza» con las condenas de nueve años de cárcel impuestas a cada uno de ellos por abuso sexual con prevalimiento.

Los magistrados Ricardo González y Raquel Fernandino consideran que debe otorgarse el derecho a la libertad provisional porque «la pretensión de las acusaciones de prorrogar la prisión provisional de los condenados en primera instancia hasta la mitad de la pena impuesta en sentencia de forma incondicional incurre en un automatismo del que se debe huir».

Además, el auto hace referencia al «hecho notorio de que han perdido toda capacidad de anonimato» y tiene en cuenta las «extraordinarias dificultades» que van a tener los condenados para llevar una vida normal por la «magnitud» del «rechazo social» que ha generado el caso y la «presión que ha desatado».

El magistrado José Francisco Cobo, sin embargo, considera que las medidas adoptadas pueden resultar «ineficaces» respecto a la protección de la víctima. El presidente del tribunal, el único que ha votado en contra de la libertad provisional para los miembros de La Manada, subraya la «indiscutible gravedad» del delito cometido e incide en una cuestión que «no puede dejar de tomarse en consideración», la protección de la víctima.

Además, considera que los datos aportados respecto a la «estabilidad domiciliaria de los procesados, la disponibilidad de medios para poder desarrollar su vida y la integración en su contexto familiar y convivencia» no permiten «conjurar eficazmente el riesgo de que los procesados se sustraigan a la acción de la justicia y a las medidas a tal efecto propuestas en la decisión mayoritaria».

El Ayuntamiento de Pamplona recurrirá la puesta en libertad provisional de los miembros de La Manada, según ha anunciado, Joseba Asiron, quien ha afirmado que no comparte la decisión del tribunal y que le provoca un «profundo desagrado». «Vamos a seguir hasta el final, vamos a recurrir también la puesta en libertad», ha dicho.

El alcalde considera que el delito cometido por los condenados «fue un abuso sexual de la máxima gravedad» y ha advertido de que «hay un divorcio y una separación creciente entre algunas decisiones judiciales y lo que piensa el conjunto de la ciudadanía».

Reacciones contra el auto

Además de la asociaciones feministas, que han reaccionado contra la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de otorgar la libertad provisional a los miembros de La Manada, numerosos políticos han mostrado su desacuerdo con esta decisión judicial.

La secretaria general del PP y candidata a la Presidencia del partido, María Dolores de Cospedal, ha dicho que «como mujer» se siente «profundamente decepcionada y frustrada» por la puesta en libertad de los condenados, y ha asegurado que es el momento de reformar el Código Penal. Ha reiterado que respeta las decisiones judiciales, pero ha insistido en que hay conductas que «no están suficientemente bien sancionadas» en el Código Penal.

«Nos podemos quejar mucho pero tenemos que ser eficientes y eficaces y, si creemos que tenemos un problema, vayamos a modificar el Código Penal entre todos», ha dicho en una entrevista en Antena 3.

Por su parte, la ex vicepresidenta del Gobierno y también candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que no se puede dar el mensaje de que un delito «tan grave» como el de La Manada «sale barato». «No me gusta el mensaje de que a unos condenados a nueve años de prisión por un delito tan grave les puede salir barato», ha dicho en una entrevista en RNE.

También se ha pronunciado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien considera «fundamental» que se imparta más formación en asuntos de género a «jueces, fiscales y demás operadores jurídicos», aunque ha mostrado su respeto por la decisión del tribunal y ha recordado que la condena es todavía «provisional» porque está recurrida.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, también ha defendido que «todos los operadores jurídicos necesitan formación en violencia de género y violencia sexual» y ha afirmado que la libertad de La Manada es una «mala noticia política y jurídica» por las implicaciones que tiene.

Lastra considera que una decisión así traslada a la sociedad «que no sucede nada cuando cinco hombres acorralan a una joven en un portal y la someten», ha dicho en una entrevista en TVE.