Interior destituye al comisario del Senado tras «no proteger» a Sarah Santaolalla de Vito Quiles

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, notificó este jueves al comisario especial del Senado, Julián Leandro Puente Martín, su destitución fulminante de la institución por «pérdida de confianza», según se recoge en la resolución a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La destitución se hizo efectiva con efectos inmediatos este viernes 12 de junio. El motivo alegado en el documento ha sido «la forma de ejercer la responsabilidad del mando y liderazgo por el actual titular», recogida en un informe psicosocial realizado a instancias de la Subdirección General de Recursos Humanos, dirigida por la comisaria Gemma Barroso, después de las quejas de algunos subordinados por la situación de «acoso, estrés y malestar generalizado» que motivaron sendas denuncias de los sindicatos policiales SUP y UFP.

Sin embargo, lo que se evidencia en los documentos oficiales del expediente, y que explica el entorno del afectado a este periódico, es que se trata de un «cese político» basado en un «informe prefabricado» que ha servido como coartada para destituir al comisario jefe del Senado, a quien «se le han vulnerado sus garantías de defensa porque no ha sido llamado a declarar en ningún momento» por parte de la Dirección General de la Policía, ni por los sindicatos policiales, en el marco de la investigación interna que se abrió a raíz de la denuncia de los sindicatos policiales.

Desde que se presentó el 1 de octubre de 2025, la denuncia «durmió en un cajón» hasta el 11 de marzo de 2026, cuando la unidad de prevención de riesgos laborales de la Policía remitió un oficio a la Subdirección de Recursos Humanos. El contexto entre estos dos hechos no es casual. Tras cinco meses de inacción, se reactivó la denuncia apenas una semana después del incidente en la cámara alta tras la participación de Sarah Santaolalla en un acto organizado por los socialistas. A su salida, la tertuliana televisiva fue abordada por el reportero Vito Quiles en la Plaza de la Marina, la entrada principal del Senado.

Según se recogió en las cámaras de seguridad del Senado, el reportero fue zarandeado por un grupo de personas cuando este se aproximó a preguntarle a la colaboradora de TVE. Entre esas personas se encontraban algunos senadores socialistas como Rocío Briones, que iniciaron una campaña de presión contra Vito Quiles en redes sociales. Santaolalla denunció posteriormente lo ocurrido, asegurando haber sido víctima de acoso y agresión, después de que el PSOE asumió su versión de los hechos, pese a no tener soporte documental en las grabaciones que se aportaron posteriormente a la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Jefatura Superior de Policía. El portavoz del Senado, Juan Espadas, declaró al «señor Quiles» ese mismo 3 de marzo «persona [non] grata [ahí]» y anunció que «[irían] con toda la ley para que este señor asuma su responsabilidad».

«El director general quiere cesarte»

Según las fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE, el grupo socialista elevó una queja al Ministerio del Interior porque «la Policía no nos ha defendido bien». Como consecuencia de ello, las fuentes policiales consultadas revelan que el Jefe de División de Operaciones y Transformación Digital, Pedro Prieto, comunicó al comisario jefe, Julián Leandro Puente, a los pocos días: «El director general quiere cesarte». Ocurrió a los pocos días del incidente: «Piden tu cabeza por lo de [sic] Sara Santaolalla». El comisario jefe del Senado ni siquiera estuvo presente en la tarde de los hechos, siendo el mando a cargo el subinspector del Senado, quien incluso antes de la presunta agresión, recibió la llamada del jefe de Sala del servicio telefónico 091 preguntándole si necesitaba una Unidad de Intervención Policial (UIP), a lo que la respuesta del mando, en contexto de absoluta normalidad en las puertas del Senado y sin pleno en la cámara, fue: «¿Para qué?».

Esta es una de las evidencias, según estas fuentes policiales, de que se trató de una «operación orquestada». Cuando tres días después, la jueza Sonia Agudo denegó el 6 de marzo medidas cautelares, entre las cuales figuraba una orden de alejamiento para Vito Quiles, las comunicaciones recibidas por el comisario jefe confirmaron que se iba a reactivar la denuncia sobre acoso laboral que dormía en un cajón.

El archivo de la denuncia presentada por la tertuliana contra Quiles dos meses después frustró la posibilidad de servir de enganche para ejecutar la decisión previamente tomada. En el mes de mayo, el Tribunal de Instancia de Madrid acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones y concluyó de forma categórica que los hechos denunciados no eran constitutivos de infracción penal alguna. La instrucción fue desestimada tras el exhaustivo análisis de las pruebas periciales y videográficas.

Pocos días después, trascendió públicamente la investigación interna sobre acoso laboral en la Comisaría Especial del Senado, ubicada en la Cámara Alta, y las denuncias de agentes que habían presentado contra él en el sindicato Unificado de Policía SUP. Como publicó entonces este periódico de fuentes conocedoras de los hechos, el presunto acoso del responsable de la Comisaría Especial del Senado contra sus subordinados llegó hasta el punto de desplegar determinadas conductas vejatorias delante de cargos públicos de la Cámara alta. «Él no se corta a la hora de reprimir u hostigar a un policía aunque esté un senador delante», revelaron entonces a THE OBJECTIVE.

No se presentan cargos contra él

Fue entonces cuando se airearon públicamente los escritos de las organizaciones sindicales, que habían permanecido ocultos durante cinco meses y que vieron la luz apenas 15 días después del incidente entre Quiles y Santaolalla, tal y como fue alertado el comisario del Senado. En las denuncias a las que tuvo acceso este diario, sostenían que el clima laboral es «consecuencia directa de los patrones conductuales y el estilo de liderazgo nocivo ejercido por el jefe de la unidad». El sindicato SUP decía haber documentado ya «graves atropellos» contra los derechos de los trabajadores, entre ellos, el castigo a agentes «con cambios de puesto de trabajo» por «disfrutar de un permiso de paternidad» o ataques a la salud laboral y a mujeres embarazadas, con la «retirada de sillones de la sala de descanso, sustituyéndolos por sillas rígidas». 

Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos supuestamente documentados, no se ha procedido a la judicialización de los hechos presuntamente delictivos por atentar contra los derechos de estos trabajadores. Ni se presentan cargos contra él ni se le suspende de empleo y sueldo, protocolo previsto para situaciones de extrema gravedad. De hecho, en la resolución de notificación del cese a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se comunica que se procede a su cese como comisario jefe del Senado y se le nombrará coordinador zonal adscrito a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Además, el tenor de los hechos recogidos en la denuncia del SUP se alinea a la perfección con los recogidos en la resolución: «Dicha solicitud tiene su fundamento en las circunstancias y hechos relatados en el Informe de la Jefatura de la División de Operaciones y Transformación Digital, remitido a la Dirección Adjunta Operativa, en el que se expone que, en los últimos tiempos, el ambiente laboral en la Comisaría Especial del Senado se ha visto seriamente afectado por la forma de ejercer la responsabilidad del mando y liderazgo por el actual titular, el Comisario de Policía Nacional D. Julián Leandro Puente Martín, lo que se ha puesto de manifiesto en el informe técnico elaborado por el Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales con ocasión de la realización de la evaluación de riesgos psicosociales de dicha Comisaría Especial».