Las pequeñas comercializadoras independientes de energía están arañando clientes a las grandes eléctricas debido a la mayor presión competitiva, que se ha visto impulsada por la coyuntura creada por la COVID-19[contexto id=»460724″] y el encarecimiento de la electricidad en el mercado mayorista.
Según se desprende de los informes de resultados de Endesa e Iberdrola, ambas compañías han perdido un total de 230.000 y 70.000 clientes de electricidad desde enero hasta septiembre, respectivamente. En concreto, la compañía que dirige José Bogas cuenta con 10,17 millones de usuarios de luz a cierre del noveno mes, lo que supone una caída del 2,4% frente a todo 2020.
En el mercado regulado [clientes acogidos a la tarifa PVPC] registra 4,55 millones de clientes, un 3,8% menos, mientras que el liberalizado [energética y cliente pactan un precio fijo del megavatio hora] tiene 5,18 millones, un 1,8% menos.
Por su parte, la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán reporta 9,95 millones de clientes de luz, lo que se traduce en un descenso del 0,7% en comparación con los datos que presentaba a cierre de septiembre de 2020. Para conocer los datos de Naturgy habrá que esperar hasta el miércoles de la semana que viene cuando presente resultados.
Todos estos clientes recaen sobre las comercializadoras independientes, como son, por ejemplo, Feníe Energía, Factor Energía y Enara. De hecho, entre todos los socios integrados en la patronal, Acie, suman más de tres millones de clientes [cuatro si se tienen en cuenta también a los de gas]. También están integradas otras con más poder financiero como Acciona Energía, Repsol, Cepsa y BP.
Riesgo de quiebra
Otras sociedades como Holaluz alcanzan los 378.2020 clientes a 30 de septiembre de 2021, cifra que espera elevar hasta el medio millón para finales de 2023. Sin embargo, hay otras que no tienen tanta suerte y que están al borde de la quiebra.
Las comercializadoras tienen que presentar una serie de garantías para poder acudir al mercado mayorista (pool) y los elevados precios de la electricidad suponen una línea roja para muchas.
«Las comercializadoras que pueden verse más afectadas son las que tienen una mayoría de clientes con un precio fijo pactado durante un año. En este caso venden la energía a un precio fijo que pactaron hace meses cuando no se esperaba una subida tan alta del precio eléctrico diario», señala a THE OBJECTIVE el presidente de Acie, Javier Bescós.
«Las empresas se verán más o menos afectadas en función de su estrategia de compra de energía»
Bescós subraya que, en este caso, las empresas se verán más o menos afectadas en función de su estrategia de compra de energía. Añade que lo normal es que compren la energía en los mercados de futuro de unos o dos años para cubrir el riesgo o incluso cerrar contratos a largo plazo (PPA) a cinco o diez años con alguna planta generadora.
«Es difícil estimar la energía que consumirá tu cartera dentro de un año y llegar a cubrir exactamente el 100% del riesgo. La subida de precios le afectará más dependiendo de si la comercializadora compra en esos mercados de futuros un 50%, un 80% o un 95% de la energía que está entregando actualmente», matiza el directivo.
Respecto a las comercializadoras que tienen en su mayoría una cartera de clientes con contratos indexados [la subida del precio diario repercute directamente en los clientes como ocurre en el mercado regulado], apunta que no les afectará mucho el resultado del pool. No obstante, resalta que su margen bajará en comparación con su facturación y que tendrán cierto «estrés de caja al tener» que pagar primero la energía y luego cobrarla.
Competencia quiere que las garantías que deben presentar estas empresas no supongan una barrera para su entrada al mercado
En este contexto, el operador del mercado, Omie, ha propuesto un nuevo mecanismo para que los agentes compradores (comercializadores, consumidores directos) puedan anticipar total o parcialmente el pago de sus liquidaciones en el mercado, previo a la emisión de la nota de cargo semanal.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que dicha medida los libera de sus obligaciones de pago antes de la fecha de vencimiento de las facturas y reduce el volumen de garantías necesario para operar en el mercado. De este modo, esto busca garantizar que el sistema eléctrico no sufra quiebras y que las garantías no supongan una barrera para la entrada en el mercado de nuevas compañías.
En definitiva, la idea de Competencia es que se rebajen los periodos en los que operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), realiza las liquidaciones, que ahora son trimestrales. Todo esto busca acabar con los impagos y, al mismo tiempo, evitar que numerosas empresas se declaren en bancarrota como ha ocurrido ya en Reino Unido.
Otra opción que se está barajando es que las comercializadoras accedan a líneas específicas de crédito y avales públicos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
‘Guerra’ de precios entre las grandes
Hasta ahora, eran las comercializadoras independientes las que protagonizaban campañas y ofertas más agresivas, pero la subida descontrolada del precio de la electricidad en el mercado mayorista ha hecho que las grandes eléctricas también entren en la ‘guerra’ comercial.
A principios de septiembre, Naturgy lanzó una tarifa liberalizada que asegura un precio de pool de 60 €/MWh durante dos años, que pueden contratar tantos sus clientes actuales como nuevos, y que estén acogidos a la tarifa regulada o al mercado libre.
Endesa respondió días después mejorando la que denomina su ‘Tarifa Única’, que pasó a calcularse sobre 58 €/MWh y que se mantendrá fija y sin variaciones también durante dos años. Al igual que la de la compañía que preside Francisco Reynés, esta oferta es válida para consumidores de la PVPC y del mercado libre.
Por otro lado, Iberdrola tiene en cartera planes personalizados para evitar la volatilidad de precios. También van dirigidos a clientes con PVPC y en el mercado libre (menos de 10 kW de potencia) y garantizan una estabilidad de precios durante cinco años.
