A pesar de que España no es un país de petróleo, su historia muestra una trayectoria apasionante por la creación en 1927 de un férreo monopolio que tuvo una larguísima existencia y fue capaz de adaptarse a las circunstancias económicas durante los setenta años que estuvo vigente. Soportó cambios de régimen, una Guerra Civil, una larga dictadura, la llegada de la democracia, dos crisis mundiales energéticas, … y sin embargo su desaparición no fue producto de su ineficiencia y obsolescencia, sino de las exigencias impuestas por la Comunidad Económica Europea para nuestro ingreso.
Aunque el petróleo se conocía desde tiempos bíblicos, es cierto que la industria moderna tiene su origen con la II Revolución Industrial y con la aparición del motor de explosión, convirtiéndose en el principal combustible energético. En España, todo este proceso fue con retardo debido a nuestro propio atraso. Aunque en 1900 el consumo de petróleo era testimonial, éste experimentó un gran crecimiento en los siguientes treinta años, acorde con la etapa de desarrollo económico y que trajo aparejado un aumento de la demanda de petróleo, para la industria y los transportes.
Es en este contexto donde comienzan las primeras iniciativas privadas de la industria petrolífera en España. Por un lado, el desembarco de las grandes multinacionales que actuaban bajo su propia marca o en sociedades participadas por capital español, y empresas nacionales, bien dedicadas en exclusiva a la exploración, como las llevadas a cabo por Horacio Echevarrieta; a la actividad del refino, como la refinería Sabadell y Henry (cuyo director era Demetrio Carceller) o bien a la importación de productos petrolíferos, donde destacaba Petróleos Porto Pi, la empresa de Juan March, que tenía la exclusividad en la distribución del petróleo ruso en España. De estos tres empresarios, posiblemente los más importantes y controvertidos de la primera mitad del siglo XX español, se hablará en otros capítulos. Aunque es difícil calcular cómo se repartían el mercado antes de 1927, se estima que el 50% estaba en manos de Standard Oil, otro 35% la Shell y un 15% para la compañía de March, un reparto de estructura oligopolística, muy típica de esta industria.
Pero un negocio tan importante no podía quedar ajeno al control por parte de los Estados y España no iba a ser una excepción. En plena dictadura primoriverista, llega en 1926 al ministerio de Hacienda, José Calvo Sotelo, quien decide instaurar un monopolio fiscal para reducir el déficit. No era la primera vez, ya que había otros sobre el tabaco, las loterías, etc, pero esta se vez se decidió por el petróleo, un bien cuyo consumo estaba creciendo y del que carecíamos, lo que, a los ojos de gobernantes de clara vocación autárquica, nos hacía muy vulnerables ante empresas extranjeras. La idea no era novedosa ya que la intervención del Estado en el negocio petrolífero se había dado en otros países de diferentes formas: bien nacionalizando el sector (URSS, México o Rumanía) o bien entrando los estados en el capital de las compañías (como en BP, CFP o AGIP). Sin embargo, la diferencia estribaba en que en ninguno de estos países las compañías estatales actuaban en régimen de monopolio tan estricto como en España.
Así pues, por el Decreto de 28 de junio de 1927 quedaba establecido el Monopolio sobre “la importación, manipulaciones industriales de todas clases, almacenaje y distribución y venta de los combustibles líquidos y sus derivados” para la Península y Baleares durante 20 años, pero no iba a ser gestionado por el estado, si no por una compañía, la “Arrendataria”, aunque el Estado sería accionista del 30%, se llevaría prácticamente todos los beneficios y ejercería un control sobre la dirección de la empresa. Era un Decreto de clarísima orientación intervencionista y muy pronto surgirían los conflictos. El primer paso era la elección de la empresa arrendataria. Al concurso se presentaron seis propuestas y la elegida fue la de un consorcio de bancos españoles, más la refinería Sabadell y Henry, denominándose CAMPSA, Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.
La fecha de inicio de las actividades del Monopolio quedó fijada para el 1 de enero de 1928 y comenzaron los problemas. Primero, había que expropiar todas las instalaciones que hasta ese momento pertenecían a las empresas privadas y que éstas pasasen a la arrendataria, aunque el expropiador era el Monopolio, ambigüedad que nunca llegó a resolverse. Obviamente, esto se hizo con la total oposición de las compañías privadas, que, además de iniciar interminables procesos judiciales para conseguir las mayores indemnizaciones posibles, decidieron someter a España a un bloqueo en el suministro. Las negociaciones con otros países, como Rumania o Venezuela, fracasaron y tan sólo quedaba el petróleo soviético, que tenía un acuerdo de exclusividad con Petróleos Porto Pi, la empresa de March, quien consiguió negociar en condiciones muy favorables.
