La OCDE considera crucial para la recuperación de la economía española mantener elementos de la reforma laboral de 2012 como la prevalencia del convenio colectivo de empresa sobre el sectorial, así como agilizar —e incrementar si fuera necesario— el desembolso de las ayudas directas a empresas.
Lo más importante: en su Estudio económico de España 2021, publicado este jueves, el organismo hace hincapié en este aspecto y en la necesidad de garantizar mecanismos de flexibilidad a las empresas para adaptarse a los efectos de la pandemia. En esta línea, recomienda promover procedimientos extrajudiciales de reestructuración de deuda para pymes —la mayoría del tejido productivo español— para evitar la liquidación injustificada de compañías viables con problemas coyunturales.
La OCDE señala que todavía hay mucha incertidumbre respecto a la evolución económica a corto plazo, aunque la aceleración del proceso de vacunación y el despliegue del plan de recuperación le han llevado a mejorar su previsión de crecimiento al 5,9% para 2021 y al 6,3% para 2022, respecto al pronóstico de marzo (5,7% y 4,8%, respectivamente).
Para respaldar la recuperación sugiere mantener una política fiscal expansionista (más gasto público) hasta que la recuperación esté encarrilada, prolongando las medidas de apoyo pero cada vez más enfocadas en las áreas problemáticas. Para cuando la recuperación se consolide, reclama una estrategia creíble de consolidación fiscal a medio plazo para corregir el elevado nivel de deuda pública.
La organización reclama dar prioridad a las reformas del plan europeo de recuperación que potencien el crecimiento a largo plazo, pero también ve necesario una absorción rápida de los fondos para apuntalar la recuperación a corto plazo. Asimismo, pide velar por la transparencia de los procedimientos y los criterios de inversión, ya que cree que la aplicación del sistema de gobernanza de los fondos «puede ser problemática».
En cuanto al mercado laboral, el estudio incide en que la pandemia ha afectado de forma desproporcionada a los trabajadores jóvenes, a los poco cualificados y a los temporales, ante lo reclama políticas activas de empleo más eficaces que permitan identificar demandantes de empleo en riesgo de convertirse en parados de larga duración. Recomienda simplificar los tipos de contrato y aclarar las condiciones en las que se puede recurrir al contrato temporal, como para empleo estacional o para formación, así como centrar los incentivos a la contratación en grupos vulnerables específicos. También ve preciso evaluar las repercusiones negativas que las «rápidas y acusadas» subidas del salario mínimo interprofesional han podido tener sobre el empleo de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados. Asimismo, dice que hay que asegurarse de que los trabajadores acogidos a ERTE en los sectores más afectados por la pandemia hagan un uso eficaz de su prioridad en materia de formación.
Dentro de desafío fiscal a largo plazo, la OCDE incluye la sostenibilidad del sistema de pensiones que cree que obliga a buscar medidas «socialmente aceptables» y recomienda vincular la edad legal de jubilación (67 años en 2027) con la esperanza de vida en el momento de la salida del mercado laboral. Además, propone desincentivar la jubilación anticipada incrementando el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra.
Para incrementar la difusión de la digitalización aboga por subsanar las deficiencias de la infraestructura digital pendientes y por mejorar la capacidad digital de empresas y ciudadanos con una mayor inversión en innovación y competencias. A este respecto, recomienda trasladar a la personas las subvenciones para la formación en el empleo, al menos parcialmente, o elaborar programas públicos de formación en el empleo dirigidos a trabajadores mayores y con baja cualificación, centrados en mejorar sus competencias tecnológicas.
