La gran industria retrasa inversiones por un sobrecoste de 1.500 millones en la factura de la luz

Los consumidores industriales electrointensivos aseguran estar «asfixiados» por los altos precios energéticos y reclaman al Gobierno soluciones a corto plazo para mitigar el impacto en sus cuentas de resultados.

Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), la actual coyuntura de crisis energética está obligando a numerosas compañías a retrasar las inversiones que tenían previstas para la descarbonización de sus plantas como consecuencia de un «brutal incremento del coste de la factura eléctrica».

Aege integra a 26 empresas que facturan más de 20.000 millones al año y emplean a 186.000 personas

En concreto, la asociación, que integra a 26 empresas que facturan más de 20.000 millones al año, denuncia que el sobrecoste del suministro eléctrico para estas compañías será de 1.500 millones de euros frente a sus principales competidores europeos.

Aege pone de manifiesto que, a 31 de octubre, la industria electrointensiva española pagó 35 euros más por megavatio hora (MWh) que la alemana y 64 euros más que la francesa, es decir, un 135% y un 45% más, respectivamente.

«La situación de precios eléctricos que están sufriendo los consumidores industriales electrointensivos está poniendo en riesgo lo que debería haber sido el año de la recuperación, que amenaza ya con ser un calvario en 2022 por las consecuencias terribles que el cierre de fábricas tendría para el empleo en España», advierten desde la asociación.

Los costes eléctricos para este tipo de empresas, entre las que se encuentran Acerinox o AcerlorMittal, suponen el 60% del total de sus gastos. No obstante, el nivel de precios energéticos actual hace que se supere ahora el 75% y haga «inviable» la continuidad de algunas sociedades, «más cuando los futuros eléctricos indican que se mantendrán a un nivel similar en el próximo año».

Hay que recordar que entre la casi treintena de empresas que se integran en Aege suman más de 186.000 empleos [66.000 directos] y operan 75 plantas en España, que consumieron en 2020 el 10% de la demanda de electricidad peninsular.

«No llegan ofertas de contratos competitivos»

Por otro lado, la patronal denuncia que ninguno de sus asociados ha recibido ofertas de contratos bilaterales de las grandes eléctricas a precios competitivos, pese a la rectificación del Gobierno con la que quedaba exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo de antes del 16 de septiembre de este año.

«Esta situación presiona aún más a la industria electrointensiva, máxime cuando todavía no han sido retiradas alguna de las cartas que enviaron las eléctricas dominantes a los grandes consumidores industriales invalidando los PPAs (contratos a largo plazo) firmados antes del 14 de septiembre de 2021″, apunta la asociación.

Por su parte, Endesa ha informado a los analistas de que el precio en el que está vendiendo su generación propia de base (procedente de la energía nuclear, hidroeléctrica y renovable no regulada) se sitúa en 71 €/MWh, mientras que lo elevará a 76 €/MWh en 2022.

Iberdrola se comprometió a no subir precios siempre y cuando el Gobierno retirara Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, que incluía una minoración de los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales nucleares e hidráulicas en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.

«Medidas necesarias y urgentes»

Aege subraya que son «necesarias y urgentes a corto plazo» con las que la industria electrointensiva pueda hacer frente a los costes eléctricos el año que viene. «De otra forma, las consecuencias serán imprevisibles», afirma.

En este sentido, manifiesta que podría ser una solución las subastas del régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) que está estudiando el Ejecutivo. Sin embargo, considera que se deberían aprobar otras medidas regulatorias como la exención del 80% del peaje de transporte y la máxima compensación del CO2 indirecto que permite la Comisión Europea, estimada en 450 millones de euros para 2022.

«Evidenciada la nula reacción de las eléctricas dominantes a la petición del Gobierno, pese a las medidas aprobadas por este, las electrointensivas necesitan que el Ejecutivo adopte, con la máxima urgencia y sin ningún tipo de demora, medidas en el corto plazo para mejorar su competitividad. Está en juego la supervivencia de la gran industria básica española», insiste la patronal.