El Gobierno vuelve a retrasar la Ley Audiovisual tras no llegar a un acuerdo con los independentistas

La Ley General de Comunicación Audiovisual española tampoco irá este martes al Consejo de Ministros, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos.

Esto significa que el cuerpo normativo que deberá regular las nuevas plataformas audiovisuales cumplirá un mes paralizado tras las protestas de los partidos independentistas que denunciaron la escasa sensibilidad del nuevo cuerpo legal con la lengua catalana.

Fuentes del sector consultadas por este diario indican que este nuevo retraso se produce tras no lograrse un pacto entre el PSOE y ERC y Junts en torno a las demandas de los socios independentistas del Gobierno.

Estas discrepancias se producen además en medio de las negociaciones para que el Ejecutivo saque adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 donde los votos de los partidos catalanes son fundamentales para aprobarlos.

De hecho, partidos como ERC han supeditado su voto a que se atiendan estas demandas, por lo que un nuevo retraso en la Ley Audiovisual es un precedente para la negociación de los PGE de 2022, que, según el Ejecutivo, debería estar aprobado antes de finales de año. Un plazo que se cumplirá en menos de tres meses. 

Netflix, en la Ley Audiovisual

Hace cuatro semanas, el Govern, ERC y Junts levantaron la voz exigiendo que se incluyesen en la Ley Audiovisual cuotas para doblar contenidos de las plataformas al catalán, ayudas a la producción en catalán y una tasa que se destine a la financiación de TV3.

Dicho en otras palabras, los partidos catalanes demandan que plataformas como Netflix, HBO o Disney+ se vean obligados por ley a destinar un mínimo de su producción realizada en España a contenidos en lengua catalana.

Este primer órdago de ERC y Junts al Gobierno pidiendo contenidos en catalán se produjo hace un mes y a pocos días de que el texto fuese aprobado por el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Asuntos Económicos a través de la Secretaría de Telecomunicaciones ya había completado todos los procesos formales, incluyendo dos audiencias públicas donde los principales actores del sector hicieron sus aportaciones.

Frente a esta disyuntiva, el Gobierno de Pedro Sánchez paralizó su aprobación y se comprometió a retocar la normativa, aunque todavía sigue sin dar noticias sobre el nuevo texto debido a la incapacidad para lograr un acuerdo con los partidos catalanes.

Advertencia de Bruselas

En el Ejecutivo consideran que deben ceder ante estas propuestas, pero quieren rebajar en la Ley final asuntos relacionados con las ayudas a la producción en catalán y a las televisiones autonómicas.

El problema es que la Ley Audiovisual española lleva un retraso de al menos dos años. De hecho, el pasado mes de septiembre la Comisión Europea lanzó un ultimátum contra el Gobierno. El plazo de transposición de la normativa europea vencía el 19 de septiembre de 2020, pero España sigue sin cumplir.

Si la Ley Audiovisual sigue sin estar aprobada, Bruselas podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y exponerse a multas que podrían superar los 10 millones de euros. De hecho, en febrero de este año El TJUE multó a España con 15 millones de euros por el retraso en la transposición de la Directiva de Protección de Datos.

En cualquier caso, el desacuerdo es solamente político ya que, según fuentes del sector consultadas por este diario, hay total sintonía entre las operadoras de telecomunicaciones por el contenido de la norma.

La nueva ley que fue revisada en segunda instancia obligará a plataformas de pago OTT como Netflix, HBO o Disney+ a abonar el 1,5% de sus ingresos anuales en España para financiar la televisión pública.

Inversión en 5G

Del mismo modo, las operadoras de telecomunicaciones que realicen despliegues de redes de 5G quedan exentas de la aportación directa del 0,9% que venían abonando desde hace más de una década en su condición de operadoras de telecomunicaciones.

No obstante, compañías como Telefónica, Orange o Vodafone seguirán financiando a través de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico, que se amplía a 480 millones de euros.