El Gobierno aprobará por decreto la norma que permitirá a los editores negociar directamente con Google

El Gobierno español, a través del Ministerio de Cultura que dirige Miquel Iceta, ultima la transposición de la normativa europea sobre derechos de autor y su adaptación a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) española. En principio, según fuentes del sector han confirmado a THE OBJECTIVE, la idea es poder llevarla al Consejo de Ministros del próximo 2 de noviembre mediante un procedimiento de decreto ley.

Esta normativa permitirá que los editores de prensa digital puedan negociar de manera independiente sus derechos de propiedad intelectual con agregadores de contenidos como Google y Samsung. Hasta ahora solo el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) podía cobrar por estos derechos tras la implantación del polémico Canon Aede en 2014.

De esta manera, la norma se llevará por la vía rápida para tenerla aprobada lo antes posible, pero se salta procedimientos regulares como el de audiencia pública y el trámite en el Parlamento. El hecho de que se no se haya realizado una audiencia pública se traduce en que los cambios que el Ejecutivo haga a la LPI no han sido consultados de manera formal al sector ya que no se ha sometido ningún texto al debate de manera pública.

Esta modificación también estará fuera de cualquier debate parlamentario o modificación de los grupos políticos. La única posibilidad de hacer cambios es que durante su convalidación en el Congreso se vote a favor de que tramitarla como proyecto de ley, algo que no parece posible ya que PP, Vox y Ciudadanos no tienen mayoría para sacar adelante una proposición de estas características.

La idea es poder incluir en la LPI española dos artículos: el 15 y el 17. El primero reconoce el derecho de los editores de prensa y de los periodistas para gestionar sus derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad de ciertas plataformas de internet que facilitan el acceso a grandes cantidades de obras protegidas. Mientras que el artículo 17 pide «mayores esfuerzos» a las grandes plataformas para eliminar rápidamente el contenido más nocivo.

Presión de los editores

En el caso del artículo 15 otorga a los editores de publicaciones de prensa en toda Europa los derechos exclusivos para autorizar o prohibir la distribución y cesión de sus publicaciones a agregadores de noticias. Esta norma es, por tanto, contraria al Canon Aede que establece en el artículo 32.2 de la LPI el derecho irrenunciable de cobrar por sus contenidos y además obliga a la gestión colectiva de estos derechos en manos de un organismo determinado por la propia ley, en este caso Cedro.

Si se transpone directamente el artículo 15, la lógica indica que Cedro debería dejar de cobrar este canon, que quedaría en manos de los editores de prensa. Sin embargo, Cultura y Miquel Iceta se ha mostrado proclives a realizar una legislación intermedia que no deje completamente fuera de la ecuación a las entidades de gestión.

Fuentes consultadas por este diario indican que no es descartable que la redacción del nuevo artículo de la LPI Cedro tenga alguna participación pese a que los editores podrían cobrar por su cuenta su derechos.

Los grandes editores españoles con Prisa, Unidad Editorial, Henneo o Prensa Ibérica a la cabeza llevan meses presionando al Gobierno para que realice la transposición, elimine el Canon Aede y les entregue libertad de negociación. De hecho, todos ellos ya firmaron hace semanas contratos con Google para ceder sus derechos por varios millones de euros en conjunto.

Contratos que, sin embargo, no se podrían hacer efectivos hasta que desaparezca definitivamente el artículo 32.2. Es más, los editores de prensa han presionado precisamente para que esta tramitación se haga de manera exprés y así poner en marcha sus acuerdos con el gigante tecnológico cuanto antes.

Directiva europea

Respecto de este artículo 15, desde la patronal DigitalES se valora positivamente que se abogue por el reconocimiento del derecho conexo a favor de los editores de prensa junto con los periodistas y la responsabilidad de ciertas plataformas de internet que facilitan el acceso a grandes cantidades de obras protegidas. «Creemos que en línea con la actual legislación española se debe seguir manteniendo un level playing field que permita a ambas partes negociar en las mismas condiciones sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con los contenidos editoriales y de prensa», indican.

Respecto del artículo 17 agregan que se necesita mayor concreción sobre algunas cuestiones, por ejemplo, cuando se refiere a hacer «mejores esfuerzos». «Proponemos, en su lugar, establecer unas medidas específicas mínimas de obligado cumplimiento, estableciendo reglas diferencias en función de cómo funcione cada plataforma, en especial, si la gestión de contenidos por sus usuarios está vinculada a la generación de remuneración económica».

En segundo lugar, «siguiendo lo aprendido en la protección de los derechos de propiedad intelectual en España, creemos que habría que obligar a esas plataformas a cumplir no solo con obligaciones de notificación y retirada, sino también de no reposición», concluyen.

El Gobierno español tenía como plazo hasta el pasado 14 de junio para transponer la directiva europea sobre derechos de autor en el mercado único digital y, por tanto, decidir sobre el futuro del Canon Aede. En esta fecha expiró el plazo de dos años que la Unión Europea da a los estados miembros para adaptar la normativa comunitaria. Se expone a multas millonarias si no mueve ficha a la brevedad.