¿Qué es el suplicatorio y para qué sirve?
En España es un mecanismo jurídico que garantiza la independencia de los miembros del Poder Legislativo
Suplicatorio. | Freepik
El artículo 71 de la Constitución Española establece que los diputados y senadores cuentan con una serie de garantías para asegurar el libre ejercicio de sus funciones. Por un lado, gozan de inviolabilidad por las opiniones expresadas en el desempeño de su cargo, lo que significa que no pueden ser perseguidos por ellas.
Por otro lado, cuentan con inmunidad, que les protege de la detención arbitraria y del procesamiento sin el consentimiento previo de su cámara. Este mecanismo, conocido como ‘suplicatorio’, garantiza que las investigaciones judiciales contra un parlamentario no interfieran en el normal funcionamiento de las instituciones.
¿Qué es un suplicatorio?
Un suplicatorio es una solicitud formal que presenta el Poder Judicial al Parlamento para solicitar la suspensión de la inmunidad parlamentaria de uno de sus miembros. Esta inmunidad protege a los diputados para que puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias.
Sin embargo, cuando un diputado está siendo investigado por un delito, los jueces necesitan este permiso para poder llevar a cabo un juicio. Es importante destacar que el suplicatorio no implica una condena, sino que simplemente permite que el proceso judicial siga adelante.
¿Cuáles son los pasos que se siguen?
El proceso comienza cuando una autoridad judicial de un Estado miembro considera que un eurodiputado ha cometido un delito y solicita al Parlamento Europeo que le retire su inmunidad. Esta petición se dirige al presidente del Parlamento, quien la transmite a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Esta comisión se encarga de investigar el caso, pidiendo toda la información pertinente y otorgando al eurodiputado la oportunidad de defenderse. Tras esta investigación, la comisión elabora un informe con sus conclusiones, el cual se presenta al pleno del Parlamento. Finalmente, los eurodiputados votan para decidir si se levanta o no la inmunidad del eurodiputado en cuestión.
¿Qué consecuencias puede tener?
A pesar de que la comisión de Asuntos Jurídicos haya emitido un informe favorable a la suspensión de la inmunidad, el eurodiputado conserva importantes derechos. Según la normativa comunitaria, mientras no haya una sentencia firme, el eurodiputado no puede ser detenido ni se le pueden imponer medidas que le impidan ejercer sus funciones parlamentarias. Sin embargo, esta suspensión permite que se inicie o continúe un proceso penal en su contra.
¿Cómo funciona en España?
El suplicatorio en España es un mecanismo jurídico que garantiza la independencia de los miembros del Poder Legislativo, pero a la vez permite que puedan ser juzgados por sus acciones.
Cuando un juez o tribunal considera que un diputado o senador ha cometido un delito, no puede iniciar un proceso penal contra él sin antes obtener la autorización de la cámara correspondiente (Congreso de los Diputados o Senado). Esta autorización se solicita mediante un suplicatorio.
¿Por qué se necesita un suplicatorio?
La razón principal es proteger la libertad de expresión y de debate de los parlamentarios. Si pudieran ser perseguidos penalmente por sus opiniones o acciones dentro del ejercicio de su cargo, podrían verse coartados en el desempeño de sus funciones.
¿Qué pasa cuando se deniega un suplicatorio?
En caso de que una cámara legislativa no se pronuncie sobre una solicitud de suplicatorio en un plazo de sesenta días, se entiende que la petición ha sido denegada. En consecuencia, el proceso judicial contra el diputado o senador queda automáticamente archivado.
Un análisis de los datos históricos del Congreso de los Diputados revela que aproximadamente la mitad de los suplicatorios presentados desde 1977 han sido aprobados. Esto indica que las cámaras legislativas ejercen un control riguroso sobre las solicitudes de levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
Cabe destacar que no todos los suplicatorios son aprobados. Un caso emblemático fue el rechazo en 1988 de la solicitud presentada contra José Barrionuevo, lo que demuestra que las cámaras legislativas pueden tomar decisiones discrecionales en estos asuntos.
