La factura conjunta de las pensiones y funcionarios se engrosará en 10.000 millones de euros adicionales el año que viene por la fuerte subida de la inflación, que según el dato avanzando adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) repuntó al 5,5% en octubre, máximo de 29 años. De este modo, las previsiones de IPC se mueven al escenario más adverso, manifiestan los economistas consultados por THE OBJECTIVE.
Gasto extra en pensiones
En el caso de las pensiones, el mayor desembolso en 2022 vendrá por dos vías: por un lado, por la revalorización de 2022 al IPC medio de 2021, tal como prevé el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Y, por otro, por la conocida como ‘paguilla’, una cantidad que se abona en febrero a los pensionistas para compensar la desviación entre la subida practicada en sus pensiones el año anterior y el alza de precios del mes de noviembre y que se pagará por última vez en 2022.
En el primer concepto, y según cálculos de Fedea, se asume que cada dos puntos de subida del IPC arrojan un gasto extra de 2.500 millones. Dado que las últimas previsiones, concretamente del servicio de estudios de Funcas, apuntan a una inflación media del 2,8%, la revalorización ordinaria de las pensiones alcanzaría los 3.500 millones de euros.
Por otra parte, aunque el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cifró recientemente el montante de la ‘paguilla’ compensatoria en 1.900 millones, el agravamiento sostenido de la inflación apunta a un nuevo cálculo basado en el IPC de noviembre, que Funcas sitúa en el 5% en el escenario central. De este modo, el Estado habría de añadir a la subida del 0,9% acometida en 2021 a las pensiones otra de 4,1 puntos, que apunta a 3.400 millones de euros extra.
Teniendo en cuenta que las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%, según el proyecto presupuestario, el gasto extra en jubilaciones y otro tipo de pensiones ascenderá al entorno de los 7.000 millones. De este modo, y tomando como referencia ‘proxy’ el deflactor del PIB que el Gobierno consigna en el proyecto presupuestario, el desajuste provocado por la inflación rondará los 2.000 millones de euros.
El caso de los funcionarios
En cuanto a los funcionarios, la subida contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado -que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero presentó al Congreso el pasado 13 de octubre- será del 2% lo que supone comprometer una alza en torno a los 3.000 millones de euros.
Un portavoz del sindicato de funcionarios manifiesta a THE OBJECTIVE el malestar del colectivo de empleados públicos, ya que «acumula una pérdida de poder adquisitivo del 10% desde 2010». En concreto, en 2021 la revalorización recibida del 0,9% se desacopla notablemente de datos de IPC como los actuales. Por tanto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se dispone a introducir enmiendas a los Presupuestos a través de los partidos políticos de la oposición.
En cualquier caso, los expertos advierten que el aumento de estas partidas debido a la inflación también tiene su traslado a los ingresos vía impuestos.
