El Gobierno rectifica y rebaja el recorte de beneficios a las eléctricas

El Gobierno ha rectificado tras un mes lleno de polémica y finalmente ha rebajado el recorte de beneficios a las eléctricas por la generación nuclear e hidroeléctrica, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este martes, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que quedarán exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo de antes del 16 de septiembre de este año.

Además, estarán fuera los nuevos que también mantengan un precio fijo, mientras que si tienen indexado el precio al mercado, se minorará la parte proporcional. En los demás supuestos se aplicará la misma regla de minoración, según ha detallado Ribera.

THE OBJECTIVE ya avanzó este lunes que el Gobierno daría hoy el primer paso suavizar el pulso con las eléctricas mediante medidas que ayudarán a industrias y empresas a protegerse ante el alza de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, por encima de los 200 euros el megavatio hora. «Es un mensaje de paz a las eléctricas», señalan fuentes del sector.

Empresas como Iberdrola aseguraron que no subirían los precios a la industria si se corregía el actual Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, que incluye una minoración de los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales nucleares e hidráulicas en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.

No obstante, antes amenazó con revisar contratos e incluso con replantear inversiones en España si el Gobierno no daba marcha atrás. En total, las eléctricas habrían dejado de ingresar 2.600 millones de euros por esta norma. Iberdrola y Endesa son las dos compañías que habrían soportado la mayor carga.

Mayor control

Por otro lado, el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno incorpora mecanismos para lograr una mayor transparencia, y por tanto control, en la formación de los precios de la tarifa eléctrica. Según ha explicado la titular de Transición Ecológica, a partir de ahora habrá una obligación de informar de todas las condiciones de los contratos a clientes finales y de comunicar con un formato común y, al menos, con un mes de antelación cualquier eventual modificación en las condiciones de contrato.

Asimismo, todas las ofertas de las energéticas deberán estar disponibles al público en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De este modo, existirán nuevas obligaciones de información para reforzar la capacidad de supervisión sobre los mecanismos de formación de precios, tanto en contratos intragrupo como con terceros, incluida la cobertura financiera.

El Ejecutivo también ha aumentado los descuentos que ya se aplican al bono social eléctrico y al que se acogen 1,2 millones de hogares. Estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2022 y pasarán del 25% al 60% de forma general y del 40% al 70% para los casos severos. Por otro lado, se ha aprobado un cheque de 90 euros por hogar para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores vulnerables que ya se acogen al llamado bono social térmico.

España pierde apoyos en la UE

Todo esto se ha producido en el día en el que España ha trasladado a la Comisión Europea un nuevo documento de propuestas para hacer frente a la escalada de los precios energéticos y que el organismo comunitario ha rechazado.

En él plantea que en momentos «excepcionales» se permita abandonar el sistema actual de fijación de precios por otro basado en el coste de las energías renovables. Ha sido la la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, quien ha defendido las ideas de Transición Ecológica en la reunión de ministros de Energía que se ha celebrado en Luxemburgo.

Aagesen se ha referido a la propuesta de separar los precios en el mercado eléctrico en marginales e inframarginales, repercutiendo sobre los consumidores la parte proporcional de ambos.

Otra de las propuestas que quería aplicar España es la establecer un límite en el precio de las licitaciones de electricidad producida con gas natural, aunque esto requeriría una posterior «compensación» en el futuro, así como la creación de una plataforma para la compra conjunta de gas para establecer una reserva estratégica de este recurso y examinar la especulación en el sistema de comercio de emisiones de CO2.

Alemania, Países Bajos y otros siete países de la Unión Europea (UE) encabezaron ayer la lista de estados que rechazaron la medida promovida por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.