La 'Operación Soule' contra la corrupción en el fútbol llega hasta los seis años de instrucción

Que la justicia es lenta no es un dicho sino una realidad. Más de siete años después de que la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada arrancará una investigación contra la corrupción en el fútbol, y más concretamente en la Real Federación Española (RFEF), el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha notificado que vuelve a prorrogar durante tres meses la llamada Operación Soule. En la misma, se investiga a altos dirigentes de la RFEF, así como a presidentes de varias federaciones territoriales y empresarios, por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, corrupción entre particulares y delito fiscal. 

Han pasado 2020 días desde aquel 18 de julio de 2017, que nos dejó la imagen de la detención del que fuera presidente de la RFEF durante tres décadas, Ángel María Villar, su hijo Gorka y su vicepresidente económico Juan Padrón, quienes permanecieron en prisión casi dos semanas en la cárcel de Soto del Real, hasta que el magistrado Santiago Pedraz les otorgó la libertad bajo fianza. «Fueron desproporcionadas y buscando el morbo social con la presencia de padre e hijo», apuntan todavía hoy juristas cercanos al entorno de Villar. 

La realidad es que han pasado siete años desde que la Fiscalía Anticorrupción arrancara en noviembre de 2015 la investigación y la causa sigue abierta, debido especialmente a la gran cantidad de aristas que convergen en un proceso que expone un clientelismo sistémico que la acusación pretende demostrar que concluyó en la constitución de una organización criminal.  

Con esta prórroga, ya son seis las que se han dictaminado desde que, en el año 2020 se modificara el Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referente a las diligencias de instrucción, previendo prórrogas por un máximo de seis meses, de seguir siendo necesario investigar los hechos denunciados, aunque Alejandro Abascal en sus últimas ampliaciones lo ha hecho de tres en tres.  

En esta oportunidad, la decisión se ha tomado a requerimiento de diferentes partes, entre las que se encuentran la propia RFEF que además ha solicitado el testimonio de un alto funcionario del CSD para aclarar si se ha hecho buen uso por parte de La Liga del dinero procedente de las Quinielas. 

Postura contraria en esta oportunidad era la de La Liga, que había solicitado que se acordaran las pruebas solicitadas por su parte y concluyera ya la instrucción. La Liga ha solicitado la ampliación de la anterior prórroga, pretendiendo aclarar el destino de los más de 300 millones de euros que habría aportado durante el periodo investigado a la Federación para honorarios arbitrales. De hecho, en el auto el juez requiere a la RFEF a aportar a la mayor brevedad toda la información detallada de los honorarios arbitrales desde 2009 hasta 2017 y de los importes recibidos de La Liga para estos fines.  

Según la información obtenida por THE OBJECTIVE durante el periodo de instrucción, muchos de los investigados han solicitado salir de la causa, pero solo lo habría conseguido Diego Martínez Peinado, hijo del presidente de la Federación de Melilla, Diego Martínez Gómez, que se mantiene investigado.  

El caso contrario es el de Guillermo Nalda, que fuera secretario general y tesorero de la Federación Cántabra de Fútbol, y figura como investigado desde junio de 2022, sumándose al presidente de la citada territorial, José Angel Peláez, por la presunta participación en el desvío de 210.000 euros que les otorgó la RFEF procedentes de una subvención pública del Consejo Superior de Deportes.  El presidente cántabro no es el único barón investigado que se mantiene en el núcleo duro del actual presidente de la RFEF, Luis Rubiales. También están en la causa, el presidente riojano, Jacinto Alonso, el murciano José Miguel Monje, el ceutí Antonio Gaona, el melillense Diego Martínez, así como el vicepresidente de la RFEF, Suárez Santana. 

Auto de Santiago Pedraz

Según el auto que dictó en julio de 2017 el Juez Santiago Pedraz, la investigación conllevó, a petición del Ministerio Fiscal, la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas para esclarecer hechos punibles en el ámbito de la Real Federación Española de Futbol, Territoriales y organismos vinculados a ellos como la Fundación de la RFEF y la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija (MUPRESFE) «presumiblemente con conocimiento y consentimiento de los principales dirigentes de esos organismos». 

Pedraz añadía que «con la voluntad de enriquecerse y/o favorecer el enriquecimiento de terceros a costa del patrimonio de dichas asociaciones, se ha creado un entramado societario que, presumiblemente, ha permitido la desviación de fondos (tanto públicos como privados) de dichas asociaciones a sociedades vinculadas con ellos, estableciendo asimismo un clientelismo tanto en la contratación del personal, fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente o bien a través de familiares, y presumiblemente mediante la obtención de determinadas contraprestaciones por dichas adjudicaciones, con un claro incumplimiento de sus obligaciones como responsables de los fondos federativos y aprovechándose de los puestos que ostentan». 

El entramado societario habría conllevado un perjuicio para los organismos afectados, por adjudicaciones de servicios de manera «arbitraria» que han podido perjudicar al patrimonio federativo al estarse permitiendo «la desviación de fondos al patrimonio personal de los investigados o de terceros vinculados a ellos». 

Las actuaciones investigadas se habrían prolongado en el tiempo, al menos desde 2009, en el ámbito de todo el territorio nacional, y en algunos casos mediante el uso de documentación creada ex profeso para amparar dichas conductas. Recordaba el juez Pedraz que «la RFEF y las Federaciones territoriales son asociaciones que para el cumplimiento de sus fines participan de modo permanente en el mercado, con un gran volumen de operaciones que pueden suponer inmensas ventajas a la hora de contratar un producto y no otro, o un servicio y no el del competidor, que pese a ofrecer lo mismo y al mismo precio no acompaña la oferta de algún obsequio para el decisor de la contratación o compra». 

Y añadía en su auto que «queda indiciariamente determinado que estas prácticas que se producen mediante la atribución a una u otra mercantil de la contratación de determinados servicios o adquisición de productos, en algunos casos habrían llevado aparejadas la concesión de determinadas ‘recompensas‘ o incluso mediante el mero favorecimiento de personas cercanas ‘creando un clientelismo’ que perjudica a la libre competencia».