Gibraltar español: la conquista en 1940

Esta semana de febrero de 2026, la Royal Navy ha ejecutado una maniobra militar exprés en Gibraltar en un momento especialmente sensible. El momento coincide con la fase final de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el encaje definitivo del Peñón tras el Brexit. El ejercicio, comunicado por el Puerto de Gibraltar, involucró a un patrullero y a una embarcación rápida con maniobras de alta velocidad y disparos en blanco dentro de las aguas que Londres considera británicas. Aunque estas actividades forman parte del adiestramiento habitual, su realización ahora adquiere una evidente lectura política: funciona como un recordatorio de la soberanía operativa británica y como un gesto simbólico que subraya la importancia estratégica que Londres sigue otorgando al enclave en plena negociación con Bruselas.

Gibraltar continúa siendo una base clave para la proyección militar británica en el Mediterráneo y el Atlántico, y la Royal Navy ha incrementado su presencia en la zona en los últimos años, especialmente en momentos de tensión diplomática. La llegada de nuevas patrulleras, las escalas de destructores avanzados y la presencia ocasional de submarinos armados refuerzan este mensaje. En este contexto, cualquier movimiento militar tiene un doble significado: operativo, por su función de entrenamiento, y político, por la señal que envía sobre la determinación británica de mantener su control sobre el Estrecho.

La historia de los planes para reconquistar Gibraltar es muy larga. Sin embargo, existe uno más desconocido: el intento de Franco de tomar el peñón aprovechando la debilidad del Reino Unido frente a la Alemania nazi entre 1939 y 1941. Tras el Tratado de Utrecht de 1713, España intentó recuperar Gibraltar por la fuerza durante el siglo XVIII. El primer gran intento fue el asedio de 1727, un ataque directo que fracasó ante la superioridad naval británica. Décadas después, entre 1779 y 1783, España y Francia emprendieron el Gran Asedio, el mayor esfuerzo militar para recuperar el Peñón, con bombardeos masivos, baterías flotantes y un bloqueo prolongado. A pesar de la magnitud de la operación, terminó sin éxito, marcando el final de los intentos militares reales. Durante el siglo XIX, España abandonó la vía bélica y recurrió a la diplomacia, denunciando la expansión británica más allá de lo pactado en Utrecht y buscando apoyos internacionales.

España, consciente de que la vía bélica era inviable frente a la potencia naval británica, centró sus esfuerzos en erosionar la posición inglesa mediante argumentos jurídicos, presión internacional y negociaciones bilaterales. Durante este siglo, el Reino Unido llevó a cabo varias ampliaciones del territorio gibraltareño más allá de lo cedido en el Tratado de Utrecht, especialmente en la zona del istmo. España denunció repetidamente estas ocupaciones, alegando que constituían usurpaciones ilegales, ya que Utrecht solo cedía la ciudad, el castillo y el puerto, pero no el istmo donde más tarde se construiría el aeropuerto. Estas protestas fueron constantes en la diplomacia española, que intentó aprovechar cualquier conflicto europeo para reabrir la cuestión.

Además, España buscó apoyo en las grandes potencias del momento, especialmente durante el Congreso de Viena (1815), aunque sin éxito porque el Reino Unido mantenía una posición de fuerza y consideraba Gibraltar un enclave esencial para su dominio marítimo. A lo largo del siglo XIX, el Gobierno español propuso intercambios territoriales, acuerdos de compensación e incluso fórmulas de administración compartida, pero Londres rechazó todas las ofertas. Así, el XIX consolidó la reclamación española, pero también la firmeza británica en conservar el Peñón.

Durante décadas, se ha sostenido el relato de la «hábil prudencia» de Francisco Franco como el factor determinante que mantuvo a España fuera del conflicto; sin embargo, las fuentes primarias revelan una faceta mucho más ambiciosa y beligerante. Los documentos demuestran que, lejos de una neutralidad pasiva, el Estado español desarrolló una estrategia ofensiva meticulosa y autónoma para capturar Gibraltar y cerrar el Estrecho al tráfico británico, un plan que se gestó incluso antes del estallido formal de las hostilidades en Europa.

