Endesa y Naturgy se desmarcan de Iberdrola en su guerra contra el Gobierno

Endesa y Naturgy han tomado una postura más comedida que Iberdrola en el pulso que mantiene el sector eléctrico con el Gobierno por el recorte de los beneficios caídos del cielo (wind fall profits, en inglés) que plantea la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha sido la única que ha replanteado sus inversiones en energías renovables en España calificando de «intervencionismo terrorífico» el Real Decreto-ley (RDL) 17/2021, de 14 de septiembre.

Entre otras medidas, el texto incluye una minoración de los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales no emisoras (nucleares e hidráulicas) en el mercado mayorista (pool), gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.

Según la cartera que dirige la vicepresidenta tercera, se les detraerá a las compañías unos 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo de 2022. En opinión de Sánchez Galán, la política energética del Gobierno crea inseguridad jurídica y, por tanto, no atrae a inversores.

Iberdrola, primera eléctrica del país y segunda del mundo, tampoco acudió a la segunda subasta de renovables que se ha celebrado este año en España alegando el mismo argumento: la incertidumbre regulatoria. Ese mismo día se comprometió ante el primer ministro británico, Boris Johnson, a una inversión en Reino Unido de 7.100 millones de euros en energía eólica marina.

Postura firme

En su reunión con Ribera, Sánchez Galán insistió en que la única vía que considera factible es acabar con el RDL. Además, puso el foco en la necesidad de que la minoración de ingresos de CO2, contemplado en el Anteproyecto de Ley que se tramita en el Parlamento, sea modificada.

Tras esto, la empresa ha mandado un órdago al Ejecutivo: se compromete a no subir los precios a la industria si se retira el RDL. De lo contrario, podría revisar contratos de grandes clientes con tarifas más elevadas.

Según cálculos de la compañía, la tasa sobre las energías no emisoras está suponiendo un «grave perjuicio» de 1.000 millones de euros mensuales para las empresas eléctricas españolas. Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica ya ha afirmado que habrá una corrección del texto en las «próximas semanas» y que el impacto será menor de lo previsto inicialmente.

Endesa, más moderada

De su lado, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, se ha mostrado más cauto. Según explican a THE OBJECTIVE fuentes conocedoras de la reunión entre Bogas y Ribera, el directivo ha trasladado a la ministra que las medidas aprobadas no solucionan el problema de los elevados precios de la electricidad en el mercado mayorista [más de 200 euros el megavatio hora], sino que, en su opinión, destruyen valor en un sector que es motor de crecimiento en la transición energética.

La compañía también fue más conservadora a la hora de justificar su no participación en la subasta de renovables. La empresa aseguró que su decisión se debió a que la subasta obligatoria de energía que contiene el RDL y su posición corta en producción respecto a la cartera de clientes [que les obliga a comprar en el pool] hacen que su estrategia esté orientada, «prioritariamente», a promover su propia generación con el fin de suministrar a largo plazo a sus clientes.

De su lado, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, pidió a la vicepresidenta tercera que la minoración prevista en el RDL no aplique a contratos a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) para clientes industriales firmados antes del 14 de septiembre.

Otro punto que Reynés consideró esencial es el que las medidas sean de carácter transitorio y que se asegure así que su aplicación solo sea durante seis meses. «De no ser así, esta incertidumbre hará imposible firmar ningún tipo de contrato o de PPA a largo plazo», dijo a Ribera.