El Gobierno rescató Plus Ultra sin investigar sus declaraciones fiscales

El escaneo estatal al que fue sometido la aerolínea Plus Ultra destapó que tenía «riesgos fiscales» por retenciones no practicadas e impuestos diferidos pendientes de comprobación. También deudas con la Seguridad Social, cuyo aplazamiento logró tras pedir el rescate. Pero eso no impidió que se bendijera su ayuda.

El 1 de septiembre de 2020, Plus Ultra presentaba su solicitud de rescate. Alegaba tener acreditado que estaba al corriente de sus obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social, requisito imprescindible para optar a tal ayuda.

El 12 de enero de 2021, la Agencia Tributaria emitió un certificado diciendo que Plus Ultra se encontraba al corriente de las obligaciones tributarias, pero el Gobierno era consciente de lo que significaba este documento. «Este certificado sólo acredita que las declaraciones de los impuestos correspondientes correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de noviembre de 2020 se han presentado. Sin embargo, este certificado no excluye la posibilidad de que la administración tributaria regularice la situación tributaria».

La traducción de tal hecho es que el Gobierno tramitó y concedió un rescate a Plus Ultra sin haber inspeccionado sus declaraciones fiscales. Y esto es ya grave cuando una empresa abona el impuesto de sociedades, pero el riesgo se incrementa cuando lo difiere y con cifras sustanciales (21 millones de bases imponibles negativas), como en el caso de esta aerolínea. Desde su creación en 2011, año tras año, venía presentando bases negativas.

Las propias cuentas que presentó Plus Ultra ya apuntaban tal escenario. El 31 de julio de 2020 aprueba las cuentas del 2019. Ese día rubrica que la empresa debe 1,4 millones a administraciones públicas, incluidas las de otros países. Declara que debe pagar 883.000 euros al fisco español por impuesto de sociedades, pero los clasifica como diferidos. Igual que hizo el año anterior con otros 675.000 euros. También consigna una deuda de ese ejercicio de 396.000 euros con la Seguridad Social. Incluso registra algún embargo de tal organismo.

La inspección estatal para comprobar la legalidad de su situación fiscal apuntó diversos interrogantes. A 31 de enero de 2020, «Plus Ultra tiene 20,4 millones de euros de BINS (Bases Imponibles Negativas) pendientes de compensar». La normativa tributaria permite que el contribuyente por el Impuesto sobre sociedades compense sus bases imponibles negativas autoliquidadas o liquidadas por la Administración tributaria con las bases imponibles positivas de periodos posteriores. Este derecho a compensar no tiene límite temporal, por tanto, se puede compensar hasta haber aplicado todas las bases imponibles negativas generadas. La compensación de bases negativas tiene en cada ejercicio económico un límite máximo a aplicar de 1 millón de euros.

Pero a Plus Ultra se le olvidó parte de la deuda fiscal diferida. Y en noviembre de 2020, tras pedir el rescate, informó a la Agencia Tributaria de que debía rectificar tal cifra. Había que sumar 1,1 millones más. No consta que Hacienda informase de su opinión sobre tal errata fiscal mientras se examinaba el rescate. La compañía sopesaba dejar de tener bases imponibles negativas en 2023, obviamente en un horizonte de ser rescatada.

La inspección estatal a la que fue sometido halló también otras acciones fiscales dudosas. «En relación con la Agencia Tributaria, existiría un riesgo fiscal por la no deducibilidad en el impuesto de sociedades del exceso de la remuneración satisfecha [al director general] en 2019 por importe de 52K [52.000 euros] (incluyendo, cuota, sanción e intereses)».

Existía otra presunta irregularidad. «Existe un riesgo fiscal probable por importe de 62.0000 euros (incluyendo, cuota, sanción e intereses) derivado de la falta de retención en los intereses satisfechos a Panacorp Casa de Valores SA, durante los ejercicios 2017 y 2018». Las cantidades abonadas no eran menores. Abonó 217.000 euros en 2017 y 518.000 euros en concepto de intereses a la financiera que le salvó de la quiebra en 2017 con un préstamo de 7,5 millones de dólares.

A esto se unía la deuda con la Seguridad Social. El 5 de octubre de 2020, meses después de presentar su solicitud de rescate, ese organismo le concedía un aplazamiento de la deuda acumulada entre julio de 2017 y mayo de 2020, que totalizaban 451.954 euros. Esta concesión estatal le permite obtener en enero de 2021, en vísperas de lograr el rescate, el certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. En realidad, solo ha pagado las tres últimas cuotas (noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021). Sigue debiendo lo correspondiente a 2017 y 2018 y medio año de 2019. Pero con el sello de aplazado.