Un informe cifra en decenas de miles las niñas sometidas a abusos sexuales en Reino Unido

Se le atribuye a Albert Einstein la frase que dice que «el mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por aquellos que los observan sin hacer nada». Con ella arranca el Rape Gang Inquiry Report, un demoledor informe promovido por el diputado Rupert Lowe que calcula que, desde los años cincuenta, 250.000 niñas blancas, la mayoría de ellas en situación de vulnerabilidad, han sido víctimas en Reino Unido de explotación sexual por parte de bandas predominantemente formadas por musulmanes pakistaníes (el 87% de los condenados).

La cifra, aunque pueda parecer exagerada, es una estimación plausible para el informe, que explica que esta red operó en 149 distritos, casi el 40% de Reino Unido, desde Escocia hasta el sur de Inglaterra, y que solo en Rotherham, una pequeña ciudad en el condado de Yorkshire del Sur, 1.400 niñas fueron violadas por pakistaníes, kurdos y kosovares durante 15 años (1997-2013). El primer caso se habría dado en Bradford en 1955. Aunque el informe no funciona como fuente académica –su autor, Rupert Lowe, es diputado independiente, fundador de Restore Britain, desde que fue expulsado hace 15 meses del partido Reform UK, de Nigel Farage—, sí que ayuda a entender la magnitud del escándalo, el mayor delito en tiempos de paz en la historia de la Europa moderna.

El documento incluye testimonios de víctimas, denunciantes, padres y expertos, y son de una crudeza extrema. Hablamos de violaciones grupales, torturas físicas y psicológicas, embarazos forzados y conversiones al islam bajo coacción. Entre los ejemplos más perturbadores, una víctima violada por entre 600 y 700 hombres en tres años, una niña de 12 años penetrada con una botella de whisky que se rompió dentro de su vagina u otra que fue violada por un perro mientras sus raptores apostaban sobre si penetraría su vagina o su ano, filmando la escena y obligándola luego a ver las imágenes.

Lo que describe el informe remueve la bilis e indigna cuando trata la inacción de las autoridades británicas, que lo sabían todo y miraron para otro lado. Policía, servicios sociales, ayuntamientos, sistemas de salud y escuelas recibían denuncias y las ignoraban, destruían pruebas o incluso arrestaban a las víctimas, como en el reciente caso de Henry Nowak, un joven asesinado por un sij en Southampton. El miedo a ser llamados racistas era más fuerte que el deseo de proteger a las niñas.

Hay relatos de niñas a las que se les dijo que eran «racistas» o que estaban «haciendo generalizaciones» cuando describían a sus agresores como hombres pakistaníes o asiáticos. En varios casos, en lugar de investigar la explotación, los servicios sociales o sanitarios se centraban en darles anticonceptivos, la píldora del día después o consejos de salud sexual, tratando a las niñas como si fueran «prostitutas voluntarias» o como si estuvieran simplemente «haciendo elecciones de estilo de vida».

El racismo existía, pero en un sentido opuesto al que creían las autoridades británicas: los perpetradores operaban bajo «un código basado en el honor y la vergüenza, que trataba a las niñas no musulmanas, especialmente a las blancas de clase trabajadora, como propiedad disponible para uso sexual», como ganado, en base a «ocho aspectos teológicos y legales del islam». Supremacismo antiblanco.

El informe señala a Keir Starmer, el primer ministro británico, quien, entre 2008 y 2013, era el director de Fiscalías (DPP) y jefe de la Crown Prosecution Service, la agencia que dirige investigaciones policiales. Durante su mandato, se emitieron más de 13.000 avisos de sustracción de menores relacionados con sospechosos de estas bandas. El Partido Laborista, en ayuntamientos y a nivel nacional, priorizó votos en las comunidades étnicas afectadas y evitó confrontar el patrón para no parecer racista o xenófobo.

Esta corriente de priorizar la corrección política a la verdad continuó con el gobierno de Starmer. En enero de 2025, los diputados laboristas votaron en contra de una enmienda conservadora que solicitaba una investigación nacional sobre las redes de explotación sexual infantil. Fue rechazada por 364 votos contra 111. Starmer y su gabinete se opusieron a la medida, desestimando la preocupación pública como una «provocación de la extrema derecha». 

Fue necesaria una presión externa constante, incluida la condenatoria Auditoría Nacional Casey, una revisión elaborada por la baronesa Louise Casey sobre las redes de explotación sexual infantil, la indignación pública, para forzar un cambio de rumbo en mayo de 2025. Aun así, el gobierno redujo la importancia de las investigaciones locales, y se informó que los planes para cinco revisiones separadas se abandonaron discretamente «para evitar ofender a los pakistaníes».

El informe tiene un eminente cariz ideológico, y contiene propuestas políticas concretas, pero los testimonios de las víctimas son tan graves que se convierte en una lectura obligada. Quienes silenciaron durante décadas decenas de miles de violaciones de niñas se rasgan ahora las vestiduras cuando ven manifestaciones antiinmigración en todas las ciudades de Reino Unido. Tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias.