Cuando en 1927 la dictadura de Primo de Rivera anunció la creación del monopolio del petróleo, la sociedad Petróleos Porto Pi estaba incorporada como negocio a la compañía naviera Transmediterránea. Era, según comentarios de la época, la tercera en el reparto del mercado español. Había sido creada por Juan March, un opulento y controvertido hombre de negocios, nacido en 1880 en la isla de Mallorca y había levantado una de las mayores fortunas de la época, en una trayectoria salpicada de escándalos y controversias.
Juan March puso los cimientos de su riqueza con el contrabando de otro artículo sobre el que también existía un monopolio fiscal, el tabaco y con el tiempo, acabaría obteniendo en 1912, la concesión del monopolio en la zona española del protectorado. Y a pesar de los escándalos que rodearon a su persona durante estos años, Juan March contrarrestaba su imagen de pirata, contrabandista y acaparador, con la de empresario «modernizador» y preocupado por el bienestar y los derechos de los trabajadores, frente a la cerrazón y el tradicionalismo de las oligarquías isleñas.
Frente a esas mismas clases tradicionales se hizo con el control de La Isleña, una compañía naviera fundada en 1891 que realizaba las comunicaciones regulares entre las Baleares, así como con el Levante español, Marsella y Argel. Por otra parte, en 1916 unos navieros levantinos constituyeron la Compañía Transmediterránea, que deseaba hacerse con el control de los servicios de Baleares, que estaban en manos de La Isleña y la Compañía mahonesa de Vapores. En 1917, la Transmediterránea inició gestiones para conseguir la absorción de ambas navieras y se desató el conflicto en Mallorca. March que poseía ya el 40% de La Isleña, vendió sus acciones a Transmediterránea, lo que desató una oleada de furia en las islas, pero finalmente a comienzos de 1918, La Isleña se convirtió en filial de la Transmediterránea. Y el mismo procedimiento se repitió con la Compañía Mahonesa de Vapores, al mismo tiempo que la influencia política de March en el archipiélago iba aumentando.
En ese contexto, Juan March lanzó un nuevo gran proyecto: la construcción de un puerto en la rada de Porto Pi, en la bahía de Palma, así como de una fábrica de superfosfatos y fertilizantes, y depósitos para el almacenamiento de petróleo. Eran negocios en alza y una provocación contra las fuerzas vivas de la isla. Además, entraba a competir con su gran contrincante en el conflicto de la Isleña, Manuel Salas, propietario de La Petrolera del Molinar, productora de queroseno para el alumbrado, y también de aceites para motores y abonos químicos, así como de una marca propia de gasolina, Águila, y una red de surtidores en toda la isla.
Juan March presentó su nuevo proyecto en Porto Pi como un ejemplo de «fecundo industrialismo» y una oportunidad para la creación de dos mil puestos de trabajo en unos momentos, los de la posguerra mundial, de grave crisis, inaugurándose en julio de 1921. Pero pocos meses más tarde, los vecinos protestaron al alcalde por los gases contaminantes que emitía la fábrica y se decidió su cierre. Juan March se apresuró a hacer declaraciones en la prensa defendiendo su actuación y se denunció la «declarada hostilidad» de Maura al proyecto. Lo cierto es que tras la caída del gobierno maurista, se autorizó la reapertura de la fábrica con la condición de que dejase de fabricar ácido nítrico y se hicieran inspecciones sanitarias periódicas. Y en una operación similar a la que había hecho con la Isleña, en 1922 March ofreció a la Transmediterránea los establecimientos industriales de Porto Pi. Los valoraba en 10 millones de pesetas, aunque finalmente fueron 4,5 millones de pesetas y March consolidó su posición en la Transmediterránea, siendo nombrado en 1924 consejero.
Petróleos Porto Pi se constituyó como sociedad anónima en 1923, inicialmente con un capital de dos millones de pesetas, que ese mismo año elevó a diez, de los cuales Transmediterránea participaba con un 50%, mientras el resto fue aportado por una sociedad francesa, la Banca Bauer, Marchal et Cie, cuya sucursal en España era la Banca Arnús, con sede en Barcelona. La razón de la ampliación y del acuerdo fue que Petróleos Porto Pi se hacía así con el suministro de petróleo de la Nafta rusa, del que la Banca Arnús tenía la exclusiva de venta en España, Portugal y África, una baza que fue el origen del crecimiento de Porto Pi y también de larguísimos pleitos tras la constitución del monopolio de petróleos.
El transporte y las ventas de combustible por la Transmediterránea comenzaron en abril de 1925 y pronto hubo que ampliar las instalaciones de tanques, que se cuadruplicaron en 1926, año en el que salieron de la rada de Porto Pi 154 buques con diferentes destinos y un cargamento total de más de 26.000 toneladas. Se proyectó otra instalación en el norte de España y las ventas se extendieron por toda España. El crecimiento fue acompañado de una importante campaña de prensa y otras actuaciones publicitarias, donde se narraban la extraordinaria calidad de sus productos.
Todo iba bien hasta que en 1927, un Real decreto-ley anunció la creación del Monopolio de petróleos. La empresa de March era la tercera en cuota de mercado y sobre todo era la representante e importadora de petróleo de los Soviets rusos y la buena sintonía entre March y Primo de Rivera les llevó a tener una reunión para hablar sobre el monopolio, muy probablemente con la idea de hacerle cambiar de idea. Sin embargo, Calvo Sotelo se opuso firmemente a las presiones del mallorquin. Finalmente, se convocó el concurso para decidir la empresa arrendataria del Monopolio y de las seis propuestas que se presentaron, la «alargada sombra de March» estuvo en tres de ellas: la Transmediterránea, junto con Shell y Standard Oil, que fue rechazada por demasiado «extranjera e independiente» ya pretendían conservar su autonomía comercial y fiscal; la Bancar Arnús, porque su gran baza, el petróleo soviético, no gustaba; y la ganadora, un consorcio de grandes bancos, donde «colocó» a dos hombres de su confianza (que eran altos cargos en la Transmediterránea), Juan José Dómine y Ernesto Anastasio en la Presidencia y en la Dirección de la recién creada CAMPSA.
Los dos grandes problemas a los que tuvo que enfrentarse CAMPSA fueron las expropiaciones y el suministro de petróleo y March tenía mucho que decir. Primero, porque todas las instalaciones de Porto Pi pasaban a manos del Monopolio, y segundo, porque su empresa tenía el contrato en exclusiva de abastecimiento del petróleo ruso. El Monopolio decidió «incautar en bloque» toda la empresa y no las instalaciones, tal y como decía el decreto, y CAMPSA empezó a negociar directamente con los rusos. Todo ello dio lugar a muchos conflictos y a demandas en tribunales internacionales contra el Estado, al mismo tiempo que March intentaba mantener buenas relaciones con Primo de Rivera. Pero tras la caída de la dictadura, el nuevo gobierno anunció una revisión de todo el legado anterior, especialmente del Monopolio de petróleos. March decidió retomar sus exigencias sobre la incautación de Petróleos Porto Pi, dado que aún no se había llegado a un acuerdo sobre la cuantía, que a su juicio debía incluir el valor industrial de la sociedad. Su petición no fue tenida en cuenta y la Bancar Arnús y PPP decidieron demandar a los rusos por incumplimiento del contrato de importación de petróleo a España y Portugal. El asunto adquirió un serio cariz porque se solicitó un embargo sobre los fondos depositados por los soviéticos en bancos parisinos y Porto Pi presentó un nuevo recurso en el que declaraba ilegal el proceso de expropiaciones y la incautación por considerar muy insuficiente la cantidad fijada. Para complicar aún más el asunto, CAMPSA acordó denunciar el contrato con los soviets por indicación del gobierno que veía con buenos ojos deshacer el contrato, ya que España era un país «netamente de orden y de derechas». Finalmente, en marzo de 1931, el Tribunal de París dictó sentencia: Porto Pi debía recibir de la Nafta 40 millones, nombrándose un perito para liquidar las cuentas. Era una condena a pagar por CAMPSA.
Y en ese momento, llegó la II República. Juan March, que hasta la fecha había salido absuelto de todos los procesos judiciales, decidió buscar su inmunidad parlamentaria. Pero el nuevo gobierno creó una comisión de responsabilidades que iba a analizar la ejecutoria de los gobiernos anteriores, destacando dos temas, el Monopolio de petróleos y los negocios de March. Finalmente, March acabó en la cárcel, de donde se fugó, exiliándose y conspirando contra el gobierno de la II República.
Prestó un gran apoyo financiero al bando franquista, especialmente en los primeros momentos de la guerra. March propició abundantes créditos a los sublevados, parte de los cuales se utilizaron en el pago de los primeros y urgentes suministros de petróleo a CEPSA y a Texaco. Pero también fue también March quien trató de dificultar el suministro de petróleo a la CAMPSA republicana. En mayo de 1938, la Banca Bauer Marchal reclamó ante los tribunales franceses un embargo por valor de cien millones de francos sobre los bienes de CAMPSA por no haber satisfecho la indemnización pendiente por su expropiación. La defensa de CAMPSA consiguió que se levantara el embargo, pero se inició un largo pleito que duró toda la guerra y que estaba abierto cuando terminó.
Acabada la guerra y a pesar del apoyo que había prestado al bando franquista, las relaciones con el nuevo régimen no fueron buenas. March se enfrentó al ministro Demetrio Carceller, con quien mantenía una dura competencia en sectores como el petrolero, la industria eléctrica y la banca. Y precisamente, en un enemigo de Carceller, José Antonio Suanzes, encontró March un aliado para hacerse con su último gran negocio, el control de la compañía eléctrica Barcelona Traction.
Nota: Este texto es un resumen del capítulo escrito por Mercedes Cabrera, incluido en el libro Energía y política. Una historia del petróleo en España.
