El 'caso Zapatero', en manos de Bolaños: Justicia decidirá si frena las pruebas de EEUU

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha cursado una petición ante el Ministerio de Justicia para que haga las gestiones pertinentes ante Estados Unidos encaminadas a validar las pruebas obtenidas en 2021 del teléfono de Rodolfo Reyes, uno de los accionistas de la aerolínea Plus Ultra. De ese dispositivo salieron algunas de las pruebas clave que cercan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta influencia —con pagos de por medio— en la obtención del rescate público de 53 millones de euros. La petición judicial para poder usar esas pruebas en el proceso se efectúa a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional de la cartera de Bolaños, un trámite que permitiría al Gobierno retrasar o incluso paralizar la validez de esas pruebas alegando que existen dudas sobre si ese volcado vulneró el derecho fundamental de Rodolfo Reyes a la inviolabilidad de sus comunicaciones, afectando a las garantías procesales de Zapatero. Extremo que ya ha planteado la defensa del expresidente.

La Audiencia necesita que EEUU autorice el uso de los mensajes procedentes de ese volcado como prueba. Sin ello, la información que le extrajeron a Reyes durante un tránsito por el aeropuerto de Miami en 2021 podría no tener validez probatoria durante un hipotético juicio al expresidente Zapatero. Las pruebas fueron aportadas el pasado mes de febrero por el Homeland Security Investigations (HSI) de EEUU, una de las agencias norteamericanas que persiguen delitos como el blanqueo de capitales a nivel global. La colaboración se canalizó a través de la Interpol y en el proceso participó también la embajada estadounidense en Madrid.

Este proceso, sin embargo, puede presentar serias complicaciones para el juez instructor. Según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, en la Audiencia Nacional existe el temor a que el Gobierno pueda intentar controlarlo e incluso boicotearlo, al tener que pasar de forma necesaria por el filtro del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños.

Tal y como explican las fuentes consultadas, este tipo de petición de soporte judicial internacional es puramente burocrático y el órgano de Justicia que lo tramita se limita a enviar la documentación remitida por el instructor al país de destino. Pero la normativa interna que regula el papel de esa subdirección englobada en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, a cargo de una fiscal de carrera, permitiría al Gobierno interferir en el proceso si, llegado el momento, se apreciase que la prueba solicitada se ha obtenido vulnerando algún derecho fundamental de un ciudadano español, o que puede afectar a la tutela judicial efectiva o las plenas garantías procesales de este.

En síntesis, las dudas que puede plantear la Justicia se basan en cómo se obtuvo la información del volcado del teléfono móvil de Reyes, si se le comunicó, si se realizó bajo mandato judicial, si los programas informáticos utilizados para el volcado constan de las pertinentes garantías periciales, si los agentes que lo realizaron están capacitados para ello y si la cadena de custodia de las pruebas se ha guardado correctamente durante los cinco años que los indicios estuvieron almacenados por parte del HSI y la administración de Justicia estadounidense. Muchos condicionantes sobre los que el Gobierno puede plantear dudas al proceso. «Es muy poco habitual que esto ocurra, pero la carga política de este caso es evidente y no es para nada descartable», explican a TO fuentes judiciales.

Movimientos de Zapatero y Moncloa

De hecho, tal y como apuntan, la defensa de Rodríguez Zapatero ya ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que plantea exactamente esas mismas dudas sobre la validez de las pruebas. Por ello, solicitan al juez instructor que remita a Estados Unidos un listado de cuestiones para aclarar todas las cuestiones planteadas en el anterior párrafo de esta información. La Audiencia deberá dar trámite a esa petición si no se quiere arriesgar a que la defensa de Zapatero, experta en derecho procesal, pueda plantear la nulidad de la instrucción o de las pruebas en la fase de juicio oral.

Cabe recordar que el Gobierno ya ha tomado decisiones controvertidas sobre este caso. Por ejemplo, apartar a la juez de enlace española con la justicia de Suiza y Francia, países clave en la investigación, ya que de ahí partieron las pesquisas sobre la red de blanqueo formada por individuos relacionados con Plus Ultra, como es el caso de Rodolfo Reyes, que se suponen piezas clave en el entramado para mover buena parte de los 53 millones de euros del rescate público a la aerolínea, por el que habrían cobrado una comisión tanto Zapatero como sus hijas a través de su agencia de comunicación Whathefav.

