Bruselas lanza acciones legales contra los países que se niegan a acoger refugiados

La reiterada negativa de Hungría y Polonia, y en menor medida República Checa, a acoger refugiados ha obligado a Bruselas a tomar medidas legales contra esos países por no cumplir el plan adoptado en plena crisis migratoria y que debía plasmar la solidaridad europea. «La República Checa, Hungría y Polonia todavía no han realizado las acciones necesarias», por eso la Comisión Europea «ha decidido lanzar procedimientos de infracción contra esos tres Estados miembros», ha declarado el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, en Estrasburgo.

Los países europeos se comprometieron en septiembre de 2015 a acoger inicialmente a unas 160.000 personas en un plazo de dos años, si bien en el marco de estas reubicaciones desde Italia y Grecia sólo se han trasladado apenas unas 21.000 desde entonces. Tras meses de reiteradas advertencias, Polonia y Hungría seguían sin acoger a ningún solicitante de asilo a fecha 9 de junio, mientras que República Checa sólo había reubicado a 12 procedentes de Grecia, según cifras del ejecutivo comunitario. Ante este incumplimiento, Bruselas activará formalmente el miércoles estos procesos de infracción que, de llegar a su término, pueden implicar duras sanciones económicas a los países por violar la legislación comunitaria. «Hemos agotado todos los medios», ha subrayado el comisario europeo de Migración, quien ha manifestado además su deseo de que estos tres países de la exórbita soviética cambien finalmente de posición. «Todavía hay tiempo», ha agregado.

13.000 refugiados a la espera

El objetivo del plan era aliviar la presión migratoria sobre Italia y Grecia, donde en 2015 llegaron más de un millón de migrantes, trasladando a otros países de la UE en virtud de una serie de cuotas a los solicitantes con mayores probabilidades de obtener el asilo. Según cálculos del ejecutivo comunitario, unas 13.000 personas con derecho a ello continúan en estos países del sur de Europa a la espera de ser reubicadas, si bien todavía quedan migrantes por registrar llegados en 2016 y 2017.

Bruselas ha advertido de que los países miembros deberán continuar con las reubicaciones de los migrantes llegados antes del 26 de septiembre de 2017, pese a que, a partir de entonces, la UE tiene previsto volver a aplicar el reglamento de Dublín por el que el país al que llegó el solicitante de asilo se hace cargo del mismo. Este plan «ha sido una decepción a nivel continental«, ha dicho en Barcelona el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, para quien si Europa, «una unión de países ricos», no es capaz de compartir la responsabilidad, «¿cómo podemos decirle al resto del mundo que acojan refugiados?».

Alemania, con 5.658, y Francia, con 3.478, son los dos países que han acogido más solicitantes de asilo en el marco de este programa, al 9 de junio. España ha reubicado en su suelo 886 y Portugal 1.374.

‘Chantaje’

La adopción de este plan sacó a relucir las divisiones entre los países del bloque, con el grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) en primera línea de oposición. Eslovaquia y Hungría llevaron incluso este plan ante la justicia europea y, junto a Rumania y República Checa, votaron en contra de su adopción. La mayoría favorable de la UE lo volvió, no obstante, vinculante.

Ante el anuncio de la apertura de procesos sancionadores, estos países han vuelto a la carga. El canciller húngaro, Peter Szijjarto, los ha calificado durante la mañana de «chantaje», mientras que su homólogo polaco, Witold Waszczykowski, los ha considerado «ilegales». «Las cuotas no funcionan. Animan la inmigración ilegal y disminuyen la confianza de los ciudadanos en la UE», ha declarado por su parte el primer ministro checo, Bohuslav Sobotka.

Estas acciones legales se suman a varias más lanzadas por la Comisión contra Hungría y Polonia, en un contexto de desconfianza de ambos hacia las instituciones comunitarias. Varsovia descarta dar marcha atrás a su controvertida reforma de la justicia, mientras que Bruselas tiene en su punto de mira a Budapest por su ley de universidades, que amenaza con cerrar un establecimiento financiado por el multimillonario estadounidense, de origen húngaro, George Soros.