El interés de Franco por la recuperación de Gibraltar no fue una improvisación nacida de la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, sino una constante en su pensamiento militar. Ya en 1935, como Jefe del Estado Mayor Central, solicitó informes exhaustivos sobre las defensas del Peñón ante la crisis italiana en Abisinia. No obstante, fue tras la Guerra Civil cuando el proyecto adquirió una dimensión institucional y técnica sin precedentes. En agosto de 1939, apenas meses después de su victoria, Franco ordenó un estudio fotográfico secreto de la base británica. Este estudio, realizado con cámaras de alta precisión, permitió identificar con exactitud los emplazamientos de artillería, depósitos de combustible y centrales eléctricas, proporcionando al arma de artillería los datos necesarios para un bombardeo eficaz.

El 31 de octubre de 1939, se celebró la primera sesión de la Junta de Defensa Nacional, donde se sentaron las bases para una intervención armada. En dicha reunión se aprobaron planes para movilizar un ejército de hasta 150 divisiones, la creación de un núcleo de artillería ultrapesada para misiones especiales y, fundamentalmente, un plan para el control absoluto del Estrecho. Estas decisiones, tomadas solo dos meses después de comenzar la guerra en Europa, desmienten la tesis de una España volcada exclusivamente en su reconstrucción interna.

Para ejecutar estos objetivos, se creó la Comisión de Fortificación de la Frontera Sur, dirigida por el general de artillería Pedro Jevenois Labernade. La instrucción era clara: mantener ante los británicos la ficción de que las obras eran meramente defensivas, cuando en realidad el plan de empleo de la artillería era netamente ofensivo y de anulación de la plaza inglesa.

Entre 1939 y 1941, se llevó a cabo un despliegue masivo. Se construyeron 495 obras de fortificación. Se emplazaron más de 200 cañones de grueso calibre. Para controlar el Estrecho durante la noche se instalaron 34 proyectores de luz. A esto se sumó el diseño de un sistema de asedio basado en el bloqueo y el desgaste psicológico, buscando que la destrucción absoluta de las instalaciones forzara el abandono o la rendición por agotamiento.

En octubre de 1940, el Estado Mayor Central formalizó la «Operación C», un plan de ataque que debía ser ejecutado exclusivamente por fuerzas españolas. A diferencia del posterior plan alemán «Felix», la «Operación C» reflejaba la voluntad de Franco de que la toma de Gibraltar fuera una empresa nacional, dictada por el honor histórico de la nación. La táctica se dividía en tres fases artilleras críticas. En la primera se produciría la neutralización de la artillería fija británica mediante 236 piezas de grueso calibre. En la segunda se produciría el ataque a la artillería antiaérea con un total de 416 obuses y cañones. Y finalmente, habría un tiro de demolición para abrir paso a la infantería y los carros de combate, apoyado por 100 aviones de bombardeo.

Un elemento perturbador en esta planificación fue el diseño de un ataque con armas químicas, probablemente gas mostaza (iperita), para el cual se redactaron instrucciones secretas de evacuación de las poblaciones civiles de La Línea, Algeciras, Ceuta y el propio Gibraltar. El mando español era consciente de los riesgos meteorológicos, sugiriendo a la población civil el uso de soluciones de sosa para purificar el aire en refugios herméticos.

La ambición del régimen no se limitaba a la toma del Peñón de Gibraltar, sino que aspiraba al dominio total del mar. El general Jevenois propuso el minado intensivo del Estrecho, estableciendo cuatro líneas de minas, unas 2.000 unidades, que actuarían como «la llave y el cerrojo» del Mediterráneo occidental. Según los informes, esta capacidad otorgaba a España una carta diplomática de valor insuperable frente a las potencias europeas.

En el plano internacional, España aseguró un acuerdo secreto con Portugal en julio de 1940, por el cual el gobierno luso se comprometía a no interferir en un ataque español a Gibraltar. Al mismo tiempo, el general Carlos Martínez-Campos presentó un plan para movilizar a 900.000 hombres, duplicando los efectivos de tierra para sostener una guerra prolongada.