Por si fuera poco, la ley obligaba a CAMPSA a una lista amplísima de funciones, desde la búsqueda de yacimientos a la construcción de una flota y de una industria de refino. Obviamente, la compañía no cumplió y Calvo Sotelo culpó de este retraso a la posición acomodaticia de los bancos accionistas de CAMPSA, pero la realidad es que ningún país iba a permitir que una compañía perteneciente a otro estado controlara sus yacimientos (lo que sería utilizado por Carceller para crear CEPSA en 1929 aprovechando que el Monopolio dejaba fuera a Canarias), que, el mercado español no tenía capacidad de demanda que justificara construir refinerías, y que además, la compañía carecía de capital no sólo para iniciar el ambicioso programa de industrialización, sino para pagar las indemnizaciones por las expropiaciones.
Tras la caída de la dictadura, con la imagen del monopolio tan negativa asociada a la figura de su creador, comenzaron a circular rumores, que se demostraron infundados, sobre la desaparición de éste. Pero con la llegada de la II República, a pesar de los aires de cambio y del deseo revisionista de la política anterior, el Monopolio se mantuvo. Los motivos, los efectos de la Depresión del 29 y sobre todo, los pingües beneficios que obtenía el estado.
El asesinato del fundador del Monopolio, José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936 precipitó el alzamiento militar con el que dio comienzo la Guerra civil. Durante el conflicto, España se partió en dos y CAMPSA también. En los inicios, la correlación de fuerzas favorecía a la causa republicana, ya que se quedó con nueve de los once navíos y en una proporción de 3,15 a 1 con las instalaciones terrestres de almacenamiento. Sin embargo, en el suministro, el bando franquista contó con ventajas. La CAMPSA republicana se decidió por el petróleo soviético que llegó de forma abundante aunque de baja calidad y además, decidió crear una escisión de la ya dividida CAMPSA con CAMPSA Gentibus”, una central de compras para conseguir petróleo y otros bienes en el exterior. Por su parte, el bando nacional en un primer momento recurrió a Portugal para conseguir petróleo con la ayuda de prohombres del nuevo régimen, como Gil Robles o Carceller y la ayuda financiera de Juan March, quien además se esforzó en entorpecer la actuación de la CAMPSA republicana, al reactivar el pleito que Petróleos Porto Pi mantenía por las indemnizaciones; y posteriormente, tuvo acceso ilimitado al petróleo proporcionado por Texaco.
Tras la victoria del bando sublevado, comenzaba para España la dictadura franquista que se extendería durante casi cuarenta años. En 1939 la situación económica era catastrófica: a los desastres causados por la guerra, se sumaron los errores de la nueva política económica, y el estallido de la II Guerra Mundial, donde el apoyo a las potencias fascistas conllevó un aislamiento internacional que comportaría dos embargos de petróleo y restricciones. Con todo, CAMPSA consiguió abastecerse del petróleo norteamericano, aunque con dificultades por la escasez de divisas. La situación económica española había entrado en bucle: su vocación autárquica restringía sus importaciones, que eran indispensables por la escasa producción nacional, necesaria a su vez para exportar y obtener divisas. La respuesta fue el racionamiento y la búsqueda de sustitutos inferiores, como la inviable “gamolina”, el gasógeno o la obtención de carburantes a partir de las pizarras bituminosas, actividad que tendría cierta continuidad.
1947 era la fecha en la que vencía el contrato del Monopolio con CAMPSA. Las relaciones entre ésta y el Estado no eran buenas. Su actuación a lo largo de estos veinte años no pasaba el examen si se evaluaban los compromisos que adquirió. Sin embargo, en la “columna del Haber” estaban los grandes beneficios que el Estado había obtenido en relación con los pequeños dividendos obtenidos por los accionistas. Con todo, el mayor problema era la escasa simpatía que los elementos más nacionalistas del régimen franquista sentían hacia la compañía y en especial de Suanzes que había decidido que impulsar la industrialización de España con el objetivo final de conseguir la autarquía económica, de ahí que quisiera el control de la política energética.
En un régimen claramente nacionalista, autárquico, receloso del sector privado y caracterizado por un marcado intervencionismo como era el franquismo, la opción de eliminar el monopolio quedaba descartada y sólo quedaban como opciones prolongar o reformar el Monopolio de Petróleos. Todo indica que la creación del Monopolio no fue una decisión económica acertada. Para empezar, la idea partía de una base errónea, ya que no existía un monopolio de las multinacionales; tampoco repercutió en la mejora de la calidad del servicio (el precio de los combustibles aumentó y disminuyó el número de surtidores); ni permitió crear una gran compañía de petróleo. Y aunque los ingresos para el estado habían aumentado, esto no se debió a la eficacia del monopolio, sino por el aumento de la demanda de productos petrolíferos. Sin embargo, se decidió prolongar. Quizá en las cabezas del gobierno franquista resonaron las palabras de Calvo Sotelo: “CAMPSA no puede morir; quizá debe cambiar sus tejidos, su cutis, su contextura, todo su ser. Pero el Monopolio, ni puede, ni debe morir”.
