Un tribunal falla a favor del Gobierno británico y avala la ilegalización del grupo Palestine Action

Un tribunal de apelaciones de Reino Unido ha fallado a favor este lunes del Gobierno liderado por el primer ministro Keir Starmer, catalogando la prohibición de Palestine Action como una medida «justificada» y «proporcionada». Los cinco magistrados han revocado un fallo de un tribunal inferior que declaraba ilegal la prohibición impulsada por la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, contra Palestine Action en virtud de la Ley Antiterrorista del año 2000.

Más de 700 personas han sido acusadas en virtud del artículo 13 de la citada legislación, que contempla una pena máxima de seis meses de prisión. Sus casos habían sido suspendidos a la espera de esta decisión del tribunal de apelación.

La jefa de la Judicatura en Inglaterra y Gales, Sue Carr, ha señalado durante la lectura del fallo que es «un error fundamental» pasar por alto el hecho de que Palestine Action «promueve abiertamente la violencia ilegal que equivale a terrorismo», según ha recogido la cadena Sky News.

«No es, como se afirma, un grupo de protesta de desobediencia civil de acción directa como las sufragistas, que opera de forma transparente y abierta. Es una organización encubierta que opera con células secretas para evitar la detección y el enjuiciamiento de quienes utilizan la violencia para destruir propiedades y causar lesiones», ha argüido.

En este sentido, ha afirmado que su objetivo era cerrar «negocios» considerados legales en Reino Unido, como «importantes empresas de infraestructura nacional y defensa, que prestan servicios y suministros para apoyar a Ucrania, la OTAN, la llamada alianza de los Cinco Ojos» –Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos– y el sector de defensa británico.

Carr ha indicado así que Palestine Action «no es un grupo de protesta de acción directa transparente y no violento», ya que busca «causar daños a la propiedad» a la empresa de defensa israelí Elbit y «otras empresas que operan legalmente en Reino Unido».

Entre las razones para sostener el fallo, alega el «pánico» entre el personal de las empresas de seguridad, que dijeron «temer por su seguridad» ante la posibilidad de que los activistas lanzasen «fuegos artificiales y bombas de humo» contra sus lugares de trabajo.

Catalogada de «terrorista»

La defensa de la cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, ha argumentado ante la corte que se podían haber llevado a cabo «muchas medidas alternativas» para limitar las actividades del movimiento antes que catalogarla directamente de «terrorista».

Ammori ha afirmado en redes sociales que apelarán la decisión ante el Supremo y recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario. «Esto no es una derrota. Palestine Action fue efectivo en perturbar la industria armamentística israelí, por lo que el Estado nos lanzó toda su fuerza. Al hacerlo, han expuesto cómo priorizan al régimen sionista sobre sus propios ciudadanos», ha dicho.

La magistrada ha leído el fallo mientras decenas de personas se congregaban en los alrededores de la corte. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha indicado en un comunicado que el tribunal finalmente ha determinado que Palestine Action «ha perpetrado actos de terrorismo, ha ensalzado a quienes han participado en dichos actos y ha promovido el uso de la violencia».

«Esta decisión no afecta a la protesta legítima en apoyo de la causa palestina, que sigue siendo un derecho democrático fundamental. Existe una diferencia entre apoyar a Palestina y apoyar a un grupo terrorista ilegalizado», ha sentenciado.

«No es un grupo de protesta»

Así, ha precisado que «no es un grupo de protesta o desobediencia civil ordinario, y sus acciones no son compatibles con los valores democráticos ni con el Estado de derecho». «Siempre adoptaremos las medidas más contundentes posibles para proteger nuestra seguridad nacional y garantizar la seguridad pública», ha indicado.

Palestine Action fue ilegalizada en julio de 2025 tras irrumpir en la base de la Fuerza Aérea en Oxfordshire, Inglaterra, y vandalizar dos aviones militares en respuesta al apoyo de Starmer al Gobierno de Israel en el marco del «genocidio» que sus fuerzas están llevando a cabo en la Franja de Gaza.

Cuatro activistas de Palestine Action fueron condenados por causar destrozos a bienes de la empresa israelí Elbit y enfrentarse a varios guardias de seguridad y agentes tras asaltar una planta de fabricación de armamento ubicada en la ciudad de Bristol en agosto de 2024.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional ha denunciado que su caso sea «utilizado como ejemplo» y que se busque «sentar un precedente sobre cómo podrían ser tratados en el futuro los manifestantes que participan en acciones directas».

«Una de las herramientas más eficaces»

«Los daños a la propiedad nunca antes habían sido tratados como terrorismo dentro del sistema judicial de Reino Unido, y es peligroso equiparar ambas cosas. Todos deberíamos preocuparnos por lo que esto significa para otras personas que emprendan acciones directas para protestar contra un genocidio o cualquier otra cuestión», ha indicado, insistiendo en que el derecho a la protesta es «una de las herramientas más eficaces» para exigir responsabilidades a los dirigentes.

Amnistía señala la «continua represión» al derecho de protesta en Reino Unido, incidiendo en que la pena es «completamente desproporcionada». «Debe ponerse fin al uso de las leyes antiterroristas contra quienes participan en acciones directas de protesta», ha subrayado.