Las pruebas de EEUU

Estados Unidos remitió a la Audiencia Nacional las conversaciones intervenidas a Rodolfo José Reyes Rojas, principal accionista de Plus Ultra, en las que el empresario venezolano hablaba de su «pana Zapatero». Las grabaciones se realizaron en 2021 bajo el mandato de Joe Biden, pero permanecieron en poder de las autoridades estadounidenses durante cinco años antes de ser trasladadas a España. Estas grabaciones se han convertido en una de las piezas centrales que han llevado a la imputación del expresidente del Gobierno en el marco del caso Plus Ultra.

El envío de este material no se produjo de forma espontánea, sino como respuesta a una petición concreta de Interpol. La organización había activado una notificación internacional que obliga a todas las instituciones con información relevante a colaborar, en relación con la orden de detención internacional emitida contra Reyes Rojas por un presunto delito de blanqueo de capitales. Según la reconstrucción del caso, fue el 17 de marzo cuando el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dictó la orden de detención internacional contra el empresario, y a partir de ese momento HSI remitió las grabaciones al tribunal español.

No es una venganza de Trump

Lo que ha generado controversia es el desfase temporal en la entrega del material. Las grabaciones no llegaron hasta 22 días después de que Interpol activara su notificación internacional, margen que ha despertado suspicacias sobre los motivos y el momento elegido para el traslado. A esto se suma el contexto político: el Partido Socialista y el Gobierno han denunciado que el envío pudo haberse realizado por iniciativa propia de las autoridades estadounidenses en un momento de tensión entre la Administración de Donald Trump y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que ha dado pie al Ejecutivo a alimentar la sospecha de que el calendario de la entrega no fue casual, sino que respondió a un cálculo político de Washington hacia el Gobierno español por su posición, dicen, contraria a la campaña bélica contra Irán.

El procedimiento judicial previo añade otra capa al asunto. El 6 de marzo, investigadores de la Policía remitieron a la entonces instructora del caso, la jueza Esperanza Collazos, un correo en el que advertían de que Interpol había reactivado la solicitud de detención preventiva para extradición de Reyes Rojas, en una causa vinculada a peticiones rogatorias remitidas por las autoridades de Francia y Suiza por un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate de Plus Ultra. Posteriormente, cuando el juez Calama asumió la causa, la jueza reenvió ese correo informando del compromiso formal de presentar la demanda de extradición de Reyes Rojas, que tiene doble nacionalidad venezolana y española.

Objetivo: juicio nulo

Frente a este escenario, la defensa de Zapatero ha pasado a la ofensiva cuestionando la validez del material recibido. El expresidente ha pedido al juez que reclame a Estados Unidos más información sobre cómo se obtuvo el volcado del teléfono móvil que lo incrimina para aclarar el origen exacto y el método de obtención de la prueba antes de que pueda ser utilizada plenamente en su contra. La estrategia legal apunta directamente a poner en duda la legitimidad del proceso que llevó esas grabaciones desde un dispositivo intervenido en EEUU hasta convertirse en prueba de cargo en la Audiencia Nacional.

El núcleo de la polémica jurídica, en definitiva, gira en torno a dos cuestiones que la propia defensa de Zapatero ya ha planteado: la legalidad de la consecución de esta prueba y la cadena de custodia de las grabaciones durante los cinco años que permanecieron en manos de las autoridades estadounidenses. Si se determinara que la obtención del material vulneró garantías procesales o derechos fundamentales del expresidente —por ejemplo, si el acceso al dispositivo se produjo sin las autorizaciones judiciales equivalentes a las exigidas en España—, la defensa podría argumentar que se trata de prueba ilícita y solicitar su nulidad, lo que tendría un impacto directo sobre la solidez de la imputación que actualmente pesa sobre Zapatero en el caso Plus Ultra.