Se daban los últimos retoques a la sede de la Cumbre Humanitaria Mundial en Estambul cuando, de forma imprevista y solo horas después de ser anunciado, Angela Merkel viajaba a Turquía, a Ankara, para tratar sobre la crisis de refugiados más grave de los últimos tiempos. Cumbres como la de Estambul o cualquier otra no tiene posibilidad alguna de solucionar nada si no funcionan los cauces bilaterales. Y la catástrofe humanitaria de esta última crisis de refugiados había remitido en los pasados meses por un acuerdo bilateral entre la UE y Turquía. O para ser más exactos entre Angela Merkel y Recep Tayyip Erdogan.

El Gobierno francés del socialista Manuel Valls, apoyado por el presidente de la República Francois Hollande, ha aprobado la ley de reforma laboral sin someterla a la aprobación de una Asamblea Nacional que la hubiera rechazado. Parte de su bancada habría votado en contra con la oposición. Esta oposición de centroderecha pese a ser plenamente consciente de que la reforma laboral es necesaria no está dispuesta a darle ni agua al jefe de Gobierno. Y se ha apuntado, con la izquierda del partido socialista, al baile parlamentario demagógico y populista de acompañamiento a las acampadas parisinas y demás festejos de la irresponsabilidad organizada. Recurrir a un artículo de emergencia para imponer al parlamento una ley sin mayoría es cosa fea. Por mucho que en Francia lo hayan hecho los distintos gobiernos desde 1958 la friolera de 80 veces. Pero el problema capital no está ahí sino en la incapacidad ya patológica de los gobiernos franceses de lograr mayorías para una reformas imprescindibles cuya paralización van dejando varada la economía de un riquísimo país cada vez más viejo en sus estructuras y en sus mecanismos de funcionamiento. Lo cierto es que hay también una incapacidad patológica en la sociedad francesa para entender que aunque sean los privilegiados hijos del jardín francés y del Estado del Rey Sol, a ellos también les afectan las leyes generales de la economía y las relaciones laborales en un mundo globalizado. Y que sus esfuerzos, los de sus sindicatos, los de su casta política, los de su juventud izquierdista radicalizada, para mantener a Francia en una relaciones laborales más propias de los años setenta del siglo pasado que de la actualidad, ya no son solo contraproducentes. Es que son un peligro para el futuro de su propia estabilidad. Los países comparables en tamaño en Europa, Alemania y el Reino Unido, están ya muy lejos de Francia en su marco legal, sus formas de producción y organización social.

El periodismo que merezca ese nombre ha de molestar al poder. Porque la información que nunca molesta al poder es publicidad, propaganda, relaciones públicas o crónica de vida social, pero nunca periodismo. Aunque muchos por ejemplo en la España actual se dediquen básicamente a estas actividades y pretendan ejercer el periodismo. El conflicto entre periodismo y poder es más que inevitable, es imprescindible, porque el periodismo siempre dirá algo que el poder no quiera que se diga, con ese contenido, de esa forma, en ese momento.

Una granja ecológica en la que se tortura a los animales, se les deja sufrir en muerte lenta o mutila en plena agonía. Conmoción total, horror absoluto. Ha sido en Francia. En una de esas productoras de carnes especialmente caras porque, como en el caso de las verduras o frutas ecológicas, se paga la plusvalía del amor a la naturaleza que se presupone a unos granjeros que comparten con sus clientes su aversión a los productos químicos tanto como una considerable superioridad moral.

El joven norteamericano Otto Frederick Warmbier fue al estado dictatorial más cerrado del mundo por curiosidad. Porque era un turista al que nada se había perdido en aquel infierno creado por una dinastía encanallada de comunistas, fanáticos solo de su poder e implacables en la defensa del mismo. Ahora ha sido condenado a 15 años de trabajos forzados en Corea del Norte. Pena a la que sin lugar a dudas no sobreviviría si se le aplicara como a los norcoreanos que las sufren a centenares de miles. El joven norteamericano será tratado razonablemente mal hasta que el régimen considere que le conviene un canje a cambio quién sabe de qué. Dice la noticia que probablemente haya sido forzado el joven a confesar. Dudo que les costara mucho arrancarle una confesión del robo de ese cartel o banderín -no queda claro- de propaganda política. Pero sin duda ha sido forzado por las circunstancias propias de esa situación que son, ni más ni menos, las de una de las peores pesadillas imaginables. Con la terrible pega de ser cruda realidad. Pero el pobre Otto en realidad no es solo víctima del siniestro régimen de la familia Kim, sino del sistema abierto, feliz, autosatisfecho y faldicorto del que procede. Y eso que hablamos de la democracia norteamericana y no de las europeas que se consideran más avanzadas por tener cada vez menos que respetar. Y en especial se podría hablar de la democracia española, tan descontrolada en generalizar la impunidad, que lanza a sus jóvenes al mundo convencidos de que también en el resto del mundo se respeta todo tan poco como en España. No es así y después llegan los disgustos. Y no solo por la percepción de impunidad en los considerados delitos menores como el consumo de drogas blandas, la estafa del uso del transporte público sin pagar y los robos. Todos los años llegan los disgustos en vacaciones cuando jóvenes occidentales se van de viaje y pretenden divertirse en la transgresión en países en los que precisamente la transgresión es lo que menos divertido se considera.

No sabemos en qué, no conocemos las claves de ello, pero todos asumimos y entendemos que Ramón Castro, el hermano mayor, era distinto. Los medios oficiales cubanos han anunciado ahora  la muerte a los 91 años del mayor de los Castro.

La corrupción política se ha revelado como el peor enemigo de la democracia moderna. Porque corroe a la misma por dentro, pervierte toda la conducta de la administración del Estado y de las fuerzas responsables de defender a la sociedad. Porque lleva a la violación sistemática de las leyes por parte de muchos encargados de vigilar su cumplimiento. Pero también y muy fundamentalmente porque deslegitima al Estado en su autodefensa contra enemigos de la democracia y libertad. No solo debilita a las fuerzas de defensa del Estado por la infiltración de la delincuencia común y política que la corrupción promueve. Deja además al Estado y sus representantes bajo permanente sospecha y sin el apoyo de la sociedad en la lucha contra la delincuencia y lo proyectos totalitarios antidemocráticos. Por eso la falta de reacción de los principales partidos políticos españoles (PP, PSOE, CDC…) contra la corrupción en las pasadas décadas es una causa capital del surgimiento de alternativas totalitarias en España, al margen de las separatistas nacionalistas siempre habidas. Y por eso es tan grave la responsabilidad de Mariano Rajoy y su gobierno en estos pasados cuatro años en los que siempre ha ido a remolque de los acontecimientos policiales y judiciales. Sistemáticamente ha menospreciado la reacción social ante los escándalos de corrupción. Sistemáticamente ha trivializado los abrumadores indicios de tramas inmensas de corrupción, véase Valencia. Y ha perseguido y marginado mucho más cualquier diferencia política y cuestionamiento de su autoridad que las sospechas de corrupción. Su soberbia en el trato de algunos casos y especialmente en el de su amigo Luis Bárcenas, cuando tras su mensaje solidario con el detenido debió sin duda dimitir, han sido determinantes para un desprestigio general del Partido Popular.