Periodismo y «perspectiva de género»

En su afán por dictaminar lo que publican o dejan de publicar los medios, el Gobierno ha ido un paso más allá. Un documento del Ministerio de Igualdad, presentado la pasada semana, propone «castigar a los medios que no informen con perspectiva de género». La primera pregunta que suscita la propuesta es: «¿Qué es la perspectiva de género?» Perspectiva ya es de por sí un término confuso según a qué se aplique. Entre las acepciones del diccionario, la que podría aproximarse más es: «Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto».

En cuanto al vocablo género, que últimamente no se nos cae de la boca, vive una profunda crisis de significado.  «Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico», según la tercera acepción de la RAE. De nuevo nos encontramos con el subjetivo «punto de vista», en este caso, para más lío, sociocultural («Perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o grupo social»), es decir, dependiendo de las circunstancias del momento.

Todo hace indicar que la propuesta del ministerio de Irene Montero pretende decidir el punto de vista desde el que el periodista, o el medio, informa u opina sobre el género. Es decir, el control de la línea editorial. Los medios, según el documento, deberíamos informar desde un punto de vista de género, pero ¿de qué género? Se supone que el femenino o de algún otro que no tiene por qué ser biológico. Me pregunto si, por ejemplo, el punto de vista del género masculino -aunque sea biológico-,  serviría.

¿En qué consiste la «perspectiva de género» que trata de imponer Igualdad? Porque a veces parece que es sólo un problema gramatical. El periodista que desdobla religiosamente el género (todos los ciudadanos y ciudadanas, todos lxs ciudadanxs) ¿está aplicando la perspectiva de género? En cambio, el que dice todos los ciudadanos (incluyendo hombres y mujeres) ¿estaría incurriendo en «estereotipos de género»?

Nuestros políticos tienden a enrevesar tanto el lenguaje, que cualquiera diría que pretenden que no se les entienda o, lo que es peor, confundir al ciudadano. ¿No sería más sencillo decir que los medios deberían ser más sensibles de lo que ya son con los problemas de las mujeres? Bueno, sería una recomendación legítima si fuera una recomendación, pero no. «No es una opción, es una obligación», sostiene el documento. ¿Dónde queda el artículo 20 de la Constitución? En él se recoge claramente el «derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones». Y si algún medio comete un delito – injuria, calumnia, incitación al odio- se le denuncia. 

Igualdad acusa a los medios de provocar «terror sexual» con las informaciones sobre la ley del solo sí es sí. Les acusa de informar que la mencionada ley ha provocado un efecto indeseado, permitiendo que  se beneficien de la rebaja de sus penas 244 condenados por agresiones sexuales; 20 de ellos, incluso, han quedado en libertad. Por ahora.

Por mucha «perspectiva de género» que quiera ofrecer en sus informaciones, el periodista no puede obviar la realidad. Ocultar los efectos indeseados de una ley, no contribuye a evitarlos. Lo único que contribuiría a evitar esos efectos, a todas luces perniciosos, sería modificar la ley, a lo que nadie se opone, salvo el Gobierno, y, es de suponer, que los que se benefician de ella.

Con cada vez más frecuencia, los políticos suelen juzgar a los medios por las chanzas y astracanadas que los particulares hacen en las redes sociales. Muy en especial en Twitter, que tanto han contribuido a fomentar los propios políticos, creyendo que era la forma de comunicarse directamente con los ciudadanos, evitando así la engorrosa intermediación de los medios, que por algo se llaman así. 

Se comienza por dictar a los periodistas la perspectiva desde la que deben informar. Y se continúa por impedir que informen de determinados asuntos. La propia delegada del Gobierno para la Violencia de Género pidió a los medios que dejaran de informar de los recursos que presentan los abogados defensores de personas condenadas por agresión sexual. No por dejar de informar sobre ellos desaparecen los problemas. No por tapar los ojos evitamos que las cosas sucedan. La triste realidad es que 49 mujeres murieron por violencia machista en 2022, la cifra más elevada desde que hay registros. Y esto no depende de la perspectiva; son datos. La prensa sólo puede dar cuenta de ello. Al Ministerio de Igualdad compete replantearse qué está fallando.

P.S. En los últimos días, hemos asistido a otros dos hechos que son síntomas claros del desprecio a la libertad de prensa por parte de nuestros políticos. En Estrasburgo, los diputados socialistas españoles fueron los únicos de su grupo en el Parlamento Europeo que se negaron  a condenar la persecución que sufren los periodistas por parte del régimen marroquí. En España, el diputado de Vox Espinosa de los Monteros acusó a Ana Rosa Quintana y a Federico Jiménez Losantos de que la «financiación de sus medios estaba en entredicho».