Admiten a trámite la querella de los fundadores de Codere contra los nuevos gestores
Europa Press
La Audiencia Nacional ha aceptado a trámite la querella de la familia Martínez Sampedro, fundadores de Codere, contra los actuales gestores de la compañía de apuestas española, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con fuentes del proceso. El propio grupo advirtió de una demanda en sus cuentas presentadas este miércoles, aunque reconocieron desconocer si ésta había sido admitida por los tribunales.
No obstante, este diario ha confirmado que la querella (no demanda) ya ha sido aceptada y que la Audiencia Nacional empezará en las próximas semanas su investigación formal notificando a las partes afectadas, es decir a los representantes de Codere S.A.
El hecho de que sea querella y no demanda implica que el denunciante -en este caso los Martínez Sampedro– se convierten en parte acusadora del proceso penal solicitando diligencias al juez para la correcta depuración de responsables.
Fue presentada por la sociedad Masampe SL, que actúa como representante de los hermanos fundadores de Codere: Jose Antonio Martínez Sampedro, Luis Javier Martínez Sampedro y Encarnación Martínez Sampedro.
«Administración desleal»
La familia Martínez Sampedro, que lleva casi cuatro años enfrentada a los nuevos dueños de la compañía, fondos de inversión liderados por Silverpoint (con el 21% del capital) que en 2017 tomaron el control de Codere, presentó la querella hace unas semanas acusando a los nuevos gestores de múltiples delitos.
En el caso de los actuales administradores -entre los que se encuentra el presidente no ejecutivo Norman Sorensen y el consejero delegado Vicente Di Loreto-, se les acusa de manipulación para alterar el precio de las cosas, denegación del derecho a la información, imposición de acuerdos abusivos, insolvencia punible y administración desleal.
La demanda también acusa a «personas indeterminadas» de blanqueo de capitales, revelación de secretos y requiere a la Audiencia determinadas medidas en relación con el negocio online, con pagos a y desde paraísos fiscales y con entrega de activos a terceros.
Precisamente, Codere está inmersa en un proceso de reconversión tras una pandemia que fue particularmente sangrante con la compañía, obligada a cerrar durante el confinamiento todos sus locales y con grandes restricciones para la reapertura de los mismos durante la nueva normalidad.
Este miércoles presentó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) sus cuentas de los primeros nueve meses del año, reflejando importantes pérdidas de 243 millones de euros. Estos resultados también reflejaron una situación crítica con un pasivo total de 1.738 millones, un patrimonio negativo de 544 millones y un capital circulante negativo equivalente en 153,8 millones.
Guerra por el control de Codere
Para evitar la quiebra, se ha aprobado la liquidación de la sociedad en España y el control del negocio del grupo a través de una compañía en Luxemburgo denominada Codere Finance 2. Codere prevé además que su división de juego online empiece a cotizar este mes en el Nasdaq, a través de una Spac en Estados Unidos.
Una Spac es una empresa sin actividad operativa cuyas acciones se emiten en un mercado de valores con el fin de realizar una futura adquisición o fusión en un sector concreto y antes de un vencimiento determinado. Se utiliza precisamente para dar liquidez a compañías emergentes.
En cualquier caso, la demanda ante la Audiencia Nacional es otro ingrediente para la guerra entre la familia Martínez Sampedro y los fondos. En 2018, éstos se hicieron con la gestión tras lograr el apoyo de una serie de consejeros independientes.
A partir de este momento la familia fundadora de Codere denunció que estos fondos liderados por Silverpoint (con el 21% del capital) deberían haber lanzado una OPA para hacerse con el control. Denuncian que este movimiento se produjo tras una concertación para quitar a los Martínez Sampedro de la dirección.
Los fundadores de Codere, que poseen el 18,5% del capital del grupo de juego, solicitaron la intervención la CNMV, «a fin de imponer el cumplimiento de la legalidad» y para que estableciera si hubo incumplimiento, o no, de la ley de opas.
Acciones de la CNMV
Después de seis escritos y casi dos años de interpelaciones a la CNMV, finalmente el regulador inició una investigación que se archivó en el último Comité Ejecutivo presidido por Sebastián Albella como presiente de la entidad. Los Martínez Sampedro recurrieron en un proceso Contencioso Administrativo en la Audiencia Nacional.
Es por ello por lo que los fundadores decidieron abrir un nuevo frente conscientes de que cuando la sociedad se migre hacia una nueva matriz en Luxemburgo su porcentaje quedará diluido y ya será muy difícil pedir responsabilidades a las autoridades españolas.
