Interior instruye a la Policía para que dé más credibilidad a las mujeres que a los hombres

El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska propone varios desequilibrios en cuanto a la igualdad que se les presupone a hombres y mujeres ante las fuerzas del orden público. A través de una guía elaborada por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, Interior obliga a sus agentes a diferenciar entre el sexo biológico y el género de las mujeres, invita a dar presunción de inocencia a las féminas frente a los varones en posibles casos de violencia de género y presiona para encontrar indicios de este tipo de violencia intrafamiliar pese a que las primeras versiones de estas no señalen en dicha dirección.

Para la cartera de Interior, hay que diferenciar entre sexo y género, el cual hay que entender «como construcción social» y «artificial», derivada de «estereotipos y mitos» que han provocado que las mujeres fueran consideradas «ciudadanas de segunda». En su guía también sostiene que «un delito de odio motivado por el género que sufre la mujer por el mero hecho de serlo tiene como causa desencadenante la desigualdad de género», una expresión, la de «por el mero hecho de serlo», que aparece repetida en distintos pasajes.

En el apartado dedicado a la actuación policial, el documento establece que la intervención con estas víctimas «es completamente diferente a aquella otra que debe realizarse con cualquier víctima de otro tipo delictivo» y enumera diversas situaciones que, según la guía, pueden producirse con frecuencia: «No quiere denunciar»; «cuenta los hechos sin reacción emocional asociada»; «se bloquea y tiene dificultad para recordar detalles importantes»; «se siente culpable por ser la causante del hecho delictivo» o «no sabe lo que es un proceso penal ni su alcance». Estos delitos tienen una consideración especial para la cartera de Marlaska, por lo que requieren de un protocolo especial y diferenciado de todos los demás.

La guía recuerda que en determinados supuestos «es comprensible el silencio inicial de estas víctimas y que al final se deciden a contar lo ocurrido, sin que este proceso pueda mermar en modo alguno la credibilidad de las víctimas», una formulación que puede interpretarse como una invitación a no considerar determinados elementos que, en otros procedimientos, podrían influir en la valoración de los testimonios. Desde esta perspectiva, estas conductas, como la ausencia de denuncia inicial o las dificultades para relatar los hechos, dejan de ser analizadas con los mismos parámetros que en otros tipos de delitos.

Por este motivo, «es fundamental intentar que la víctima aporte detalles» y añade que «dado que los elementos fácticos que integran la agravante de género en ocasiones no serán detectados por la víctima, habrá que intentar formular las preguntas adecuadas o reformularlas». En otras palabras, los policías deben ser insistentes a la hora de conseguir indicios que apunten a un presunto delito de violencia de género, incluso cuando este no haya sido señalado por la denunciante. Una actuación proactiva, ya que «los elementos obtenidos en la declaración policial son conditio sine qua non para lograr una sentencia favorable a tal efecto».

Discriminación implícita a las mujeres trans

Uno de los aspectos más llamativos de la guía del Ministerio del Interior es la diferenciación expresa que realiza entre los conceptos de sexo y género. El documento sostiene que «’sexo’ y ‘género’ son dos conceptos completamente distintos» y precisa que «el ‘sexo’ hace referencia a aspectos biológicos y fenotípicos de una persona y, por su parte, el ‘género’ se refiere a una construcción social».

La guía añade que, «de manera tradicional, el género se ha asumido de forma automática en relación con las características sexuales de la persona» y que ello ha supuesto «la asunción de una serie de características y capacidades, que son los roles o estereotipos de género». Según el texto, «el género es una construcción artificial» basada en «estereotipos y mitos que no son reales», que históricamente han contribuido a que las mujeres fueran consideradas «sujetos de peor o inferior clase: en definitiva, ciudadanas de segunda».

Asimismo, el documento incorpora la definición recogida en el Convenio de Estambul, según la cual por «género» deben entenderse «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres».