La Comisión Europea ha dado luz verde este miércoles al plan de ‘recuperación, transformación y resiliencia’ de España, lo que supone el primer paso para que el país pueda empezar a recibir 69.500 millones de euros en subvenciones durante el periodo 2021-2026. Ahora sólo falta el sí del Consejo Europeo, que llegará en un plazo aproximado de cuatro semanas.
Más detalles: se espera que los primeros 9.000 millones –que suponen el 13% de la cantidad total asignada para el país– lleguen a mediados de julio. El resto irán llegando a medida que España cumpla satisfactoriamente los hitos y objetivos marcados en el plan. El Gobierno aspira, con el plan presentado (y aprobado) a recibir un total de 140.000 millones: 70.000 millones en subvenciones (los que la Comisión ha aprobado) y otros 70.000 en préstamos.
Según ha comunicado Bruselas, el plan responde «de forma integral y adecuadamente equilibrada» a lo que Europa demandaba para poder acceder a los fondos de recuperación. Considera, en primer lugar, que el sistema de gestión y gobernanza de los fondos planteado por España es adecuado para proteger los intereses económicos de la Unión Europea (UE) y que el plan proporciona suficientes detalles sobre cómo las autoridades nacionales «prevendrán, detectarán y corregirán los casos de conflictos de intereses, corrupción y fraude relacionados con el uso de fondos».
La Comisión valora que las inversiones y reformas propuestas por España contribuirán a abordar eficazmente los retos estructurales del país y a fortalecer el crecimiento potencial y la creación de empleo, además de apoyar «las transiciones verde y digital». La evaluación constata que el plan dedica el 40% de su asignación total a medidas que apoyan los objetivos climáticos, por encima del 37% requerido, en tanto que el 28 % se destina a la transición digital, por encima del 20 % requerido.
Cita el ejemplo de los 6.100 millones para invertir en tecnologías limpias y acelerar el desarrollo y uso de energías renovables, o los 7.800 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y privados, así como el apoyo al vehículo eléctrico. También los programas para digitalizar la administración pública, la industria y las empresas.
Entre las reformas planteadas por España que Bruselas ha destacado figuran la reducción de la segmentación del mercado laboral entre trabajadores temporales y fijos, las mejoras en el ámbito de la educación o el apoyo y mejorar la políticas del mercado laboral.