A pesar de los preparativos, el ataque nunca se materializó. La historiografía señala que la entrada de España en la guerra estaba supeditada a que Hitler garantizara por escrito las compensaciones territoriales en África (Marruecos, Argelia y Guinea), algo que el Führer nunca aceptó plenamente. Asimismo, informes estratégicos clave, como el redactado por Luis Carrero Blanco en noviembre de 1940, aconsejaron prudencia: España solo debería intervenir si el Eje cerraba el Canal de Suez, asegurando así un mercado alternativo que compensara el inevitable bloqueo aliado.

Con la invasión alemana de la URSS y la entrada de EEUU en el conflicto a finales de 1941, el escenario mundial cambió drásticamente. Los preparativos ofensivos en torno a Gibraltar fueron transformados en un dispositivo defensivo para repeler posibles desembarcos aliados. España inició entonces un repliegue hacia una neutralidad que, aunque distó de ser estricta hasta 1944, puso fin a las aspiraciones de una conquista militar del Peñón.

En conclusión, Franco mantuvo una voluntad beligerante activa entre 1939 y 1941 para la toma del Peñón de Gibraltar. Hubo una planificación militar detallada, nacida de una iniciativa estrictamente española, ajena a cualquier influencia alemana.

Luego, la reclamación tomó un tono propagandístico. En 1942, Falange organizó una campaña. En una ocasión, el Sindicato Español Universitario (SEU) hizo una manifestación ante la embajada británica para reclamar la devolución de Gibraltar. El ministro Serrano Suñer llamó al embajador británico, Samuel Hoare, para preguntarle si quería que enviara más guardias para controlar la protesta. El diplomático respondió con ironía que prefería que no le mandara más manifestantes.

En 1954 se desencadenó una crisis diplomática entre España y el Reino Unido. El detonante fue la visita oficial de la reina Isabel II al Peñón, realizada para conmemorar los 250 años del Tratado de Utrecht. El gobierno español reaccionó con enorme dureza. Presentó una protesta diplomática formal, retiró temporalmente a su embajador en Londres y lanzó una intensa campaña nacionalista bajo el lema Gibraltar español, que inundó la prensa, la radio y los discursos oficiales. Franco utilizó el episodio para reforzar la cohesión interna y proyectar una imagen de firmeza ante lo que consideraba una humillación histórica. La visita también reactivó las denuncias españolas sobre la expansión británica en el istmo, que España consideraba una ocupación ilegal no contemplada en Utrecht.

Aunque no hubo consecuencias militares ni cambios en la soberanía, 1954 marcó el inicio de una etapa de mayor confrontación política, que culminaría años después con el cierre total de la verja en 1969. Ese año, el régimen de Franco cerró completamente la verja, es decir, la frontera terrestre entre España y Gibraltar. Fue un bloqueo total que impidió el paso de personas, mercancías y vehículos durante más de 13 años.

La decisión fue la respuesta española a dos hechos clave. Por un lado, el Reino Unido aprobó en 1969 una nueva Constitución para Gibraltar, que reforzaba la autonomía interna del territorio y blindaba la voluntad de los gibraltareños de seguir siendo británicos. Para España, aquello era una violación del espíritu del Tratado de Utrecht y un intento de consolidar la soberanía británica mediante la autodeterminación de una población que, según Madrid, no podía decidir sobre un territorio cedido por tratado. Por otro lado, la ONU llevaba años instando a ambos países a negociar la descolonización del Peñón, pero Londres se negaba a discutir la soberanía. Ante este bloqueo, Franco optó por la presión máxima: el cierre de la frontera. La medida aisló a Gibraltar, afectó gravemente a miles de trabajadores españoles y convirtió el conflicto en un símbolo político que perduró hasta la reapertura parcial en 1982 y total en 1985.

Tras el Brexit, España y el Reino Unido alcanzaron en 2020 un acuerdo de principio para integrar a Gibraltar en el espacio Schengen, lo que implicaría controles fronterizos gestionados por Frontex en el aeropuerto y el puerto del Peñón. Este marco provisional ha guiado las conversaciones posteriores entre Bruselas y Londres, aunque el acuerdo definitivo aún no se ha cerrado.

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